desde 2019, los gobiernos sólo designaron a 169 magistrados entre casi 500

El gobierno aguarda que se clarifique la situación de sus dos candidatos para completar la Corte Suprema de Justicia, para después dar otro paso: el envío al Congreso de 222 pliegos para reducir el porcentaje histórico de cargos vacantes en el Poder Judicial. Las cifras oficiales exponen que desde la gestión de Mauricio Macri a la actual, se enviaron 490 ternas al Poder Ejecutivo para su nombramiento final, sin embargo desde 2019 el 30,5% de los cargos de jueces nacionales y federales se encuentran sin cubrir. Sólo se designaron 169 magistrados.

Cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, retiró 200 pliegos del Senado que Macri había remitido poco antes de dejar la Casa Rosada. Lo mismo ocurrió cuando Javier Milei se convirtió en el Jefe de Estado: su ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, anunció el retiro de 160 pliegos que estaban a consideración de los senadores.

Así, con el correr de los años el Poder Judicial acrecentó el porcentaje de sillones vacíos.

La justicia federal y nacional -la que tiene asiento en la Capital Federal pero aún no fue transferida a la Ciudad, como ordena la Constitución- tiene 1.002 cargos. De ese universo de sillones en diversos fueros, 305 puestos están vacantes. Es decir, el 30,43%. Esos puestos cargos son cubiertos por suplencias entre los jueces designados, reglamentadas con la Ley de Subrogancias que debía ser un paliativo pero “se volvió la norma”.

Cuando Milei inauguró el año legislativo el pasado 1 de marzo, le dedicó unas líneas al problema: “No podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una Justicia independiente, pero efectiva. Y la Justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.

El Jefe de Estado, añadió: “tenemos la intención de avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes de la Justicia Federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la Justicia Federal”.

Pese al discurso oficial, durante todo el 2024 el gobierno no designó ningún juez.

Durante el último plenario del Consejo de la Magistratura del 2024, se aprobaron 23 ternas para cubrir cargos vacantes en diversos fueros. Ninguna corresponde a los cargos sin cubrir en Comodoro Py, el fuero al que más atención le presta la política.

Sin embargo, en esa lista hay fueros sumamente relevantes como el Civil y Comercial, el Penal Económico, cargos electorales, entre otros -como así también, las Cámaras revisoras-, que aguardan la decisión del Poder Ejecutivo.

El proceso para designar un juez comienza en el Consejo de la Magistratura, el órgano que elabora los exámenes, realizar los trámites administrativos para conformar los jurados evaluadores, lleva adelante las entrevistas con los candidatos y finalmente confecciona el orden de mérito que luego es remitido al Poder Ejecutivo en las ternas.

El Gobierno debe seleccionar un candidato de cada terna y enviar los pliegos al Senado para su evaluación en la Comisión de Acuerdos, y luego su aprobación en el recinto. Una vez votados, los nuevos jueces son designados formalmente por el presidente con un decreto que es publicado en el Boletín Oficial.

En el Poder Judicial sostienen que el proceso “se traba en la política”, ya que muchas de las ternas enviadas al Ejecutivo, o de los candidatos remitidos luego al Senado, quedan sin votar o directamente fueron retirados por el gobierno siguiente.

A las pocas ternas que el Poder Ejecutivo envió al Senado durante los últimos años, se sumó otra realidad: 175 jueces y juezas cesaron en sus cargos por diversos motivos. Esto incrementó la crisis de los sillones vacíos.

La cifra fue incrementándose: sólo en 2024 se mandaron al Gobierno 96 ternas. Se acumularon con otras que ya tenía el PEN en su poder y el número -a la fecha-, asciende a 222 pliegos que están en manos del Ministerio de Justicia.

Ese extenso listado que incluye 156 puestos de jueces suple los pliegos retirados de la Cámara Alta por parte del Ministerio de Justicia cuando asumió el gobierno libertario. También hay en esas planillas cargos del Ministerio Público Fiscal, que atraviesa su peor crisis: el 42% de sus puestos están vacantes.

En esas ternas también hay designaciones para cubrir puestos en el Ministerio Público de la Defensa.

Las planillas que había dejado el gobierno de Alberto Fernández fueron revisadas y modificadas por el Ministerio que dirige Cúneo Libarona.

Hay dos motivos por los cuales el gobierno tiene un moderado optimismo para que se aprueben esos 222 pliegos: en el Senado requieren una mayoría simple, a diferencia de los candidatos para la Corte Suprema que demanda el voto de los dos tercios de la Cámara.

A su vez, en el extenso listado no hay candidatos para cubrir los sillones de vacío Comodoro Py, el fuero que investiga la corrupción, el narcotráfico y el lavado de activos.