Hay tres máximas económicas que no siempre van de la mano de la batalla cultural de los liberales libertarios. Han sido, sin embargo, las fórmulas del éxito de la gestión de Javier Milei, que hoy se mantiene en las encuestas con niveles de popularidad tan altos como al comienzo de su mandato. Eso sí, para sostenerlas, el Gobierno prueba que está dispuesto a ir más allá de los manuales de la ortodoxia económica y hasta embarrarse en discusiones públicas, apelando a las tácticas de guerrilla mediática que tan bien supo dominar el kirchnerismo.
Una de esas máximas es la batalla contra la inflación. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de enero, que se ubicó en 2,2%, el valor más bajo en cuatro años. La cifra, que estuvo en línea con lo esperado por la media de los economistas privados, envalentona al Gobierno en su apuesta de llegar a las elecciones con una inflación mensual de 1% o menos. En el corto plazo, sin embargo, en pos de ese fin cabe esperar medidas no precisamente ortodoxas. Según confirmaron al menos tres fuentes del Gobierno, está al salir un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga. Ya los aumentos, dirá la norma, no serán generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes. Así, por caso, los valores que se le cobren al último segmento etario, los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes. Todos los planes deberán estar disponibles para la tercera franja etaria, conformada por los adultos mayores, sin límite de edad, ya sean nuevos afiliados o los que ya forman parte de la compañía. Control de precios para una industria que el Gobierno considera que hace años se mueve de forma cartelizada. O, en el lenguaje libertario, una medida para “garcas” y “soretes”, como catalogó hace apenas meses el presidente Milei al dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt.
Detrás de la norma, está claro, también pesa la necesidad de aceitar el vínculo del Gobierno con una clase media que es la que en 2024 cargó sobre sus espaldas gran parte del ajuste. Ni hablar el segmento de los jubilados, que mansamente acataron el sinceramiento que hizo el Gobierno de un sistema previsional quebrado. Aunque también puede actuar como un incentivo para que aquellos adultos mayores de buen poder adquisitivo que se mantenían en PAMI, la obra social estatal que atiende a 5 millones de jubilados y pensionados, puedan incorporarse al sistema de salud prepago.
Según difundió el Indec este jueves, en la canasta de precios relevada, pocos ítems subieron por encima del 2,2%, entre ellos, los servicios (vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles), que aumentaron el 4%, y la salud, 2,4%. A los primeros, Economía les puso un coto la semana pasada, cuando decidió limitar los aumentos de electricidad a la variación mensual de la inflación. Por la salud, la idea es seguir avanzando, lo mismo que en una mejora relativa de los precios de los medicamentos. También el Gobierno espera que la desaceleración de la tasa de devaluación –crawl, en la jerga–, que este mes pasó del 2 al 1% mensual, empiece a surtir efecto.
Pero la de la inflación no es la única máxima que enarbola el oficialismo. El ancla cambiaria es otra de las claves. “No vamos a devaluar”, dijo insistentemente Milei en todas sus últimas entrevistas públicas. En pos de sostener su punto, el Presidente no dudó en difamar a economistas como el exministro Domingo Cavallo, quien al comienzo de la gestión fue uno de sus aliados: se tomó el trabajo de mirar el plan de Caputo antes de que lo viera el mercado e incluso se ocupó de hacerle de head-hunter para cubrir puestos como fue en su momento el del cordobés Osvaldo Giordano en la Anses o el del actual secretario de Hacienda, Carlos Guberman. En el diccionario libertario, disentir, no ajustarse al sentir o parecer de alguien, tal cual lo define la Real Academia Española, es lo mismo que traicionar, conspirar o fallutear. No hay matices.
En el board del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, la cuestión cambiaria fue motivo de discusión. Inobjetables fuentes reconocieron que así sucedió al menos en la reunión informal que los representantes de los países miembro del G7 llevaron a cabo el mes pasado para discutir el caso argentino. Aunque el board no forma parte de las negociaciones, sí le marca a la línea técnica del organismo algunas pautas sobre las cuales avanzar. En tal sentido, si bien habría vocación de darle dinero fresco al país –entre US$10.000 millones y US$15.000 millones– entre otros postulados, los principales accionistas del FMI habrían estado de acuerdo en que alguna concesión la Argentina debiera hacer. Allí surgió como alternativa la posibilidad de aplicar bandas cambiarias, sosteniendo una tasa del crawl mensual. También la idea de que el cepo –pese a la postura argentina– deba ir levantándose gradualmente. “El FMI no quiere que pase como con Massa, que le dieron la plata y después no hizo nada de lo que prometió. También reconoce que hay un problema en las cuentas externas, y no quiere financiar la salida de las empresas que tienen utilidades acumuladas”, explicó la fuente.
A diferencia de lo que sucedió durante el mandato de Alberto Fernández, durante el cual la Argentina tenía completamente vedado el financiamiento externo y tenía fuertes vencimientos de deuda con el organismo de crédito, en el board del FMI creen que no hay tanto apuro por sellar un acuerdo. “Antes, el Fondo tenía que cerciorarse de que algo iba a cobrar. Ahora no hay grandes vencimientos en 2025 –suman US$2652 millones en el año–, y encima el Banco Central ya probó en enero que, si quiere, tiene línea de crédito con bancos internacionales”, explicaron.
De cualquier modo, la llave para acelerar los tiempos la tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ya en la época de Mauricio Macri quedó en evidencia que la política es más fuerte que la teoría en el organismo multilateral de crédito. Habrá que ver si el viaje de Milei a Washington, que tiene previsto dar un discurso el 22 en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), hace magia. Hasta ahora, según reconocieron diversas fuentes al tanto de la política del FMI, no ha habido cambios por parte del gobierno de Estados Unidos en la estrategia que aplicó hasta enero la gestión demócrata.
La tercera máxima económica, pero no necesariamente la menos importante, es el ordenamiento fiscal. La batalla cultural en este ámbito está ganada. Al menos, ya no hay quién, si quiera en la oposición, que se anime a cuestionarla. Mérito absoluto de Milei. Ahora, en pos de sostenerla en un año electoral, es posible que el Gobierno deba avanzar con algunas medidas incómodas y otras imprescindibles. Las privatizaciones de las empresas públicas son unas de ellas. El Gobierno no se ha manejado con demasiada gracia en la primera licitación pública importante, la de la Hidrovía. El proceso ha estado plagado de cuestionamientos de actores vinculados con el negocio, e incluso recibió serias críticas por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que depende del Ministerio Público Fiscal. El Gobierno respondió esta semana declarando nula la licitación, en la que hubo una sola oferente, la belga Deme, –pese a que había por lo menos 4 que habían manifestado real interés– e iniciando una investigación sobre la única empresa que se presentó. Una historia que por ahora no cierra. De todas maneras, tiene la oportunidad para redimirse.
El negocio de la Hidrovía es monumental, por esa vía circula el 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas. Para el sector privado, el potencial es evidente. Acaba de cerrarse, de hecho, la venta de Atria Logística –ex Ultrapetrol– al fondo de private equity Rocktree. Atria, que es la empresa líder del mercado como proveedora de servicios de logística fluvial en la hidrovía, era desde 2014 del fondo Southern Cross. Aunque no trascendieron los detalles de la transacción, se cree que Rocktree pagó cerca de US$300 millones. Es dinero fresco que entra al país.
Entre las multinacionales poco a poco empiezan a ver la Argentina como una alternativa de mediano plazo. Incluso algunas que tenían cartel de venta, como una empresa de telefonía o un banco internacional, están revisando sus planes. Otras, caso de los chilenos dueños de Cencosud, que acaban de comprar el mayorista Makro, están dispuestos a avanzar fuerte: la próxima apuesta será reactivar su histórico proyecto en Béccar, San Isidro, que le requerirá eventualmente una inversión de unos US$200 millones.
Se espera que la semana que viene, en línea con lo que sucedió con el Belgrano Cargas, se publique el decreto para lanzar la privatización de Intercargo; un poco más adelante, será el turno de Aysa. El Gobierno no debiera desaprovechar la oportunidad de captar buenos nombres. Con la Hidrovía tiene la opción de demostrar que es tan vehemente en el control de la transparencia como lo es en la lucha contra la inflación, la estabilidad cambiaria o el ordenamiento fiscal.
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