“El Gobierno acaba de poner un juez de la Corte Suprema con solo seis senadores”, se jactaba una fuente libertaria hace algunas horas. La incorporación de Manuel García Mansilla al Máximo Tribunal y el nombramiento de Ariel Lijo en comisión son, para la administración de Javier Milei, dos grandes victorias políticas. Pero no está claro que terminen siendo buenas decisiones económicas. Pese a que el Gobierno viene anotándose resultados positivos en su pelea contra la inflación e incluso en términos de actividad económica, los precios de los activos financieros –este jueves volvieron a sufrir otro golpe– sugieren que hacia adelante todavía queda mucho camino por recorrer. Una golondrina no hace verano, dice el refrán.
Para los inversores, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es fundamental para cimentar los meses que faltan hasta la elección legislativa. La dilación en las negociaciones empieza a poner nerviosos a muchos de los inversores que siguen a la Argentina con atención. No es tanto porque crean que la Argentina no pueda afrontar los vencimientos que tiene con el organismo este año, que son pocos, sino porque esperan ver en el acuerdo señales de cómo sigue el plan económico que hasta ahora ha sido exitoso como plan de estabilización. Sobre todo, en lo que hace al esquema cambiario y monetario.
“Si Milei explota su relación con Donald Trump y consigue que el FMI lo ayude a sostener un tipo de cambio real sobrevalorado, va a incrementar el riesgo para sus reformas”, escribió este jueves Alan Beattie, en su columna semanal del Financial Times, la biblia de los inversores en el mundo. Beattie compara a Milei con Carlos Menem, y advierte que en su momento el riojano también contó con el favor de los Estados Unidos, lo que le permitió continuar con la convertibilidad, aunque a costa de un endeudamiento que luego resultó insostenible.
“Menos riesgoso pero políticamente impopular sería acceder a la demanda del FMI de reducir cuanto antes la sobrevaluación del tipo de cambio y eliminar los controles de cambios”, señala. Puede que, como dice el presidente Milei, todos los “econochantas” estén equivocados, pero desgraciadamente son esos “econochantas” a los que más atención suele prestarles el mercado.
También las provincias están atentas al resultado de las negociaciones con el FMI. No son pocas las que están explorando volver este año a los mercados de deuda, por primera vez desde 2017. Eventualmente, es un objetivo que también tiene la Nación y que incluso el Fondo alienta.
La semana que viene Santa Fe tiene previsto realizar un road-show por Nueva York para probar el apetito de los inversores. Estará encabezado por el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares. En la misma carrera están Neuquén, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Las cuatro están buscando poder emitir bonos en dólares por entre US$300 millones y US$500 millones para refinanciar deuda que vence entre este año y 2027.
Recuperar el acceso al crédito internacional no es menor; es en el único lugar donde se puede conseguir fondeo a un plazo de hasta siete años, señalan desde el sector financiero. Aunque en algunos de estos distritos admiten que ven pocas chances de poder avanzar si antes no hay un acuerdo de la Nación con el FMI. La Ciudad de Buenos Aires, de hecho, tenía previsto emitir un bono en enero pasado. Para lo cual a fines del año pasado hizo una gira por Londres y por Nueva York para visitar inversores. Pero decidió postergarlo; aspiraban a poder endeudarse a algo menos del 8% en dólares y no lo lograron. Córdoba viene sondeando inversores internacionales desde al año pasado.
Las provincias vienen ajustando gastos tanto como la Nación. La motosierra las obligó a todas a hacer los deberes. Aunque también la administración libertaria parece haber aprendido del mejor kirchnerismo cómo pagarles los favores a los gobernadores amigos. La semana que viene, confiaron las fuentes, está previsto que Chaco reciba un adelanto extraordinario de coparticipación del Tesoro nacional por unos $100.000 millones. Aunque el préstamo se viene negociando hace meses, terminó de destrabarse la semana pasada, luego de que el radical Víctor Zimermann, que en octubre pasado había pedido licencia como senador nacional para asumir como ministro de la Producción en el gobierno de Leandro Zdero, decidiera dejar su cargo en Chaco para volver a la Cámara alta y dar su voto en contra de que se investigue al presidente Javier Milei por el criptogate. La Libertad Avanza contra la casta, pero no reniega de sus formas.
El discurso de Milei este sábado en el Congreso podría dar algunas pistas más de hacia dónde va el Gobierno en materia económica. Ya no basta con los logros de 2024. Pero no está previsto que haya cámaras empresarias escuchándolo. Al igual que el año pasado, hasta ayer no se habían cursado invitaciones para las principales entidades: ni la Unión Industrial Argentina (UIA) ni Adeba (bancos nacionales) ni ABA (bancos extranjeros) ni la Bolsa de Comercio ni la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otras tantas, serán parte del convite. Sólo la Mesa de Enlace habría recibido invitación.
En el Gobierno no descartan que el Presidente vuelva a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma tributaria que le dé mayor independencia (y responsabilidad) a las provincias, aunque simplemente como bandera electoral. En la mesa chica libertaria reconocen que es difícil que en un año electoral, y con esta composición del Congreso, se pueda avanzar en grandes reformas que requieran del visto bueno legislativo. Pero nada impide que se traten más adelante. Las reformas tributaria y laboral son imprescindibles en la Argentina que viene. Una economía más abierta exige otras reglas de juego.
De hecho, son muchas las industrias que están tocándole las puertas del Gobierno en los últimas semanas con algún tipo de pedido para compensar la pérdida de rentabilidad ante la apreciación del tipo de cambio. La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), que reúne a los productores, empacadores y comercializadores de peras y manzanas, hace días le hizo llegar al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, su inquietud por el encaramiento de los costos en dólares en plena época de cosecha (se extiende hasta junio). Hoy, el salario promedio de un cosechador, aseguran, está en torno a los US$1500; contra los US$500 o US$600 que se pagan en Chile o en Sudáfrica, los dos países competidores.
Las empresas, que ya habían logrado llegar al ministro Luis Caputo a fin de año, le pidieron al Gobierno una rebaja temporaria de aportes patronales. Una medida similar a la que habían logrado durante la gestión de Mauricio Macri, en 2017, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.354, que declaró a los productores de peras y manzanas en situación de emergencia económica, y les permitió postergar aportes para luego ir pagándolos en cuotas. No es mucho el margen que tiene el Tesoro para hacer concesiones. “Sabemos que va a haber empresas que van a crujir”, les habría reconocido en su momento el ministro Caputo. La duda es cuántas y cuán rápido es el Gobierno para avanzar en una nueva matriz productiva y tributaria que le permita incorporar a los caídos del modelo. No son pocos los desafíos que tiene el Gobierno por delante. De las lecciones que dejó la experiencia macrista, las elecciones de medio término son apenas una parada. El punto de llegada está mucho más lejos. A no equivocarse.
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