El lunes 16 de abril de 2012, en las oficinas de la torre de Repsol en el madrileño Paseo de la Castellana creían que iba a ser un día más antes del anuncio de la estatización de la petrolera. Pero no, esa tarde hubo cadena nacional y la medida estaba sobre la mesa. En esas horas, en uno de los pisos más altos del edificio, este cronista preguntó por qué habían decidido vender las acciones a un grupo encabezado por un empresario que no tenía la billetera con tantos ceros como para quedarse con el 25% de las acciones de la empresa más grande de la Argentina. “Estamos en un negocio regulado, en un país donde el gobierno regula todo. Vino el presidente [Néstor Kirchner] y nos dijo que el elegido era él ¿Qué opción se le ocurre que tenemos?“, contestó el alto ejecutivo.
Era el fin de una historia de crecimiento meteórico que lo llevó a Enrique Eskenazi a pasar de tener un puñado de bancos provinciales, entre ellos el de Santa Cruz, y una constructora, también activa en esa provincia, a manejar con su gente y sin poner prácticamente nada de dinero la poderosa petrolera, ahora estatal. Tan impuesto fue el nombre por el regulador argentino que la vendedora, la española Repsol, mencionó aquella virtud en su comunicado de compra en 2008. “Es un experto en mercados regulados”, escribió la compañía cuando narró aquel hecho relevante a las Bolsas donde cotizaba. En criollo, le hablaba al oído a Kirchner. Y más en lunfardo aún: eran prácticamente la misma persona.
Formalmente, aquella operación empezó a tomar cuerpo el 7 de marzo de 2008, cuando Eskenazi tomó el management de la empresa. Un mes antes, se había depositado parte del precio y ya se habían cobrado dividendos. Pero más allá de las formalidades, a partir de ese día, Grupo Petersen empezaría a tallar en las decisiones de la petrolera YPF, después de haber adquirido inicialmente el 14,9% del paquete accionario. A eso se sumaba una opción para llegar al 25%, porcentaje que obtuvo con el tiempo.
En aquel mediodía, la compañía celebró una asamblea de accionistas en la que el grupo comandado por Enrique Eskenazi colocó por primera vez sus hombres de su confianza en las sillas del directorio de la petrolera. Empezaron las horas de Sebastián Eskenazi, hijo de Enrique, socio de la empresa que compró YPF, como uno de los principales ejecutivos de la petrolera.
Todo fue pactado entre Buenos Aires y Madrid, con la mirada atenta de la Casa Rosada de Kirchner. Se había pactado en el Acuerdo de Accionistas, uno de los documentos que se firmaron el 21 de febrero de 2008, cuando se efectivizó la compra en Madrid.
Así las cosas, Petersen se hizo cargo la gestión de la empresa. Tan alto estaba la familia comandada por Enrique, que a su hijo Sebastián reportaba al hasta entonces número uno de la gestión local, el español Antonio Gomis.
Del Acuerdo de Accionistas se desprendía un dato clave para vislumbrar lo que fue el futuro de la empresa. En el artículo 5.3.1. decía: “Las partes acuerdan que el presidente del directorio no ejercerá en ningún caso las funciones de gerente general o CEO de la compañía”. El presidente del directorio, desde entonces sin funciones ejecutivas, no era otro que Antonio Brufau. En una jugada, Enrique demolió a uno de los empresarios aún más poderosos de España. Jaque mate de Néstor.
De acuerdo con los datos que surgen de los contratos publicados en los entes reguladores en Internet, el grupo pagó por el 14,9% de YPF con el dinero que le prestaron los bancos Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs e Itaú (US$1018 millones) y la propia Repsol (US$1015 millones). El resto se canceló con un dividendo de US$201 millones, que se abonó pocos días después de la firma de la venta y que se cedió a la empresa española.
Además del ingreso de Sebastián, las partes acordaron algo más: Enrique Eskenazi sería nombrado vicepresidente, pero, a diferencia del hijo, no tendría funciones ejecutivas.
El nuevo directorio pasó de 13 directores a 21. Por el Grupo Petersen -que logró cinco lugares, como si ya hubiesen hecho en ese momento del uso de la opción por el 10% adicional de las acciones- ingresaron como directores Enrique Eskenazi y tres de sus hijos: Sebastián, Matías y Ezequiel.
Eran épocas de millones, lujosos despachos y helicópteros. Enrique, hoy fallecido, se convirtió en un verdadero rey de los negocios. El poder kirchnerista le rendía pleitesía y los empresarios lo miraban con asombro. Llegar a una empresa sin poner dinero.
Sucede que aquel préstamo de algo más de US$1000 millones se pagaba con lo que generaba la empresa, ya que se hizo un esquema de retiro de dividendos impensado: 9 a 1. El 90% se distribuía; el resto, se invertía. Así, con dinero propio se pagó el crédito. De hecho, fue inmediato: cuando Cristina Kirchner estatizó la firma, el Grupo Petersen inmediatamente se fue a la quiebra, en Madrid.
Justamente de esa quiebra deriva el expediente que tramita en Nueva York y en que la Argentina está condenada a pagar US$16.000 millones.
El tiempo pasó y el Grupo Petersen perdió a su padrino. Néstor murió y la relación no fue la misma con Cristina. Los españoles aún recuerdan una reunión en la que Sebastián Eskenazi discutió con la expresidenta. Pero jamás imaginaron que las consecuencias de aquel día los llevarían a perder la mitad de sus reservas probadas.
Aquel lunes de abril de 2012, en el Paseo de la Castellana ya tenían la información de que “la señora” había pedido salir en cadena nacional. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se había encargado de que se enterasen por una vía indirecta. Se prepararon para el anuncio. Mientras la entonces presidenta recitaba el discurso, los principales ejecutivos de Repsol, en Madrid, y sus hombres de confianza en Buenos Aires mantenían una teleconferencia. En la imagen porteña que se reproducía en España empezaron a verse pantalones y zapatos que caminaban detrás de un vidrio esmerilado. Desde Madrid preguntaron quiénes eran. “Vinieron a echarnos”, contestaron desde Puerto Madero. Era Sebastián. Sólo quedó empacar y marcharse.
Fueron cuatro años intensos, impensados para un banquero de provincia. Enrique murió a los 99 años. El juicio que se originó de la estatización, por la venta de los derechos de la familia Eskenazi amenaza con mantener la memoria viva de aquel empresario, especialista en mercados regulados.
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