directores de ministerios, dos diputados y fiscales adjuntos, los primeros funcionarios sorteados en San Luis

Bolillero mediante y después del carnaval, la Lotería de San Luis fue el escenario del sorteo del primer “narcotest” para funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que este viernes tendrá a directores de ministerios, dos diputados y fiscales adjuntos para un examen de orina y sangre en búsqueda de cocaína, marihuana y anfetaminas, entre otras drogas.

Este miércoles a las ocho de la mañana, en la sala de la Lotería de San Luis se realizó el primer sorteo de la ley de “Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos en la Lucha contra el Narcotráfico”. Dentro de un universo de 1500 funcionarios de los tres poderes del Estado provincial, el sorteo no alcanzó a 100 personas, como estaba previsto: debido a cuestiones de logística, fueron 60.

Por el número de legajo, resultaron sorteados 46 funcionarios del Poder Ejecutivo, 12 del Poder Judicial y dos del Poder Legislativo. Todos fueron notificados este jueves y el viernes temprano se deben presentar para hacerse los análisis toxicológicos en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Según pudo averiguar Clarín, por parte del Poder Legislativo la suerte cayó sobre dos diputados, mientras que en el Ejecutivo la tómbola fue para más de 20 directores de los ministerios de Gobierno, Seguridad, Salud y Producción.

A su vez, dentro del Poder Judicial, en el primero sorteo salieron 12 funcionarios judiciales de la ciudad de San Luis. Entre los cargos más importantes aparece un Secretario de Cámara y Fiscales adjuntos de primera instancia. Los nombres no trascendieron porque están protegidos por la misma ley.

En la sede de la Lotería estuvieron los representantes de los tres poderes del Estado y funcionarios de la autoridad de aplicación de la ley: el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla; la secretaria administrativa del Superior Tribunal de Justicia, Ivanna Albarado; y el secretario Legislativo de la Cámara de Senadores, Said Alume.

“Hoy asistimos en nombre de la UNSL, junto al decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, Sebastián Andújar, quien será la unidad académica encargada de llevar adelante los estudios científicos y técnicos de las muestras obtenidas mediante la ley”, destacó Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), presente en el sorteo.

Cada uno de los sorteados deben pagar de su salario el análisis, de un costo de $25 mil. “El análisis deberá detectar como mínimo la presencia de AMP anfetaminas, THC tetrahidrocannabinol (marihuana), COC cocaína, OPI opiáceos (heroína, morfina, metadona), BAR barbitúricos, BZO benzodiazepinas, TCA antidepresivos tricíclicos, MDMA metilenedioximetanfetaminas (éxtasis), MOP morfina y PCP fenciclidina”, puntualiza la ley.

En caso de que el test dé positivo, los sorteados pueden solicitar la contraprueba, que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba. El costo es mucho más elevado, unos $140.000, y también corre por cuenta del empleado que lo requiera.

Los sorteos serán semanales. El próximo lunes será el segundo, en el que se extraerán 180 legajos.

En el Ejecutivo pueden ser sorteados desde el gobernador y el vice a los ministros del gabinete, los secretarios de Estado, directores, subdirectores, jefes de áreas y los funcionarios de entes descentralizados como Hospital Central Ramón Carrillo, los Laboratorios Puntanos y “San Luis Agua”, entre otros 29 entes.

Por el lado del Legislativo, la norma comprende a senadores y diputados provinciales y a miembros de las mesas directivas de ambas cámaras. Mientras que del Poder Judicial incluye a los jueces del Superior Tribunal de Justicia, a los camaristas, a los jueces de primera instancia, y también a los fiscales y defensores. A eso se suman miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo y su adjunto.

En una segunda etapa lo aplicarán al personal de la Policía de San Luis, el Servicio Penitenciario provincial y al personal de la Salud pública.

Si el resultado del análisis de un funcionario del Poder Ejecutivo es positivo, el gobernador Claudio Poggi dictará un decreto de cese de sus funciones. En el caso de los diputados y senadores, constituye causal de juicio político que administrará el organismo interno del Poder Legislativo, y en el Poder Judicial, se formula ante el jurado de enjuiciamiento.

“Estos análisis persiguen el combate contra el narcotráfico, para que el funcionario no esté de los dos lados del mostrador, es decir, consumiendo una droga que adquiere en un circuito ilegal y, a la vez, tomando decisiones legislativas o judiciales vinculadas al narcotráfico. Sería contradictorio. Es como que el director de defensa del consumidor compre un celular robado”, remarcó Bazla en diálogo con la Agencia de Noticias San Luis (ANSL).

“Se aplicará en cada área la legislación vigente para ayudar a quien dé positivo en su recuperación, con licencias o las medidas que se deban tomar de acuerdo a la reglamentación de cada cartera, tanto la de Seguridad como la de Salud. Además, a principios de año creamos la dirección de asistencia y prevención a las adicciones, que funciona en la ciudad de San Luis”, había señalado Poggi cuando firmó el decreto.

La medida salió por un decreto del gobernador Claudio Poggi que alcanzaba a los principales funcionarios del Ejecutivo, después de que la Legislatura no reuniera los votos necesarios. Sin embargo, tras el revuelo que causó la medida adoptada, ambas cámaras terminaron aprobando el proyecto.

La ley también prevé fuertes sanciones para quienes no se hagan a los análisis. “Quien se oponga o no asista a la segunda notificación en el caso del Poder Ejecutivo cesa en sus funciones. En el caso del Judicial y del Legislativo, queda incurso en mal ejercicio de las funciones y, por lo tanto, sujeto al jurado de enjuiciamiento o juicio político, respectivamente”, le dijo Bazla a Clarín.

Darío Peralta, diputado provincial de Unión por la Patria de Neuquén, presentó ante la Legislatura un proyecto de ley que establece exámenes toxicológicos para los funcionarios de los tres poderes del estado provincial.

“Un funcionario que cuida su salud es un funcionario que seguramente va a cuidar los recursos de los neuquinos y garantizar una mayor transparencia en el estado”, destacó Darío Peralta.

A diferencia de San Luis, el proyecto es para exámenes anuales. Los diputados del PJ explicaron que los análisis deben ser un requisito obligatorio para el acceso y permanencia en los cargos y debe ser el Ministerio de Salud la autoridad de aplicación.

“Las adicciones van a ser la próxima pandemia y queremos establecer una política de Estado clara y contundente en la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta profundamente a la provincia y al país. Es imprescindible que quienes ejercen funciones públicas sean un ejemplo de integridad y coherencia, asumiendo el compromiso de cumplir con las normativas vigentes y demostrar con hechos su rechazo al consumo de sustancias ilegales”, explicó Peralta.