El Gobierno usará el préstamo del Fondo para pagar la deuda con el Banco Central que dejó el kirchnerismo

El presidente Javier Milei firmó este lunes el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a través del cual se compromete a cancelar deuda con al Banco Central y a cancelar vencimientos de la deuda con el organismo financiero internacional en los próximos cuatro años desde la firma del entendimiento.

La firma del DNU implica la solicitud al Congreso para que lo autorice a tomar deuda con el FMI. Por eso, el decreto no precisa el monto del nuevo préstamo con el FMI, que aún debe ser aprobado por el board del organismo con sede en Washington.

Una vez publicado en el Boletín Oficial, instancia que se completó en los primeros minutos de este martes, el Ejecutivo tiene diez días para enviar el decreto de necesidad y urgencia a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso, que a su vez tendrá otros diez días para tratarlo y emitir dictamen que, más allá que encierre una aprobación o un rechazo, deberá ser tratado en el recinto.

Se prevé que comenzará por el tratamiento en Diputados, donde el oficialismo tiene más chances de conseguir la aprobación del decreto. Mientras no sea rechazado por la Cámara Baja o por el Senado, el DNU estará vigente.

En el texto del decreto, que adelantó la Casa Rosada, el Gobierno lo que hará es cancelar parte de los papelitos que el kirchnerismo le dejó al Banco Central a cambio de los dólares que se esfumaron en la gestión de Cristina Kirchner. Por lo tanto, se trata de un cambio de acreedor, ya que el Ministerio de Economía en lugar de deberle al Central, será deudor del FMI.

El decreto que el Ejecutivo girará al Congreso aprueba “las operaciones de crédito en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, las que tendrán un plazo de amortización de DIEZ (10) años y serán destinadas a la cancelación de las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central”. Contempla, además, que el Gobierno se hará cargo de “las obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen dentro de los próximos cuatro años”.

El decreto en cuestión, además, indica que el Ejecutivo “en uso de sus facultades, suscribirá los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1°, pudiendo delegar esas atribuciones en el ministerio de Economía o en la autoridad que oportunamente determine”.

El último jueves en la noche el Gobierno había anunciado, de manera sorpresiva a través de la cuenta Oficina del Presidente, que el acuerdo con el FMI no se enviaría al Parlamento a través de un proyecto de ley sino mediante un decreto de Javier Milei.

La medida contrasta con los dichos del Presidente del 1° de marzo cuando, en el marco de su discurso por la Apertura de las Sesiones Ordinarias, había decidido “darle la oportunidad a este Congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido y en este nuevo acuerdo (con el FMI)”.

Sí en cambio, en esa oportunidad el mandatario anunció lo que este lunes confirmó: “El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de la deuda con el Banco Central”.

En las últimas horas primaba en Casa Rosada un marcado hermetismo sobre el tema. En la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de Javier Herrera Bravo, no confirmaron hasta último momento la publicación del decreto cuyo contenido ha sido trabajado por el Ministerio de Economía. Fuentes oficiales daban cuenta que desde la cartera conducida por Luis “Toto” Caputo cerraron la letra chica del texto. “Esto lo maneja Economía. Nosotros nada”, se excusaron desde el entorno del primer mandatario.

Como sea, la oposición salió a cruzar esta nueva iniciativa oficial ya que entiende que, con el DNU, el mandatario contradice la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que aprobó el Congreso en febrero de 2021 por impulso del entonces ministro de Economía Martín Guzmán. Esta normativa, que sigue vigente, obliga al Ejecutivo a pedir autorización al Congreso para firmar acuerdos con el Fondo o para emitir deuda pública.

Con la decisión de publicar un decreto, y apostar en última instancia a una aprobación tácita del Parlamento hasta tanto no sea rechazado por ambas Cámaras, el oficialismo argumenta que no contraviene la citada norma.

Pero la decisión del Ejecutivo también genera polémica porque las autoridades del organismo multilateral de crédito han sugerido al Gobierno que este tipo de entendimiento debería alcanzar amplios niveles de consenso con la oposición. Pero los estrategas del oficialismo tomaron la determinación de incluir el acuerdo en un DNU por una cuestión matemática: para aprobar una ley se requiere que el proyecto consiga la mayoría simple en Diputados y en el Senado y para mantener vigente un DNU alcanza con que una de las dos cámaras no lo rechace.

Al respecto, en la mesa chica del mandatario no desconocían que difícilmente un proyecto de este tipo podría pasar el filtro del Senado -donde el peronismo cuenta con un bloque de 34 miembros- y como ocurrió con otros del decretos del jefe de Estado, éste logró validarlos en Diputados con el apoyo de un variopinto grupo de legisladores dialoguistas.

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo cuenta con 16 integrantes (8 diputados y 8 senadores) y la preside el libertario Juan Carlos Pagotto. Hay seis peronistas, 9 libertarios y aliados, además del opositor Nicolás Massot.