Un grave derrame tóxico de la papelera que generó el conflicto con la Argentina despierta alarma en Uruguay

MONTEVIDEO.- El derrame de ácido sulfúrico de la papelera UPM en un puerto de Fray Bentos, en el departamento de Río Negro, volvió a poner la lupa sobre la empresa finlandesa y se retrotrae al conflicto desatado en la década del 2000 entre la Argentina y Uruguay. El incidente, ocurrido sobre las 17 (hora local) del lunes, hizo que en la mañana del martes las autoridades uruguayas del Ministerio de Ambiente partieran hacia el lugar, y que horas después anunciaran una auditoría, al mismo tiempo que brindaron calma a la población al decir que no se afectó el agua la empresa que abastece con agua potable a todo el país.

El ácido sulfúrico es un compuesto químico altamente corrosivo que se usa en diversos procesos industriales.

Mientras el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, inspeccionaba el área y brindaba declaraciones a la prensa, la comisión del Senado sesionaba para definir sus autoridades y retomar el análisis de iniciativas legislativas pendientes. El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta subrayó la intención de dar mayor relevancia a las cuestiones ambientales en la agenda parlamentaria.

Antes de concluir la legislatura pasada, el entonces subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, había solicitado la incorporación de los delitos ambientales en el Código Penal. Aunque la propuesta fue aprobada en el Senado, no obtuvo tratamiento en la Cámara de Representantes.

Desde el Ministerio de Ambiente, se trasladaron al lugar Ortuño, el subsecretario Leonardo Herou y el director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario. Ortuño destacó que su gestión priorizará el fortalecimiento de los controles, la prevención y la colaboración con empresas y operadores. Consultado sobre una posible sanción a UPM, indicó que se aguardará el informe técnico antes de tomar decisiones.

La auditoría anunciada evaluará el plan de gestión ambiental de UPM y sus protocolos de contingencia ante incidentes. Ortuño señaló además que el derrame se limitó al muelle de la empresa y que los muestreos realizados tanto por Prefectura como por la propia empresa descartan un impacto significativo.

En un breve comunicado la Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que “el Puerto de Fray Bentos, administrado por la ANP, se encuentra operativo”, y que “el incidente medioambiental informado por la prensa en el día de hoy se produjo en el puerto de UPM localizado aproximadamente a 3 km del puerto de Fray Bentos”.

La papelera finlandesa UPM informó que el incidente ocurrió por una pérdida en la manguera de descarga de un barco que transportaba ácido sulfúrico. Según la empresa, la situación fue controlada rápidamente por su brigada interna y se notificó a las autoridades correspondientes.

“La situación fue controlada rápidamente y contenida en el lugar con la brigada propia de la empresa, que actuó de acuerdo con los protocolos definidos para estos casos. Tanto Prefectura como Bomberos de Fray Bentos al igual que las autoridades ambientales fueron debidamente informadas de la situación, que no generó afectaciones al ambiente ni a las personas que trabajaban en el lugar”, continúa el escrito de la empresa.

También destacó que la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) actuó de manera rápida al cambiar la toma de agua de la principal hacia la alternativa mientras se determinaba cuál era el impacto del incidente.

Al momento de emitirse el comunicado se estaba “trabajando en la limpieza y recolección del material en el muelle”.

Sin embargo, la organización ambiental Movus expresó su preocupación y exigió una investigación independiente para evaluar el impacto ambiental. Solicitó, además, acceso a registros de cámaras de seguridad y un informe público sobre la cantidad exacta de sustancia derramada y su destino final.

UPM ha sido objeto de diversas multas y advertencias del Ministerio de Ambiente. En 2023, la empresa fue sancionada con 192.726 dólares por el derrame de soda cáustica en su planta de Durazno, que afectó el ecosistema del arroyo Sauce y la calidad del agua del río Negro.

Desde el inicio de sus operaciones, la compañía recibió al menos 15 sanciones por diferentes incumplimientos ambientales, entre ellas multas por vertidos irregulares y fallas en los protocolos de monitoreo de calidad del agua. Además, fue sancionada por uso indebido de agroquímicos en un vivero de Paysandú, lo que generó contaminación en cursos de agua cercanos.

El gobierno ahora evaluará si el reciente incidente en Fray Bentos amerita una nueva multa para la empresa.

El conflicto por las papeleras entre Uruguay y Argentina fue una disputa ambiental y diplomática que tuvo su punto álgido entre 2005 y 2010. La controversia surgió cuando Uruguay autorizó la construcción de dos plantas de celulosa en Fray Bentos, sobre el río Uruguay, que actúa como frontera natural entre ambos países. Argentina, particularmente la provincia de Entre Ríos, denunció que las fábricas causarían contaminación en el río y afectarían negativamente el medio ambiente y la economía de la región, dependiente del turismo.

El problema comenzó en 2003 cuando la empresa española ENCE y la finlandesa Botnia (hoy UPM) anunciaron sus planes de construir dos fábricas de pasta de celulosa en Fray Bentos. En 2005, ante la preocupación de ambientalistas y pobladores de Gualeguaychú, el gobierno argentino exigió que Uruguay detuviera los proyectos hasta que se evaluara el impacto ambiental en el río compartido. Uruguay, por su parte, defendió que las plantas cumplirían con estándares internacionales y que no tenía obligación de consultar a Argentina más allá de lo que establecía el Tratado del Río Uruguay de 1975.

La oposición en Argentina se intensificó en 2006 con la creación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que organizó cortes de ruta en el puente internacional San Martín, una de las principales conexiones entre ambos países. Durante más de tres años, los manifestantes bloquearon el acceso como medida de protesta, generando importantes pérdidas económicas y tensiones diplomáticas.

El gobierno argentino, liderado por Néstor Kirchner primero y luego por Cristina Fernández de Kirchner, respaldó las preocupaciones ambientales y llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2006, argumentando que Uruguay había violado el tratado bilateral al no consultar antes de aprobar las construcciones. Mientras tanto, Uruguay defendió su derecho a desarrollar su industria y aseguró que las plantas no contaminarían.

En abril de 2010, la CIJ falló a favor de Uruguay en términos ambientales, al determinar que no había pruebas de contaminación significativa del río. Sin embargo, reconoció que Uruguay había incumplido su obligación de informar y consultar a Argentina antes de aprobar las plantas. Como resultado, ambos países acordaron establecer un monitoreo conjunto de la calidad del agua en la zona.

Si bien el fallo de la CIJ puso fin al conflicto legal, las tensiones no desaparecieron por completo. La planta de Botnia (ahora UPM) comenzó a operar en 2007, y con los años se ha debatido sobre su impacto ambiental. En 2013, cuando Uruguay autorizó la ampliación de la producción de UPM, el gobierno argentino protestó nuevamente, aunque sin recurrir a la CIJ.

Actualmente, el monitoreo conjunto del río sigue en funcionamiento y no se han reportado impactos ambientales graves según los estudios oficiales. Sin embargo, la desconfianza y el debate sobre el impacto de las plantas persisten en sectores ambientalistas y en la comunidad de Gualeguaychú.

Diario El País/GDA