Esta columna fue publicada originalmente en Americas Quarterly. El autor es abogado y constitucionalista venezolano.
NUEVA YORK.- El presidente norteamericano, Donald Trump, ha anunciado una ambiciosa agenda para América Latina, como sus planes de imponerle aranceles a México, reformar la política fronteriza e inmigratoria de Estados Unidos, y la posible recuperación del control del Canal de Panamá. Pero si hablamos de Venezuela, los hechos recientes sugieren que Trump dejaría de lado las políticas agresivas –conocidas como estrategia de “máxima presión– que adoptó durante su primera presidencia.
En una muestra de pragmatismo hacia Venezuela, Richard Grenell, el enviado de Trump para “misiones especiales”, se reunió con Nicolás Maduro el 31 de enero en Caracas y cerró un acuerdo que garantiza la liberación de seis ciudadanos estadounidenses encarcelados por el régimen chavista. Al mismo tiempo, Grenell parece haber fijado los términos para la repatriación de venezolanos que viven en Estados Unidos –incluidos miembros de la pandilla Tren de Aragua–, mientras el gobierno de Trump avanza con la revocación del Estatus de Protección Temporal para los inmigrantes venezolanos.
Al día siguiente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) renovó automáticamente la licencia general #41 que le permite a la Corporación Chevron operar en Venezuela. Inicialmente concedida en 2022, esa licencia es una fuente de financiamiento esencial para el régimen de Maduro, y desde 2023 tiene una cláusula de renovación automática de no mediar una decisión en contrario.
Tal vez esa secuencia de hechos sea coincidencia, pero la gente de la política entiende que las cosas pasan por alguna razón. Por más que la reunión en Caracas no implique que el gobierno de Trump reconozca a Maduro como legítimo presidente de Venezuela, sus primeras medidas parecen priorizar los objetivos de corto plazo y sugieren el anhelo de aplicar una nueva estrategia de máxima presión “atemperada”. Los objetivos más elevados –por ejemplo, ayudar a Venezuela a recuperar la democracia– ahora parecen haber quedado en pausa, revelando la necesidad de adoptar una política realista.
Sin embargo, ese pragmatismo podría chocar con la política de licencias petroleras. Si bien los acuerdos iniciales con Grenell exigen que Maduro modere su accionar autoritario, las licencias petroleras ensanchan la espalda financiera del régimen venezolano sin supervisión ni rendición de cuentas. Ahora que Maduro arranca su espurio tercer mandado, después de una elección controvertida y su asunción del 10 de enero, el gobierno de Trump podría tener que tomar una decisión crucial en lo que refiere a Venezuela y las implicancias de la actual crisis para toda la región.
La política de Estados Unidos hacia Venezuela parece reducirse a dos caminos posibles. Una opción es mantener las licencias petroleras, que según algunos mejoraría las condiciones económicas en Venezuela y disuadiría una nueva migración masiva de venezolanos, que se sumaría a la diáspora sin precedentes que ya vive el hemisferio occidental.
La otra opción implica revisar la política petrolera y adoptar una postura más estricta con Maduro y sus adláteres. La Casa Blanca podría elegir cancelar la licencia de Chevron o dejar que expire en el momento que sea, algo que tanto los legisladores demócratas como los republicanos le reclamaron al gobierno de Biden, que sin embargo optó por mantenerla a flote. Según algunas estimaciones, la licencia de operaciones de Chevron representa alrededor del 25% de la producción de Venezuela, que cerró el 2024 con unos 886.000 barriles de crudo al día.
Por su parte, el gobierno de Trump no parece haber descartado ninguna alternativa para presionar a Maduro. En sus comentarios durante su audiencia de confirmación en el cargo, el flamante secretario de Estado, Marco Rubio, insinuó la posibilidad de “reanalizar” la licencia de Chevron. Sus declaraciones demuestran que el nuevo gobierno es consciente de las consecuencias negativas de las licencias petroleras: empoderar a Maduro con miles de millones de petrodólares que puede manejar a su antojo no es el mejor modo de alentar la restauración de la democracia en Venezuela.
Además, en una de sus pocas declaraciones sobre Venezuela, Trump dijo que Estados Unidos probablemente dejaría de comprar petróleo venezolano. Eso no implica la revocación de las licencias petroleras, sino más bien que a Estados Unidos no le importa el petróleo venezolano, en particular después de que Trump firmó un decreto que impulsa la producción nacional.
El marco actual de sanciones reforzó significativamente la espalda financiera de Maduro, ya que recibe una parte de la producción cubierta por las licencias. Maduro puede echar mano de esos recursos y distribuirlos a voluntad, porque los nuevos negocios petroleros están regulados por la ley antibloqueo, una ley inconstitucional de 2020 que otorga a Maduro el poder absoluto para cerrar cualquier trato en estricto secreto. Debido a esa falta de transparencia, no hay información pública sobre la masa de dinero que recibe su gobierno.
Sin embargo, podemos estimar que las empresas con licencia producen alrededor de un tercio del petróleo venezolano. De esa producción bajo licencia, el gobierno se queda con al menos el 30% en concepto de regalías e impuestos, aunque la cifra podría llegar al 50%. Considerando la producción de diciembre de 2024 –886.000 barriles por día, según fuentes de la OPEP– y el precio del crudo Merey en 61,13 dólares, podemos deducir que Maduro recibe entre 2100 y 3200 millones de dólares anuales. La cifra real puede ser mayor o menor, pero de cualquier manera, las petroleras que operan con licencia proporcionan miles de millones de dólares que Maduro administra sin rendirle cuentas a nadie.
Venezuela ranquea como el 13° país más corrupto del mundo y el último en términos de Estado de derecho. Dadas las señales institucionales de cleptocracia, los ingresos petroleros probablemente solo servirán para fomentar la corrupción y ayudar a organizaciones criminales, como Tren de Aragua.
Revocar las licencias no es la única manera de abordar este desequilibrio, ya que podría tener efectos indeseados. Como primer paso para resolver ese problema, se podrían tomar medidas para restringir el uso que Maduro pueda hacer de las remesas petroleras. Otras alternativas incluyen reformar las licencias para incluir obligaciones de transparencia, crear un fondo humanitario que se financie con petrodólares o trasladarle parte de la carga económica de la deuda a Maduro.
Sin estas medidas, los ingresos petroleros incentivarán políticas autocráticas y socavarán la capacidad del régimen para cumplir con los compromisos que asumió con el gobierno de Trump.
En particular después de su autoproclamación, Maduro ha demostrado que no tiene ningún interés en democratizar su país y que solo puede mantener su control autocrático a través de la criminalidad, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, las causas profundas y verdaderas de la masiva crisis migratoria.
Estados Unidos tiene un papel clave que desempeñar: el nuevo gobierno de Trump tiene la oportunidad de actuar más allá de los acuerdos de corto plazo y ayudar realmente a Venezuela, impidiendo que el país entre en su era más oscura, lo que terminaría poniendo en riesgo la seguridad en todo el hemisferio occidental.
José Ignacio Hernández
Americas Quarterly
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