HOUSTON.– Daniel González, el secretario coordinador de Energía y Minería, tuvo 20 minutos para contar la historia de la “transformación” de la Argentina, que fue el título elegido por la conferencia internacional CERAWeek para su exposición. En ese tiempo, dijo que el Gobierno eliminará los controles de cambios este año –es una de las mayores consultas que hacen los inversores– y pronosticó que la Argentina estará produciendo 1,5 millones de barriles de petróleo diarios en 2030, de los que exportará un millón, equivalente a un ingreso de divisas de US$24.000 millones anuales. Sobre la minería, estimó que el sector pasará de exportar US$4000 millones a US$30.000 millones dentro de siete años, gracias a las oportunidades en cobre y litio.
González llegó a esta ciudad el lunes y se reunió con empresas de todos los sectores. Por su pasado como CEO de YPF, durante el gobierno de Mauricio Macri, se movió con familiaridad por la conferencia energética más importante del mundo. Parte de los encuentros fueron con compañías que producen en el Permian, la cuenca de Estados Unidos similar a Vaca Muerta, y descubrió que las empresas internacionales que brindan servicios en los pozos petroleros cobran hasta 50% más caro la operación en la Argentina que en otros países.
“Por supuesto que esto tiene que ver con las restricciones de control de capitales y eso se paga. Pero también tiene que ver con la falta de competencia. Tenemos menos empresas de servicios en la Argentina de las que deberíamos tener y creo que todo eso se va a resolver”, dijo el funcionario, en diálogo con Carlos Pascual, vicepresidente Senior de Energía Global para S&P. Directivos de YPF señalaban la misma queja en los pasillos de la conferencia.
González destacó en varios momentos la necesidad de que haya más competencia. Por ejemplo, cuando indicó que el precio de gas que se paga en la Argentina podría ser menor que el promedio de US$3,5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector). “Si los precios fueran más bajos, la cantidad de subsidios que estaríamos pagando sería significativamente menor. Por eso, dentro de los límites que podemos, estamos tratando de hacer que las empresas compitan. No es una cosa fácil, porque las empresas protegen sus intereses y están muy contentas con lo que tienen. Por supuesto, nosotros vamos a respetar los contratos, pero queremos que compitan porque queremos reducir los subsidios que pagamos”, dijo, mientras los escuchaban directivos de YPF, Pan American Energy (PAE) y Tecpetrol, el brazo petrolero de Techint, todos productores de gas.
“No es solo el Gobierno y la gente quienes necesitan entender que si queremos un país diferente, necesitamos comportarnos de manera distinta, sino que el sector privado también tiene que ser parte”, indicó.
Previamente, González había destacado la fuerte baja en los gastos en subsidios a la energía. Cuando el Gobierno asumió en diciembre de 2023, las tarifas energéticas cubrían menos del 30% del costo de generar electricidad y producir gas. Durante el año pasado, con los aumentos tarifarios, el porcentaje aumentó a 80% de cobertura, lo que permitió al Estado ahorrar 0,5% del PBI en subsidios. “Fue una recuperación significativa, con casi ninguna resistencia social, y eso que los aumentos salían publicados en los medios todos los meses, no es que pasaron desapercibidos. Pero aun así, la gente lo soportó. Eso no es un asunto menor”, dijo.
El secretario admitió que probablemente sea más fácil pasar del 30% de cobertura de las tarifas al 80%, que del 80% al 100%. “Vamos a ser extremadamente cuidadosos. El Gobierno y particularmente el presidente [Javier Milei] siempre ha sido extremadamente cuidadosos para asegurarse de que la parte más vulnerable de la población no sufra”, señaló.
En este sentido, confirmó que este año se va a mantener la segmentación de subsidios en tres niveles, según los ingresos altos, bajos y medios, aunque dijo que van a trabajar en identificar a los hogares que reciben subsidios y no deberían hacerlo. “El 60% de los hogares recibe un subsidio a la energía, lo cual no tiene sentido. Por ahora vamos a mantener el régimen actual tal como está, pero estamos reduciendo gradualmente el porcentaje de la energía que realmente estamos subsidiando. Y luego estamos tratando de encontrar lugares en los que se están otorgando subsidios y no debería”, dijo González.
El funcionario también está a cargo del comité evaluador de los proyectos que ingresan al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Señaló que hay once proyectos en marcha, de los cuales más de la mitad están vinculados a la minería y el resto está relacionado en su mayoría al sector energético.
“Sabemos de al menos otros 10 proyectos que llegarán en los próximos meses”, anunció. Entre ellos, destacó dos: uno vinculado al cobre y otro relacionado con las exportaciones de gas natural licuado (GNL). En febrero pasado, la minera canadiense McEwen Copper anunció que solicitaba la admisión al RIGI por su proyecto de cobre Los Azules. Unos meses antes, la sociedad que creó PAE –la compañía de la familia Bulgheroni– con la empresa noruega Golar, Southern Energy, también había pedido la adhesión al régimen por la instalación de un buque de GNL en Río Negro. Se espera además que este proyecto se duplique próximamente y aumente a dos buques de GNL para 2029.
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