Ante el pedido de la Justicia en Estados Unidos y luego de la presentación que realizó la ONG Republican Action for Argentina (RAFA) -en la que argumentó que debería anularse el fallo contra el país por US$16.000 millones en el caso de la expropiación de YPF, ya que respondió a un esquema de corrupción kirchnerista- crece la presión política interna para que el Gobierno se expida de manera “positiva” -que opine- al pedido de vista de la jueza Loretta Preska a la Argentina.
Los diputados María Marcela Campagnoli, Paula Oliveto Lago y Juan Manuel López, todos de la Coalición Cívica, enviaron hoy una carta al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, en la que le solicitaron a la Procuración del Tesoro que “conteste dicha vista en forma favorable, a la brevedad, a fin de defender los intereses de nuestro país, aportando los elementos necesarios que puedan contribuir a anular la causa en la que la Argentina fue condenada a pagar U$S16.000 millones al Fondo Burford”, según pudo leer LA NACION, que tuvo acceso a la misiva de los legisladores.
“Las partes, incluyendo el Estado argentino e YPF, tienen hasta mañana [martes] para responder, según lo ordenado por la jueza Preska. Es de suma trascendencia que avalen las razones de la presentación para proteger los derechos de todos los argentinos”, dijo a este medio Fernando Irazú, representante de la ONG.
Según el abogado, la sentencia es “un fraude procesal que consuma un fraude internacional en un esquema criminal por el cual se llevan el fruto de una corrupción gubernamental que afectató a YPF y a todos los argentinos”. Irazú se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuesta compra fraudulenta, en 2008, del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, en connivencia con el matrimonio Kirchner.
LA NACION se comunicó hoy con las autoridades de la Procuración del Tesoro que comanda Castro Videla. Allí indicaron que “por el estado del juicio y para no comprometer la defensa del Estado” no harían comentarios.
“Nos dirigimos a usted a fin de manifestarle que hemos tomado conocimiento de una presentación realizada por la Organización No Gubernamental (ONG) estadounidense ‘RA4Aarg’ -Republic Action For Argentina-’ ante la Jueza Loretta Preska -a cargo del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América-, cuya vista le fue conferida al gobierno de la República Argentina y en la que se solicita que se investigue la comisión de los delitos de defraudación, corrupción, estafa procesal y lavado de activos que habrían sido cometidos por una asociación ilícita encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y directivos de YPF, utilizando de testaferros a la familia Eskenazi y a sus empresas del Grupo Petersen”, escribieron los legisladores que responden a Elisa Carrió.
“La mencionada presentación se habría basado en las denuncias realizadas en la Argentina por la Dra. Elisa Carrió ante el Juzgado Federal a cargo del juez Ariel Lijo y en el informe de la Unidad de Información Financiera emitido en el año 2018 en el marco de esa causa, lo cual acompañamos junto a la presente nota, poniendo además a disposición la totalidad de las denuncias, documentación y peritajes que la denunciante y el partido político Coalición Cívica aportaron en el marco de la causa que instruye el juez Ariel Lijo -causa Nº 3518/2006, caratulada “N.N. S/ Infracción a la Ley 22.415 y otros” en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretarí a N°8″, agregaron los diputados.
“A nuestro entender, el fallo de la jueza Preska podría ser anulado, puesto que la adquisición de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen se habría hecho en base a operaciones originadas en graves delitos; y los adquirentes habrían pagado su precio en base a ‘distribuciones de dividendos’ de una empresa que estaba siendo vaciada con el simple mecanismo de simular utilidades inexistentes. Dicha situación estaría acreditada por numerosas pruebas que surgen de la causa a cargo del juez Ariel Lijo”, cerraron los legisladores que reclamaron que el Gobierno opine sobre estos hechos.
Los especialistas que vienen siguiendo el caso afirman que es difícil que estos argumentos, que estuvieron en el juicio y fueron en su momento desechados, tengan algún impacto en la sentencia más allá de la presentación de RAFA.
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una filial constituida en España de propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%. El 7 de mayo de ese año entró en vigor en la Argentina la ley de interés público que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino. En julio, Petersen se declaró en quiebra en España tras haber incumplido en mayo con el pago de los préstamos que hizo un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de Burford Capital LLC, fondo que presenta los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó la petrolera.
Apenas un mes después, el 8 de abril, Petersen presentó una demanda contra el país e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Preska culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF. El 16 de septiembre, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En septiembre, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que designe un panel de tres miembros y resuelva la fecha de una audiencia en la cual se tratará el caso.
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