Tras los roces, la UIA recibe a Caputo con un guiño sobre la batalla oficial por los impuestos

Luego de los roces de fin de año por la competitividad, el ministro de Economía, Luis Caputo, encontró lugar en su agenda y visitará la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) la semana que viene. Todavía no hay un día confirmado, pero la realización de dicho encuentro ya fue anunciado por la principal central fabril del país, que, a su vez, como un guiño al ministro, se sumó a la batalla contra los impuestos provinciales y las tasas que cobran los municipios.

“La industria del juicio por accidentes laborales le cuesta al sector más de $200.000 millones al año”, cuestionó la UIA. Mientras Chile tiene menos de 6 juicios cada 10.000 trabajadores, la Argentina llega a 114. “El aumento de los juicios, pese a la reducción de los accidentes, incrementa las alícuotas de las ART”, agregaron en un comunicado los empresarios que participaron de la Junta Directiva de la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja.

“Se dialogará sobre los ejes de agenda para fortalecer la competitividad industrial”, informaron en la UIA sobre Caputo luego de la realización de la tradicional reunión de los martes.

Durante 2024, distintos sectores industriales cuestionaron que “la cancha estaba inclinada” en su contra al compararse -en un contexto de atraso cambiario- con las importaciones, rubro en el que el Gobierno introdujo varias simplificaciones y reducciones de costos, tales como la eliminación del impuesto PAIS o los cambios con el courier. En ese sentido, la UIA apoyó uno de los pedidos que Caputo le hizo a las provincias y municipios para aliviar la carga tributaria.

En redes sociales, el ministro de Economía alertó sobre Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales. De hecho, escribió que “sería muy importante” que los bajen. Luego devino la polémica entre la provincia de Santa Fe por la suba de IIBB a los servicios financieros, cuya alícuota escaló del 5% al 9%, y la oleada empresaria de respaldo a la baja de la carga fiscal, encabezada por Mercado Libre y respaldada por el Grupo de los Seis, al que la UIA pertenece.

A propósito de las tasas municipales, el sector industrial expresó que “se han convertido en impuestos que no cuentan con prestaciones equivalentes a sus costos”. Asimismo, en el caso de IIBB describieron que “la alícuota del sector industrial está determinada por ley en 1,5%, su aplicación ‘en cascada’ puede llevarla a valores que oscilan entre el 3% y 9%”. En consecuencia, esgrimieron que esos porcentajes luego se trasladan a los precios.

Un relevamiento realizado por el estudio Lisicki, Litvin y Asociados enumeró que IIBB subió en seis provincias. Como ejemplo, utilizaron a la provincia de Buenos Aires, donde producto de la no actualización de las escalas a partir de las cuales se empieza a tributar el impuesto, las empresas pagan “un 25% más por la venta de servicios y un 40% más para el que comercializa bienes”. Desde la administración bonaerense comentaron que eso se debe al revés que sufrió en la Legislatura local el proyecto de Ley Impositiva que la gestión Kicillof había diseñado.

En el comunicado, la UIA también hizo referencia a una “preocupación” expresada por representantes sectoriales y regionales motivada por “el estancamiento en la actividad industrial en un marco de crecimiento de costos y tensiones comerciales a nivel global”. Es un guiño a la política proteccionista que comenzó a aplicar el gobierno de los EE.UU. con la llegada de Donald Trump y que contrasta con el aperturismo de Javier Milei.

Otro punto relevante que abordó la central fabril es la licitación por la concesión de la Hidrovía, que ha sido centro de polémica. Tal cual adelantó LA NACION, le hicieron llegar al Gobierno una serie de observaciones sobre el pliego. Tanto es así que la UIA reconoció en su comunicado que “en los últimos días se solicitó a la Agencia Nacional de Puertos, extender los plazos de la licitación de la Vía Troncal”.

Esta cuestión de los plazos está vinculada a la fecha de apertura de sobres con las ofertas que competirán en esta licitación, la cual está prevista para el 12 de febrero. La compulsa busca otorgar la responsabilidad de dragado y balizamiento, y concesión de la Vía Navegable Troncal, también conocida como Hidrovía.

En la UIA entienden que es una cuestión “trascendental”, ya que por allí circula el 80% de las exportaciones e importaciones, y su estado, así como también las tarifas que se pagan para trasladar los productos, impactan en competitividad y logística. Del otro lado del mostrador, quien vaya a ganar la licitación se quedará con un negocio cuya facturación anual oscila entre US$200 millones y US$410 millones.

Previo a eso, el Consejo Portuario Argentino (CPA), organización que reúne a los puertos argentinos, ya había expresado en una nota enviada a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sus “observaciones que se oponen a la regularidad” de la licitación. En esa carta, enumeró argumentos para solicitar “suspender inmediatamente el procedimiento licitatorio en curso”.

Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que los aludidos planteos son opiniones sobre las que el Ejecutivo no tiene pensado comentar. Asimismo, aseguraron que el proceso licitatorio continuará y que el 12 de febrero tendrá lugar la apertura de sobre con las ofertas.

Uno de los puntos en los que más énfasis hizo el CPA es la falta de un estudio ambiental actualizado de la Hidrovía. Según detalla el análisis del pliego realizado por la organización que nuclea a los puertos argentinos, dicho estudio data de 2011 y habría sido realizado por los anteriores administradores de la vía navegable, Emepa y Jan de Nul. Esta última compañía podría presentarse para quedarse con la licitación.

En ese punto yace una de las mayores objeciones que le señalan al pliego. La información técnica del río fue suministrada por una de las interesadas en ganar la licitación. Sus competidoras esgrimen que debiera hacerse un estudio ambiental más exhaustivo, actual y, en efecto, extender el plazo para presentar ofertas.

Este asunto ya escaló a instancias judiciales. Por ejemplo, una de las empresas interesadas en el pliego, la belga Dredging Internacional (DEME) presentó una cautelar en la Justicia para extender los plazos. En paralelo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la confección del pliego. Tiempo atrás, cuando la gestión de Alberto Fernández había intentado lanzar una licitación similar en la Hidrovía, la PIA había lanzado un dictamen en el que había observado falencias y la compulsa quedó anulada.

Otras objeciones ponen el foco en que la concesión para el dragado y balizamiento sea a 30 años, el manejo de la tarifa y la falta de previsibilidad en la gestión de la vía navegable. “Tenemos la certeza de que en este lapso van a ocurrir cambios estructurales muy importantes en el mundo del comercio marítimo”, había dicho a LA NACION Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA),

En otro orden de temas, la UIA solicitó la conformación de cuerpos médicos forenses y la reconfiguración de los costos de las pericias asociadas a los accidentes de trabajo, para que sus montos no estén asociadas a la incapacidad detectada sino al servicio prestado.