Ya no podrán disponerse aportes obligatorios a cámaras empresarias y los gremios temen un avance sobre sus cajas

A partir de la vigencia del Decreto 149/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, ya no se podrá obligar a las empresas empleadoras a aportar dinero a cámaras empresariales, algo que se hacía en virtud de acuerdos colectivos de trabajo. Se trata de una medida contra las contribuciones obligatorias a favor de cámaras empresariales signatarias de esos acuerdos, que deben pagar empleadores no asociados o afiliados. El próximo paso podría ir contra los aportes obligatorios a las uniones o federaciones de empleados. Es decir, contra la recaudación de los gremios.

Según los argumentos del Gobierno, las cláusulas de aportes a entidades no asociadas no tienen fundamento normativo. Por ende, se señala, no puede imponerse el cobro de contribuciones obligatorias en favor de las cámaras a los empleadores. De todas maneras, seguirán vigentes por 90 días las cláusulas de acuerdos ya firmados, en tanto que ya no se habilitará más el uso de esa herramienta.

Entre otros casos, en la actividad del comercio esta obligación les impone a los establecimientos el pago de unos $6000 millones mensuales para presuntas actividades de capacitación, según afirmaron fuentes oficiales.

¿En qué consiste ese aporte? Se trata, según se explicó, de un pago obligatorio del empleador al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap), que fue creado en 2008 y que alcanza a 1,2 millones de trabajadores (la de comercio es la paritaria más grande del país). Para tener una idea, según fuentes del Gobierno en marzo la cuota es de $4725,02 por empleado; representa el 0,50% del salario de maestranza A inicial y sube con cada paritaria, y se paga aunque no se capacite.

Fuentes oficiales explicaron que el Gobierno no homologará negociaciones colectivas que obliguen a hacer este tipo de aportes, ya que hasta ahora se hacía una “interpretación incorrecta” de la ley que regula estos convenios. “El cambio fue solicitado por numerosas entidades gremiales empresarias de todo el país” que no recibían este tipo de contribuciones, según comentaron las mismas fuentes. De las negociaciones colectivas participan las cámaras empresarias y el gremio principal de la actividad. Es en ese ámbito en el que se discuten desde aumentos salariales a condiciones de trabajo.

Hay que recordar que una versión del proyecto de la Ley Bases preveía eliminar los aportes solidarios de trabajadores no afiliados a sindicatos, pero finalmente eso no fue aprobado. La Libertad Avanza, sin embargo, no apoyó en el Congreso un proyecto de ley impulsado por Martín Tetaz (UCR) que pretedía eliminar la cuota solidaria.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, comenzó a hablar de la medida sobre los aportes compulsivos de las empresas en septiembre del año pasado. Entonces, se iniciaron negociaciones con la CAME y con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), con el objetivo de ir eliminando gradualmente estos aportes.

El próximo paso del Gobierno podría ser avanzar contra un aporte similar, pero que se realiza a las federaciones o uniones de trabajadores, lo que impactaría en el corazón de la recaudación de los sindicatos. Por ejemplo, en el caso de Comercio, que es el gremio más numeroso del país, con más de un millón de afiliados, se añade un adicional del 0,5% al 2% de la cuota solidaria. Ese monta alcanzaría los $4000 millones mensuales, según fuentes del sector consultadas por LA NACION. La medida que se conoció puso en alerta a la CGT, donde confluyen los gremios más numerosos que cuantan con los aportes obligatorios como un ingreso adicional.

Un sector que apoya esta eliminación es el de las pequeñas y medianas empresas, ya que ven estos aportes como una carga innecesaria. Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), una de las primeras entidades gremiales en exigir la eliminación de estas contribuciones obligatorias, cuestionan la falta de rendición de cuentas sobre el destino de lo que se recauda por esa vía.

En septiembre del año pasado, la Cadam había difundido un comunicado en el que expresaba: “Queremos mayor producción y trabajo, y para eso hay que recortar este tipo de aportes, de los cuales no hay una rendición de cuentas pública para entender qué hacen con los más de $60.000 millones que se recaudarían por año”.

Y agregó entonces un pedido, utilizando una expresión de Milei y Sturzenegger: “Necesitamos la motosierra de aportes obligatorios inexplicables como el Inacap, que no representa un beneficio, porque ningún empleado se capacita todos los meses o no lo hizo nunca, pero el empleador lo debe aportar igual desde el 2008 por cada trabajador registrado, que en el convenio mercantil son 1,2 millones”.