Radicales como árbitros, el olfato de García-Mansilla y se viene otro debate por el aborto

Como en anteriores rounds desde que asumió, el Gobierno vuelve a depender de los radicales. El bloque del Senado que preside “Peteco” Vischi sesionó de urgencia el viernes por la noche y resolvió postergar hasta el martes su decisión sobre los jueces de la Corte.

Se entregaron el fin de semana a una ronda de café con gobernadores y jefes partidarios en busca de algún criterio orgánico y unánime sobre si poner o no la firma número 9 para habilitar el tratamiento del pliego de Manuel García-Mansilla en el recinto.

En la mesa de Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la comisión de Acuerdos, hay 8 firmas y falta una. El martes de esta semana los radicales se verán las caras para decidir el rumbo que los pone de árbitros del partido. La situación golpea al Gobierno, que vuelve a jugar al número equivocado en un oficio en el cual no se improvisa.

Le quedan pocas salidas. Una es retirar los pliegos de Mansilla y de Lijo y absorber el cachetazo. Otra es morder el freno y admitir una negociación con el peronismo para una ampliación de la Suprema Corte de 5 a 7 miembros y disparar lo que pide la Constitución: buscar un consenso con las fuerzas políticas para cubrir las cuatro vacantes.

Habría para todos en el reparto, pero implicaría levantarle el teléfono a un peronismo al que, en público, prefiere ignorar. Esa ampliación se la propuso en 2016 Miguel Pichetto a Mauricio Macri, cuando estaba en el mejor momento de su presidencia. El acuerdo con el peronismo de entonces incluía la designación del Procurador de la Nación. Olivos, ensimismado y endogámico -calificaciones de Jesús Rodríguez y Elisa Carrió, respectivamente-, dijo que no. Y así les fue.

El radicalismo sufre, como los otros bloques y partidos políticos, de una crisis en la conducción. Martín Lousteau preside el Comité Nacional, pero sus posiciones no permean hacia los senadores de su partido. Esa pirámide es extremadamente débil en el vértice y muy fuerte en la base.

En el vértice, Lousteau es víctima del doble empleo de jefe partidario y de candidato a reelegir la banca. No logra nada con ninguno de los sombreros que se ponga. La base tiene un ancla en por lo menos 5 gobernadores, que se referencian en la UCR y tienen intereses que deben hacer compatibles con posiciones políticas.

La idea que atraviesa el debate en este partido, del cual depende la suerte del gobierno en el Senado, es que lo han dejado afuera de la dialéctica que definió el debate sobre las jueces de la Corte, que fue negociación sí, negociación no. Los polos de esa negociación eran el gobierno y el peronismo.

Los radicales, que deciden al final si este engranaje se mueve, han quedado afuera y es legítimo que aspiren a pescar en río revuelto. Si el debate era, como ha presumido el discurso de superficie, entre idoneidad sí, idoneidad no de los candidatos, pudieron tener algo que decir.

Ahora tienen la llave para arrancar el debate final, pero saben que si habilitan el tratamiento de García-Mansilla lo ponen en pie de igualdad a Ariel Lijo, y temen que se active la negociación entre peronismo y Gobierno y termine Lijo confirmado en la Corte con el voto peronista y que a García-Mansilla, que ya juró, lo dejen afuera.

Saben, como todos, que Lijo es un hombre (más allá de sus capacidades) del espectro del peronismo, como lo es Javier Milei. Sobre Mansilla los peronistas han dicho desde el comienzo de este novelón que para ellos es un candidato indiferente para el peronismo. “Los peronistas no votamos gente así”, ha sido el lema de Unión por Todos.

La bancada que preside José Mayans espera este lunes parlamentar con Victoria Villarruel sobre un pedido de sesión para tratar la semana que viene los dos pliegos. Para este jueves el único que tiene dictamen es el de Lijo, pero el peronismo quiere tratarlo junto al de García Mansilla. Si aparece la firma número 9, deberían esperar hasta la semana que viene para que pasen los 7 días de rigor para habilitar el tratamiento.

Van a esa charla con Villarruel sabiendo que:

1) La vicepresidente no tiene mandato de Olivos para acordar nada. Tampoco nada parece cerrado porque fue de la boca de Villarruel que escucharon en el peronismo la palabra “acuerdo”. Ahora sabrán de qué se trataba. Villarruel no tiene control de la cámara y la acosa el Ejecutivo para quitarle los cargos de los secretarios. La secretaría administrativa está libre por renuncia de María Laura Izzo. Fracasó el 24 de febrero la sesión preparatoria y las funciones quedan a cargo de prosecretario, Lucas Clark, un hombre del radicalismo que tiene como referente al exvicepresidente Julio Cobos.

2) El peronismo cree que nadie junta los 48 votos para imponerlos a Lijo y García-Mansilla, y que el plan de Milei para la Corte quedará en otra derrota del nivel de la Hidrovía o del Criptogate.

Algo de esto debe presumir García-Mansilla. Se apuró a alinearse con la mayoría que conduce la Corte y juró en el cargo. Es un escudo frente a la intemperie en que podría quedar si aparece el voto 9 para mandarlo al matadero del recinto en igualdad de condiciones que el trajinado Lijo.

Nadie llega a esas alturas sin olfato para la supervivencia. Mansilla ha percibido que este es un gobierno invertebrado en el que conviven varios cacicazgos provisorios. Uno de ellos imaginó que era oportuno identificar la gestión Milei con el mundo de los negocios, en particular del área energética.

Mansilla ha sido durante años directivo de una de las cámaras del sector y es un custodio fiel de la solidez de los compromisos empresarios. La primera decisión apenas juró fue designar a un hombre del sector, Diego Saralegui, en su vocalía.

Viene de ser director de relaciones públicas de la petrolera Pecom, de los Pérez Companc, que es una marca ligada a la Universidad Austral y al Opus Dei. Agrega el pañuelo celeste con el cual quiere identificarse el Gobierno, que en cualquier momento va a reactivar el debate sobre la despenalización del aborto.

Advierten en su debilidad -al igual que anteriores mandatarios que promovieron ese debate, como Menem, Macri y Alberto Fernández- que rinde mucho, porque la transversalidad de las posiciones resetea alineamientos. Un gobierno débil tiene que cuidar permanentemente de que no se amalgamen, en la oposición, frentes férreos. Mandarlos a discutir cuestiones como el aborto despierta las disidencias y alivia la gobernabilidad sobre otros temas de coyuntura que le importan más a los gobiernos – la guita, por ejemplo.

No es pertinente entrar en las convicciones personales de Mansilla, a quien algunos relacionan con el Opus Dei. Lo protegen las inmunidades del art. 19° de la Constitución. Pero hay también una tribu que representa a un Opus Night en el gobierno, que buscó identificarse en Lijo.

Proponerlo expresó el temor de la política al poder de los jueces federales que han puesto en la picota a varias camadas de políticos desde los años ´80. Designar a Lijo es la búsqueda de un armisticio con la corporación al elegir a su jefe, que además heredó la jefatura que ejerció antes Ricardo Lorenzetti.

El argumento de Milei para proponerlo es el mismo que han expresado varios jueces federales: Lijo -han argumentado- es un hombre de la justicia que entiende sus problemas mejor que nadie. También aporta un rock and roll oportuno, que satisface a otra tribu del Gobierno: la que busca continuar el ataque del peronismo a la Suprema Corte. El objetivo es empastar su funcionamiento con inquinas que paralicen sus trámites, o argumentando, sin muchos fundamentos, que una Corte de tres no funciona. Algo que desmienten los hechos.

La política del Gobierno hacia la Justicia es parte de su programa de demolición del Estado, no su mejoramiento. Si no lo puedo gobernar, lo rompo y lo rearmo a mi medida. Está en el programa formal de esta administración, que sigue los lineamientos del conservadorismo en torno a la cancelación de las facultades de control de los poderes Judicial y Legislativo sobre el poder Ejecutivo.

Es un libreto que el Gobierno ha tomado prestado -como otras rutinas anti republicanas- de la extrema derecha de los Estados Unidos que gobierna hoy con Donald Trump. Russell Vough es el ideólogo Master de la presidencia Trump. Viene de ser designado como director de la poderosa Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca, que conduce las políticas económica y administrativa por sobre los ministerios del gabinete.

Es el autor del plan de gobierno “Proyecto 2025”, un ladrillo de 900 páginas que contiene el programa que quiere imitar Milei, salvo gobernar precisamente con un presupuesto. Nadie entiende que vaya a cerrar un acuerdo con el FMI sin antes tener un presupuesto de gastos y recursos que legalice el cumplimiento de ese acuerdo.

Vough -vinculado a la Heritage Foundation- ha dicho que el plan de Trump es deshacerse de “los paradigmas legales que se han desarrollado erróneamente durante los últimos doscientos años”. Ese guevarismo de derecha busca restañar “las cicatrices resultantes de décadas de malos estadistas”.

Así se explican los más de 100 DNU que ha firmado Trump apenas asumió, en los que se apropia de las facultades que la Constitución de los EE. UU. atribuye al Congreso y a la Justicia. Esos DNU atacan a las facultades de control de esos dos poderes y buscan la destrucción de la administración y del sistema electoral.

Es la misma música que entona el Gobierno argentino con el rap de las desregulaciones o la suspensión de las PASO como forma de extremar el presidencialismo, en un gobierno que pesó en las últimas elecciones el 29% de los votos. El resto se lo puso Cambiemos, que hoy trata de tomar distancia. No lo cuenta como socio electoral en distritos clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.

Vought ha desarrollado una doctrina que defiende el poder del presidente para negarse a gastar las partidas aprobadas por el Congreso. Rechaza las normas que obligan a que los recortes de gastos deben también ser aprobados por el Congreso. De ahí nació la decisión del actual Gobierno argentino de abolir los fideicomisos, suspender la obra pública o quitar los fondos docentes y previsionales comprometidos con las provincias.

Estas medidas, aunque no se suele reconocer, son veleidades de países ricos. Estados Unidos o la Argentina se pueden permitir estos jugueteos con la plata que tienen. Pueden hacer guevarismo de derecha o de izquierda porque hay con qué hacerlo. Los pobres no se pueden permitir estos lujos. No tienen con qué. No por nada el guevarismo nació en la Argentina.

La cortísima semana carnavalesca dejó espacio para otra cumbre, de la que se esperaba alguna definición más precisa sobre la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. Juntó a los suyos en la sede de la fundación que tiene uno de los quinchos más cucos del Barrio Parque, y avisó que encargó una batería de encuestas a la firma Aresco, de la que saldrá una definición sobre si irá por una banca de legisladores o jugará la chance de ser senador. Cree que en el peor de los casos puede ser senador por la minoría en octubre.

El encuentro fue con los más cercanos, que han resistido tentaciones poderosas para seguir acompañándolo: Álvaro González, Guadalupe Tagliaferri (en carrera para encabezar una lista de diputad@s nacionales por el larretismo), Emmanuel Ferrario, Claudio Romero, Marcelo Nachón, el hermano Augusto, Pablo Avelluto, Maxi Corach, Marcelo Wechsler, etc..

Siguió al anuncio que hizo hace un par de semanas de que participará, aunque no había dicho en qué. Se ganó una inquina con Jorge Macri. Le criticó la gestión y el primo mandó a que le respondiese Laura Alonso. ¿Fue acertada esa crítica a Jorge, cuando Larreta es el socio fundador del equipo que gobierna la Ciudad hace ya casi 20 años?

Se ganó un enemigo donde no lo tenía. El mejor negocio para él es construir una candidatura sobre la base de la actual de Jorge, a quien él avaló como sucesor. Es simple: el que vota Macri en CABA vota Larreta. Parado sobre los hombros de este, Mauricio Macri quema varias etapas en el intento de recuperar las dignidades que rifó en 2023, cuando aceptó una pelea entrópica con Larreta y Bullrich, con quienes se abrazó para arrojarse en llamas al abismo de la derrota.

El lunes de la semana que viene vence el plazo de anotar alianzas para las elecciones porteñas del 18 de mayo. Se conocerá qué parejas se habrán armado. Promete nuevos protagonistas que van a pelear por la legislatura, además de Larreta y Lousteau.

Jorge Telerman confirmó este fin de semana que disputará una banca. “Hay aroma de fin de ciclo PRO y orfandad de dirigentes atractivos para los porteños”, dijo. Lo incluyeron en encuestas y midió más que otros. Esta semana ajusta morrales y alforjas para anotarse a la cabeza de una lista. Lo beneficia, como a Larreta o a Lousteau, el alto conocimiento que registra su figura.