Trump refuerza las acciones migratorias: envía más tropas a la frontera y llegan a México los primeros deportados

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump reforzó las acciones migratorias al suspender el programa de reasentamiento de refugiados, el envío de 1500 tropas activas a la frontera con México -según revelaron funcionarios- y la orden de procesar a funcionarios locales que no colaboren con las deportaciones masivas, en un paquete de medidas que intensifica su postura contra la inmigración ilegal.

Estados Unidos despachará hasta 1500 soldados activos a la frontera sur en los próximos días, anunciaron el miércoles funcionarios del gobierno, impulsando planes detallados en las órdenes ejecutivas que firmó Trump poco después de asumir el cargo. Se espera que el secretario de Defensa en funciones, Robert Salesses, firme las órdenes de despliegue el miércoles, pero no queda claro por ahora qué efectivos o unidades irán, y la cifra podría fluctuar.

Actualmente, hay 2200 soldados desplegados como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta-Norte, con base en El Paso, Texas, cuya misión incluye tareas logísticas como ingreso de datos, monitoreo y mantenimiento de vehículos. Aún no se han confirmado las nuevas unidades enviadas. Además, Operación Lonestar, liderada por la Guardia Nacional de Texas, cuenta con 4500 efectivos en la región.

En tanto, la suspensión del programa de reasentamiento de refugiados está incluida en una orden ejecutiva firmada el lunes por Trump y deja abierta la posibilidad de que personas que habían realizado el largo proceso para ser aprobadas como refugiados, que habían recibido permiso para entrar a Estados Unidos y que tenían pasajes reservados antes de esa fecha, podrían aún entrar al país.

Pero en un correo electrónico revisado el miércoles por The Associated Press, la agencia norteamericana que supervisa el procesamiento y la llegada de refugiados informó al personal y a los interesados que “la llegada de refugiados a Estados Unidos ha sido suspendida hasta nuevo aviso”.

Entre los afectados se encuentran más de 1600 afganos autorizados para reasentarse en Estados Unidos como parte del programa que la administración Biden estableció después de la retirada norteamericana de Afganistán en 2021.

Ese número incluye a aquellos que trabajaron junto a soldados norteamericanos durante la guerra, así como a familiares de personal militar norteamericano en activo.

La orden de Trump había dado a la agencia hasta el 27 de enero antes de comenzar a detener todo procesamiento y viaje. Ahora, sin embargo, parece que la fecha fue adelantada.

No estaba inmediatamente claro qué provocó el cambio. Los refugiados se distinguen de las personas que llegan directamente a la frontera entre Estados Unidos y México con el objetivo de eventualmente solicitar asilo en Estados Unidos.

Los refugiados deben estar viviendo fuera de Estados Unidos para ser considerados para el reasentamiento y generalmente son referidos al Departamento de Estado por las Naciones Unidas. Ellos pasan por un extenso proceso de evaluación antes de venir a Estados Unidos. Una vez en Estados Unidos, generalmente son emparejados con una agencia de reasentamiento que les ayuda a adaptarse a la vida en el país. Esto incluye ayuda para encontrar un trabajo y matricular a sus hijos en la escuela.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia anunció el miércoles que procesará a funcionarios locales que no colaboren con la aplicación de las leyes de inmigración, lo que podría generar una fuerte reacción de grupos de defensa legal y de líderes en ciudades y estados gobernados por demócratas.

Como parte de estas acciones, se ordenó también a los fiscales federales de todo el país investigar y, potencialmente, enjuiciar a estos funcionarios, en línea con los planes del presidente para implementar la mayor campaña de deportación masiva en la historia de Estados Unidos, según un documento obtenido por The Washington Post.

“La ley federal prohíbe a los actores estatales y locales resistirse, obstruir o incumplir de otro modo las órdenes y solicitudes legales relacionadas con la inmigración”, establece el memorándum, cuyo autor es Emil Bove, el vicefiscal general en funciones, designado por Trump.

El memorándum, fechado el martes, señala una postura agresiva sobre las políticas de inmigración de línea dura de Trump por parte del Departamento de Justicia y plantea la perspectiva de cargos penales para aquellos que puedan interferir.

Dice que los funcionarios estatales y locales que se resistan u obstruyan la aplicación de la ley de inmigración podrían ser acusados en virtud de las leyes federales que prohíben defraudar a los Estados Unidos o albergar a inmigrantes que están en los Estados Unidos ilegalmente.

Si los fiscales optan por no presentar cargos penales tras esas investigaciones, deberán alertar a la dirección del Departamento de Justicia, según el memorando.

La declaración también restableció una política que se remonta al primer gobierno de Trump, que ordena a los fiscales acusar delitos de inmigración que podrían desencadenar la pena de muerte o sentencias mínimas obligatorias.

Bove dijo a los empleados del Departamento de Justicia que la directiva es una forma de hacer cumplir la avalancha de órdenes ejecutivas que Trump firmó sobre inmigración ilegal en su primer día en el cargo.

Un grupo de deportados llegó el martes por la noche a Tijuana tras ser arrestados en posibles redadas de la nueva administración de Donald Trump. Algunos mencionaron que fueron detenidos mientras trabajaban en Denver, Colorado, y Oregón.

En total, unas 100 personas, incluyendo migrantes de otros países, habrían sido deportadas, de las cuales The Associated Press presenció la llegada de 70. Según cifras oficiales, en 2024, más de 500 mexicanos fueron deportados diariamente en promedio.

“Hoy nos deportaron. Nos agarraron trabajando. Cuando entró Trump nos arrestaron”, dijeron al diario mexicano El Universal anoche tras salir del inmueble con papeles en mano y su pulsera que los identifica como deportados.

En una noche fría, con menos de 7°C, los hombres cruzaron el puente fronterizo caminando tras bajar de camiones que se encontraban estacionados en San Diego.

Algunos de ellos llevaban maletas, cajas, comida y pequeñas bolsas como equipaje. Según los testimonios recopilados de personas deportadas el domingo, aún bajo el mandato de Joe Biden, las autoridades migratorias no permiten que los detenidos lleven consigo más pertenencias personales que las que tenían al momento de su detención.

“Esto está perjudicando gravemente a la gente trabajadora”, reclamaron en referencia a Donald Trump.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó la instalación de nueve nuevos centros de atención en la frontera para recibir a los repatriados, además de los ya existentes en Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. También mencionó que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una conversación formal sobre migración y seguridad, calificándola como “cordial y productiva”.

El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso de ofrecer atención humanitaria a los migrantes antes de facilitar su retorno voluntario a sus países de origen.

El presidente Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, firmó 26 decretos en su primer día, varios de los cuales afectan directamente a inmigrantes y refugiados. Entre las medidas más controversiales se encuentra la eliminación de la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, una decisión que enfrenta múltiples demandas en tribunales federales y que podría llegar a la Corte Suprema.

Además, el Departamento de Seguridad Nacional emitió directivas que autorizan a ICE y CBP a realizar arrestos en áreas sensibles, como iglesias y escuelas, y puso fin a programas humanitarios que permitían la entrada temporal de migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Las políticas también afectan a miles de solicitantes de asilo en México, quienes esperaban obtener un permiso de residencia en Estados Unidos mediante la aplicación CBP One, ahora suspendida para revisión. Estas medidas han generado pánico entre comunidades vulnerables, especialmente niños que temen la separación familiar.

Trump también envió un mensaje desafiante a la Unión Europea, amenazando con imponer aranceles para corregir “desequilibrios comerciales”. En cuanto a Rusia, advirtió sobre una nueva ronda de sanciones si no negocia con Ucrania el fin de la guerra.

Agencias AP, AFP y Reuters