Donald Trump insultó a un juez y el presidente de la Corte Suprema salió a frenar al presidente

En una inusual iniciativa en la historia judicial de Estados Unidos, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, salió al cruce del presidente Donald Trump –que había insultado y pedido la destitución de un juez federal que había cuestionado la expulsión de migrantes– y dijo que “el impeachment no es la respuesta apropiada al desacuerdo con una decisión judicial”.

El inédito comunicado del jefe del máximo tribunal estadounidense es una muestra de las fuertes tensiones de la Justicia y el presidente, desde que Trump asumió el poder el 20 de enero con una tormenta de medidas, muchas de las cuales son cuestionadas sistemáticamente por distintos jueces federales.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, dijo el presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., en un inusual comunicado. “El proceso normal de revisión de apelaciones existe para ese propósito”.

La breve declaración se produjo horas después de que Trump dijera en las redes sociales que el juez federal de distrito James E. Boasberg debería ser sometido a un juicio político por bloquear los esfuerzos de la administración para deportar a migrantes venezolanos sin el debido proceso.

Trump criticó a Boasberg, el juez principal del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia, como un “juez lunático de izquierda radical” y escribió: “Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, debería se sometido a un IMPEACHMENT!!”

Roberts, que es considerado uno de los magistrados “moderados” de la Corte dividida entre liberales y conservadores, es un feroz defensor del poder judicial y varias veces ha expresado su preocupación por las críticas a su imparcialidad. A finales de diciembre, Roberts enfatizó en un informe anual sobre los tribunales que los ataques personales contra los jueces habían ido demasiado lejos.

“La violencia, la intimidación y el desafío dirigidos a los jueces debido a su trabajo socavan nuestra República y son totalmente inaceptables”, escribió Roberts en aquel informe.

Boasberg se manifestó en contra del uso de Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que anteriormente solo se invocaba en tiempos de guerra. El enfrentamiento de la administración con los jueces ha generado preocupaciones sobre una crisis constitucional.

“Este juez, como muchos de los jueces corruptos ante los que me veo obligado a comparecer, ¡debería ser destituido!”, afirmó el republicano en su plataforma Truth Social.

Este “lunático de la izquierda radical, alborotador y agitador, tristemente nombrado por (el expresidente demócrata) Barack Hussein Obama, no fue elegido presidente”, subrayó refiriéndose al magistrado federal de Washington James Boasberg.

“Solo hago lo que los votantes querían que hiciera” porque “la lucha contra la inmigración ilegal pudo haber sido la razón número uno” de la victoria electoral de noviembre, escribió usando mayúsculas, como acostumbra a hacer.

El sábado el magistrado ordenó suspender durante 14 días la expulsión de migrantes en virtud de la ley de enemigos extranjeros de 1798 activada por Trump contra la pandilla venezolana Tren de Aragua. Hasta ahora solo se usó tres veces: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.

El juez pidió concretamente que se parara una operación de expulsión a El Salvador de más de 200 migrantes a quienes el gobierno estadounidense acusa de pertenecer al Tren de Aragua y la pandilla M-13, ambos declarados recientemente organizaciones “terroristas” globales por el Departamento de Estado.

La administración siguió adelante con las deportaciones. Alega que los expulsados ya habían partido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía y que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.

Unos argumentos que no convencieron al juez Boasberg, quien, según medios de comunicación estadounidenses, pidió al gobierno una respuesta este martes.

No es la primera vez que Donald Trump ataca al poder judicial por llevarle la contra, pero ahora da un paso más pidiendo directamente la destitución de un juez.

El proceso de destitución de un magistrado corre a cargo del Congreso y en un país muy polarizado políticamente es altamente improbable que vaya a ocurrir.

El presidente estadounidense reprime con mano dura la migración ilegal y equipara a los migrantes con criminales pese a que las cifras oficiales muestran que la delincuencia disminuye.

“No queremos criminales despiadados, violentos y dementes, muchos de ellos asesinos trastornados, en nuestro país”, recalcó este martes.

En su batalla contra la migración irregular ha sumado apoyos, como el del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Washington le pagó “aproximadamente seis millones de dólares” para que detenga a los migrantes expulsados, confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una miseria según ella “en comparación con el costo de vida que supondría para el contribuyente estadounidense albergar a estos terroristas en prisiones de máxima seguridad” en Estados Unidos.

Bukele celebró en las redes sociales que los vuelos salieran de Estados Unidos.

“Ups … Demasiado tarde”, escribió el domingo junto a un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.

Según Bukele, llegaron al país 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, que fueron trasladados al temido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El lunes en la noche, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que pedirá a la ONU mecanismos de protección para los venezolanos enviados a esa prisión abierta por Bukele hace tres años como parte de su cruzada contra las pandillas.