Los comercios que ya aceptan tarjetas de crédito “prepagas” a sus clientes para realizar pagos serán seguramente desde marzo, pero especialmente desde agosto del año que viene más permeables a aceptarlos. Y aquellos que no lo hacían aún tal vez deban comenzar a meditarlo.
Es que los plazos de cobro de las ventas canceladas con estos medios de pago, que hasta aquí les ingresaban recién a los 18 días hábiles de realizada la venta, pasarán a ser acreditados a las 48 horas desde el 1° de marzo próximo para los comercios encuadrados como micro y pequeñas empresas (MiPymes) y a partir del 1° de agosto de 2025 de manera general.
La comunicación oficial de la medida la hizo la Secretaría de Industria y Comercio, destacando un trabajo conjunto al respecto con el Banco Central (BCRA).
Allí señaló que se intenta “modernizar los medios de pago, mejorar la transparencia de las operaciones y proteger los fondos de los comercios” optimizando el poder adquisitivo de los fondos de las personas.
“Es devolverle la naturaleza a un instrumento de pago que, hoy en día, debita el dinero al comprador al momento del consumo, pero realiza el pago a los comercios alrededor de un mes después”, explicaron. Pero también procura potenciar “el capital de trabajo de los comerciantes”, acotan.
El universo de tarjetas de crédito prepagas, un mercado dominado principalmente por la marca Mastercard, creció sostenidamente en los últimos años, en consonancia con el auge de las denominadas Fintech.
Los últimos datos, correspondientes a septiembre, muestran por caso que durante ese mes se efectuaron 42.272.160 operaciones con tarjetas prepagas en el país, por un total $616.645 millones. De ese total, casi un 84% (35.077.085 transacciones por $438.743 millones) correspondieron a plásticos emitidos por “billeteras”.
El total de operaciones con prepagas es un 18% en cantidad respecto de las operaciones con tarjeta de débito, porcentaje que cae al 13,4 % en montos, toda vez que son tarjetas que el usuario debe tener precargadas.
Desde el Gobierno señalaron que la disposición del BCRA “busca simplificar procesos, normalizar la economía y reducir el costo de la burocracia para comerciantes y consumidores que se traslada a precios”.
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