Un arsenal tecnológico impulsa las medidas migratorias de Trump

Aplicaciones y monitores de tobillo que rastrean en tiempo real a los solicitantes de asilo vayan donde vayan.

Bases de datos repletas de información personal, como huellas dactilares y rostros.

Herramientas de investigación que pueden acceder a teléfonos bloqueados y buscar entre gigabytes de correos electrónicos, mensajes de texto y otros archivos.

Todas son piezas de un arsenal tecnológico a disposición del presidente Donald Trump en su intento de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos.

Para ello, su gobierno puede recurrir a un arsenal de herramientas creado por demócratas y republicanos que casi no tiene parangón en el mundo occidental, según un análisis de The New York Times.

Un análisis de casi 15.000 contratos muestra que, desde 2020, dos organismos ─el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés)─ le han comprado un total de 7800 millones de dólares en tecnologías relacionadas con la inmigración a 263 empresas.

Los contratos, la mayoría de los cuales se iniciaron bajo el gobierno de Biden, incluían algunos para herramientas que pueden demostrar sin demoras las relaciones familiares con una prueba de ADN para comprobar si, por ejemplo, un inmigrante adulto que cruza la frontera con un menor están emparentados (otros sistemas comparan los datos biométricos con los antecedentes penales, alertan a los agentes de cambios de domicilio, siguen a los autos con lectores de matrículas y extraen y analizan datos de teléfonos, discos duros y vehículos.

Los contratos, de diversa cuantía, se referían tanto a tecnología de uso rutinario, como servicios telefónicos, como a herramientas avanzadas de empresas grandes y pequeñas.

Palantir, una empresa que provee herramientas de análisis de datos cofundada por el multimillonario Peter Thiel, recibió más de 1000 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Venntel, que provee datos de localización, obtuvo siete contratos con el ICE por un total de al menos 330.000 dólares entre 2018 y 2022.

El gobierno de Biden utilizó muchas de estas tecnologías para la aplicación de la ley de inmigración, incluso en investigaciones sobre tráfico de drogas, contrabando humano y actividad de bandas transnacionales.

Se desconoce cómo puede aplicar Trump estas herramientas, sobre todo porque se sabe el paradero de muchos inmigrantes y el gobierno se enfrenta a una escasez de funcionarios e instalaciones para detenerlos.

Pero Trump ya ha dejado claro que su programa de inmigración es sorprendentemente diferente del de su predecesor.

La semana pasada anunció un aluvión de medidas ejecutivas para cerrar las fronteras y expulsar a los inmigrantes y solicitantes de asilo.

“Se detendrá de inmediato todo ingreso ilegal y comenzaremos el proceso de regresar a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, anunció Trump en su toma de posesión del lunes.

Es casi seguro que los productos tecnológicos figuren en esos planes.

Thomas Homan, zar de fronteras de este gobierno, ha hablado de reunirse con empresas tecnológicas para hablar de las herramientas disponibles.

“Sin duda utilizarán todas las herramientas a su disposición, incluida la nueva tecnología de la que disponen”, dijo John Torres, ex secretario adjunto en funciones del ICE.

Un portavoz de la Casa Blanca declinó hacer comentarios.

El ICE declaró en un comunicado que “emplea diversas formas de tecnología e información para cumplir su misión, mientras protege la privacidad y los derechos y libertades civiles de acuerdo con las leyes aplicables”.

La acumulación de tecnología para cuestiones relacionadas con la inmigración se remonta al menos a la creación del Departamento de Seguridad Nacional tras los atentados del 11-S.

El interés por estas herramientas alimentó un auge que se espera que aumente con Trump.

Los dirigentes de Europa y otros países también están invirtiendo en estas tecnologías, ya que algunos adoptan políticas migratorias cada vez más restrictivas.

Muchas empresas se apresuran a satisfacer la demanda y ya ofrecen equipos para fortalecer las fronteras y servicios para rastrear a los inmigrantes una vez que están dentro de un país.

En Estados Unidos, entre los beneficiarios figuran los fabricantes de dispositivos de localización GPS, herramientas forenses digitales y corredores de datos.

Palantir y otras empresas consiguieron contratos con el ICE para almacenar y analizar datos.

Thomson Reuters, Lexis Nexis y empresas de calificación crediticia proporcionan acceso a bases de datos de información personal que pueden ayudar a los agentes del gobierno a encontrar los domicilios, lugares de trabajo y conexiones sociales de ciudadanos y no ciudadanos por igual.

Clearview AI, una empresa de reconocimiento facial, tenía contratos por un valor de casi 9 millones de dólares, según los registros del gobierno.

Cellebrite, una empresa israelí de intervención telefónica, le vendió al ICE unos 54 millones de dólares en herramientas de investigación.

Trascendió que el FBI utilizó las famosas herramientas de Cellebrite en 2016 para desbloquear el iPhone de un francotirador masivo en San Bernardino, California, para ayudar en la investigación.

Los inversionistas tomaron nota.

El precio de las acciones de Geo Group, un operador privado de prisiones que le vende tecnología de vigilancia al ICE, se ha más que duplicado desde que Trump ganó las elecciones de noviembre.

De igual modo, las acciones de Cellebrite casi se han duplicado en los últimos seis meses, y las de Palantir han subido casi un 80 por ciento.

Según los expertos, una tecnología que puede utilizarse de inmediato en las deportaciones masivas puede identificar la ubicación exacta de los inmigrantes.

Alrededor de 180.000 inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso legal tienen que usar una tobillera con un dispositivo de localización GPS, o utilizan una aplicación llamada SmartLink que los obliga a registrar su paradero al menos una vez al día.

La tecnología, fabricada por una filial del Grupo Geo, se utiliza en un programa llamado Alternativas a la Detención.

El programa comenzó en 2004 y se amplió durante el gobierno de Biden para vigilar digitalmente a las personas en lugar de recluirlas en centros de detención.

Los datos de localización recabados mediante el programa se han utilizado en al menos una redada del ICE, según un documento judicial revisado por el Times.

En agosto de 2019, durante el primer mandato de Trump, agentes gubernamentales siguieron la localización de una mujer que estaba siendo rastreada como parte del programa.

Eso ayudó a los agentes a obtener una orden de registro de una planta procesadora de pollos en Misisipi, donde las redadas en todo el Estado dieron lugar a la detención de unos 680 inmigrantes con una situación legal incierta.

El gobierno de Trump también tiene acceso a bases de datos privadas con datos biométricos, direcciones y antecedentes penales.

Los agentes pueden obtener los registros de las facturas de servicios públicos de aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses y los permisos de conducir de una tercera parte de ellos, según un estudio de 2022 de la Universidad de Georgetown.

Estas herramientas podrían utilizarse para rastrear a las personas que figuran en los primeros puestos de la lista de prioridades del ICE, como las que tienen antecedentes penales o las que no se presentan a las audiencias de los tribunales de inmigración.

Los investigadores podrían utilizar las bases de datos para averiguar los datos del automóvil de una persona y utilizar lectores de matrículas para localizarla.

Durante el primer mandato de Trump, el ICE pudo acceder a los datos de las licencias para conducir a través de empresas privadas en estados como Oregón y Washington, incluso después de que el estado trató de limitar el acceso a la información al gobierno federal, según el estudio de Georgetown.

Torres, el ex funcionario del ICE, dijo que esta información era fundamental para que los agentes pudieran encontrar a las personas.

“Sabemos que la gente da direcciones falsas”, dijo.

Los agentes pueden utilizar “grandes cantidades de datos compartidos para triangular su localización basándose en los hábitos”.

Esto ha suscitado inquietudes sobre la privacidad.

“Los daños a la privacidad pueden parecer teóricos sobre el papel, pero nunca son teóricos para las personas vulnerables que están en primera línea”, afirmó Justin Sherman, investigador distinguido del Centro de Privacidad y Tecnología de la Facultad de Derecho de Georgetown.

Algunos expertos en inmigración han cuestionado hasta qué punto puede utilizar esta tecnología el gobierno de Trump.

Algunas herramientas son más pertinentes para investigaciones específicas, no para deportaciones generalizadas, dijo Dave Maass, director de investigaciones de la Electronic Frontier Foundation, un grupo de defensa de las libertades civiles.

“Lo que compran y lo que es realmente útil pueden ser cosas totalmente distintas”, explicó Maass.

En cualquier caso, dijo, las empresas tecnológicas “van a ganar mucho dinero”.

Metodología: The New York Times analizó los datos de contratos gubernamentales de usaspending.gov. Los datos abarcaban el gasto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración desde 2020 hasta la actualidad. El Times filtró los datos a los contratos relacionados con la tecnología, utilizando la información del destinatario y la descripción del contrato. Para calcular el gasto total y el número total de empresas tecnológicas, el Times tuvo en cuenta el dinero que se había gastado, no solo el prometido.

c.2025 The New York Times Company