El fiscal ordenó allanamientos en la investigación por la licitación de la Hidrovía

Después de la anulación de la licitación para el manejo de la Vía Navegable Troncal del río Paraná por parte del Gobierno, el fiscal federal Guillermo Marijuan impulsó una serie de operativos sobre Jan de Nul, la compañía denunciada. Hace una semana, la Procuraduría de investigaciones Administrativas (PIA) había emitido un duro dictamen a través del cual pedía a la Casa Rosada al que “adecue los plexos licitatorios” de la llamada Hidrovía.

En ese contexto y tras una denuncia radicada por un grupo de referentes y diputados del ARI-Coalición Cívica, el fiscal Marijuan ordenó allanamientos a la compañía apuntada, la holandesa Jan de Nul.

La denuncia plantea el supuesto direccionamiento de dicha licitación a favor de la empresa allanada, que ya está explotando el dragado del río a través del consorcio llamado Hidrovía. “La empresa tendría un crédito contra el Estado Nacional por caso 95 millones de dólares, que habría sido parte de ese intento de las irregularidades”, indica el texto judicializado.

El representante del Ministerio Público Fiscal busca determinar si hubo un proceso amañado y el presunto crédito denunciado por unos 95 millones de dólares. Según se indicó en el marco de la investigación, se busca clarificar “si existieron comunicaciones de miembros de la empresa con funcionarios públicos por esa licitación”.

Al momento de estudiar diversos puntos del pliego licitatorio se expuso que la Hidrovía representa un corredor logístico vital para la Argentina, por el cual se canalizan “la mayor parte de las exportaciones e importaciones del país. Por ella, además, se transportan cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay”.

Lo cual, en lógica consecuencia, “conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos o penales”.

El año pasado, el 19 de noviembre, la entonces Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, concretó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la “concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”.

Se trata de la vía comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales, en el Río de la Plata exterior.

Recientemente, indicó la PIA, se recibió una presentación de un grupo de diputados del ARI-CC con observaciones varias respecto de las condiciones licitatorias del procedimiento sobre la Hidrovía, indicando una deuda de 80 millones de dólares. “Nos enfrentamos a una situación en la cual o se aumenta el peaje y perdemos todos los argentinos porque el precio va a la mesa, o permitimos una licitación amañada para que la acreedora procure el pago de lo adeudado”, sostiene dicha denuncia.

Al analizar las diferentes denuncias receptadas por la PIA, su fiscal general advirtió que con fundamento en la afectación de distintos principios que “deben regir en todo procedimiento de selección de contratistas o concesionarios del Estado Nacional”, es necesario revisar los actuales pliegos.

Respecto a la deuda consignada por la PIA, se señala que “se utilizó para el cálculo la existencia de la deuda acumulada al mes de julio 2024, que asciende a 78.878.596 dólares expuesta en el Acta de Reconocimiento y Espera suscripta entre la AGP y Compañía Sud Americana de Dragados”. Dicha documentación, consignó la Procuraduría “no consta en las actuaciones, por lo que se desconoce su contenido”. Con otros montos posteriores, esa supuesta deuda llega a 95 millones de dólares.

De acuerdo con los informes de gestión que produjo la Administración de Puertos, desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2023 “los resultados económicos fueron deficitarios”, sostiene la denuncia firmada por Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Juan Manuel López ye Mariana Zuvic.

A simple vista, sostienen los denunciantes, “se verifica una gestión deficitaria de una actividad que, durante 25 años, resultó virtuosa para la empresa de la familia Jan de Nul, Hidrovía S.A o Compañía Sudamericana de Dragados S.A”.

Lo más llamativo, según consta en la causa, es que durante el año electoral de 2023 “la pérdida fue muy significativa y más si se la relaciona con el volumen dragado. Volumen que es equiparable al año anterior pero más caro”.

La sospecha central es sobre el aumento de valor de la tarea que el Estado le “pagaba a la empresa que contrataba de manera directa”. Motivo por el cual “el Estado le estaría debiendo a la empresa una suma que se estima en 95 millones de dólares”.

Sin embargo, se acusó la falta de acceso a auditorías que justifiquen el déficit, “la deuda, el aumento del precio por metro cúbico dragado o los trabajos efectivamente realizados”.

”Hoy, nos enfrentamos a un proceso de contratación internacional muy redituable (se estima en 300 millones de dólares anuales y que en el plazo total de la cláusula publicada (30 años más 30 de prórroga), podría llegar a ser la ganancia de 20.000 millones de dólares”, concluyó la presentación judicial de los legisladores de la Coalición Cívica.