el nuevo juez encarga más medidas y retrasa una decisión clave sobre Alberto Fernández

Hace un mes, la causa por presuntos hechos de corrupción contra Alberto Fernández, donde se analizan 25 contratos que diversos organismos del Estado firmaron con Nación Seguros y donde intervinieron brokers del rubro percibiendo comisiones por más de 3.000 millones de pesos, cambió de juez. El nuevo magistrado es Sebastián Casanello quien interviene en la causa que llegó con todas las indagatorias tomadas por parte de su par Julián Ercolini. Con una serie de medidas impulsadas por el juzgado actual, se retrasa la decisión sobre un eventual procesamiento contra el ex Presidente.

Las 39 indagatorias fijadas por el juez Julián Ercolini quien subrogó hasta el 7 de febrero el juzgado que pertenecía al fallecido magistrado, Claudio Bonadio, ya fueron tomadas a lo largo de la segunda etapa del año pasado.

Al concluirse la subrogancia, la Cámara Federal porteña sorteó nuevamente entre un reducido grupo de jueces de Comodoro Py -producto de la gran cantidad de despachos vacantes que hay-, para saber quién quedaría a cargo del juzgado federal 11 donde está radicada la causa Seguros.

En base a la investigación impulsada es que se realizó el llamado a indagatoria de todos los involucrados en la presunta maniobra defraudatoria contra el Estado. Con esa instancia concluida, el juez Ercolini dejó de intervenir tras el sorteo correspondiente, en el expediente.

El principal acusado en esta causa es Alberto Fernández: en primer término firmó el Decreto 823/2021 que ordenó al Estado a contratar exclusivamente a Nación Seguros SA y eso, a su vez, habilitó para intermediación de los brokers. El 86% de las comisiones pagadas quedaron en manos de cinco empresarios, el 42% de los contratos fueron adjudicados a Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente.

Según pudo saber de fuentes judiciales, el juez Sebastián Casanello impulsó en estas semanas, una serie de medidas “de carácter menor, para cerrar algunos interrogantes y concluir el análisis de todo el caso”.

Las medidas de prueba que retrasarán, por el momento, la resolución sobre la situación procesal de Alberto Fernández y de 38 personas más, busca reconstruir los circuitos administrativos para “comparar conductas y deberes”, en función de ello, determinar grados de responsabilidad y la atribución -o no- de una conducta penal.

Entre otros aspectos, se continúa con el entrecruzamiento telefónico “para delimitar el mapa de relaciones”, explicaron a Clarín fuentes allegadas al expediente. Hay que recordar que uno de los teléfonos con mayor impacto en la investigación fue el de María Cantero (ex secretaria de Fernández y esposa del broker, Martínez Sosa.

De ese teléfono celular se desprendieron las primeras imágenes e intercambios de mensajes que derivaron en la apertura del expediente penal por hechos vinculados a la violencia de género por parte de Alberto Fernández a Fabiola Yañez. Esa causa tuvo, recientemente, un procesamiento contra el ex presidente firmado por el juez Ercolini.

Las medidas de prueba impulsadas por el juez Casanello, buscan “darle nombre jurídico a todas las irregularidades comprobadas”, indicó una fuente judicial.

Se trata de 39 personas indagadas y cada una tiene su propia intervención en los hechos. “Es la complejidad propia de este tipo de causas”, señalaron quienes conocen de cerca la causa que instruyó hasta febrero Julián Ercolini con el fiscal Carlos Rívolo, quien continúa interviniendo en el caso.

La primera de las piezas que se colocaron en la acusación que pesa sobre Fernández es un Decreto, el 823/2021. Fue el puntapié inicial del expediente penal que, fuera de la Casa Rosada, le valió la primera imputación por posibles hechos de corrupción.

A criterio de los investigadores, ese decreto “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. Es uno de los ejes principales del expediente que instruye el juez Ercolini y sobre el cual deberá responder Fernández.

El magistrado que tuvo el caso desde un comienzo, responsabilizó a las 39 personas llamadas a indagatoria de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros”.

Para ello, varios de los nombrados, “con la connivencia de Alberto Fernández, habrían operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

Al analizar estos elementos, cuando se los llamó a indagatoria, se sostuvo que la maniobra habría requerido de la “intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”.

La investigación encontró que los acusados “habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y masters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de Nación Seguros”.

Todo derivó -en gran parte-, en aquellas contrataciones, que fuera necesario o no, “contasen con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios bajo las figuras de productores, organizadores y masters, destacando que muchos de ellos no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.

Entre ellos se encuentran Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello; como así también las firmas Héctor Horacio Martínez Sosa y Compañía S.A.; Bachellier S.A.; Castello Mercuri S.A., “San Ignacio Sociedad de Productores de Asesores de Seguros S.A. y TG Broker S.A., entre otras.

En total el gobierno de Alberto Fernández pagó 3.453.302.777 pesos por los 45 contratos bajo investigación. Esos contratos, fueron resultado sostiene la causa, “del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados”, pero se ponderó que especialmente todo redundó en beneficio de Héctor Martínez Sosa, cuya esposa María Cantero “poseía un lugar de privilegio, dado que era secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaría presidencial) y sin que existieran procesos de selección alguno”.

Para la justicia federal, hubo un “direccionamiento indebido: las empresas y productores afines a Martínez Sosa, Castellón y Torres García pasaron a percibir más del 87% del monto abonado por Nación Seguros por las comisiones de las pólizas emitidas durante el período en que se habría desarrollado la maniobra”.

Sobre broker amigo del ex presidente, en el llamado a indagatoria se escribió: “que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”.

En lo que refiere a Castello, el juzgado advirtió “aportes económicos para la campaña presidencial de Alberto Fernández, provenientes de su firma Castello Mercuri S.A.

También se afirmó que Torres García y Martínez Sosa, junto a Castello, “habrían ejercido su influencia sobre Alberto Pagiano (presidente de Nación Seguros) en los negocios de la aseguradora. Por su parte, Fernández y Pagliano compartirían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.

Héctor Horacio Martínez Sosa, dijo el magistrado, “aparece vinculado a los siguientes intermediarios, con un total de 2.297.820.134,36 pesos o 68,3% del universo de comisiones de la maniobra, equivalentes a su vez al 59,6% liquidados por Nación Seguros a todos los intermediarios por todas las pólizas emitidas a entes estatales entre el 10 de diciembre de 2019 y el 09 de diciembre de 2023.