Venezuela defiende ante la CIJ su “derecho irrenunciable” sobre el Esequibo y rechaza la jurisdicción del tribunal

LA HAYA.– Venezuela reafirmó este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que mantiene un “derecho irrenunciable” sobre la región del Esequibo, en el marco de una audiencia clave para dirimir la histórica disputa territorial con Guyana, que advierte que el litigio compromete su propia existencia como Estado.

“Los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela está decidida a defenderlos en paz”, sostuvo el representante venezolano, Samuel Moncada, durante su exposición ante los jueces en el Palacio de la Paz.

El diplomático, que lucía en la solapa un pin con el mapa venezolano incluyendo el territorio en disputa, también reiteró que su país no reconoce la jurisdicción del tribunal para resolver el caso.

Las audiencias, que se desarrollan durante toda la semana en La Haya, se producen en medio de crecientes tensiones entre ambos países sudamericanos por el control del Esequibo, una vasta región selvática de unos 160.000 kilómetros cuadrados –más de dos tercios del territorio guyanés– rica en recursos naturales como oro, diamantes y madera, y cercana a importantes yacimientos petroleros offshore.

El conflicto se remonta al siglo XIX, pero cobró renovada relevancia en 2015, cuando la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió enormes reservas de crudo frente a las costas de Guayana, transformando al país en uno de los mayores poseedores de petróleo per cápita del mundo.

En su presentación, Moncada rechazó de plano los argumentos de Georgetown –capital de Guyana–, que sostiene que la controversia pone en juego más del 70% de su territorio. “La caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y el derecho”, afirmó.

Guyana, por su parte, insistió en el carácter crítico del caso. “Para los guyaneses, la sola idea de que nuestro país sea desmembrado es una verdadera tragedia”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Hugh Hilton Todd. “Guyana dejaría de ser Guyana sin esos territorios y sus habitantes”, agregó ante los magistrados.

El núcleo del litigio radica en la validez del laudo arbitral de 1899, que fijó la frontera entre ambos territorios cuando Guyana era una colonia británica. Venezuela sostiene que ese fallo fue producto de una conspiración entre potencias extranjeras —entre ellas Estados Unidos y el Reino Unido— y que debe ser reemplazado por el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado antes de la independencia guyanesa, que abrió la puerta a una solución negociada.

Según la posición venezolana, la frontera natural debería ubicarse en el río Esequibo, más al este de la actual delimitación, como ocurría en 1777 durante el período colonial español. Guyana, en cambio, pide a la CIJ que ratifique el laudo de 1899 como jurídicamente válido y definitivo.

El abogado del equipo guyanés, Pierre d’Argent, desestimó los planteos de Caracas al calificarlos de “extensos, polémicos sin sentido y confusos”, y recordó que argumentos similares ya fueron rechazados por la corte en instancias anteriores.

El caso llegó a la CIJ en 2018, cuando Guyana solicitó formalmente que el tribunal validara la frontera establecida a fines del siglo XIX. Venezuela objetó la jurisdicción del organismo al considerar que no podía pronunciarse sin la participación del Reino Unido, antigua potencia colonial, pero en 2020 los jueces determinaron que sí tenían competencia para avanzar.

En los últimos años, la discrepancia escaló también en el plano político y simbólico. En 2025, la CIJ ordenó a Venezuela abstenerse de celebrar elecciones en la región disputada.

Más recientemente, funcionarios venezolanos —incluida la presidenta interina Delcy Rodríguez— han exhibido públicamente mapas y emblemas que incorporan el Esequibo como parte del territorio nacional, en gestos que generaron preocupación en Georgetown.

Las tensiones se producen además en un contexto interno convulsionado en Venezuela, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos a comienzos de año, en un episodio que reconfiguró el escenario político del país.

Las audiencias orales continuarán hasta el lunes, tras lo cual la CIJ deberá deliberar. Aunque sus fallos son jurídicamente vinculantes, el tribunal no dispone de mecanismos directos para garantizar su cumplimiento, por lo que una eventual sentencia podría tardar meses o incluso años en traducirse en una solución efectiva sobre el terreno.

Agencias AP y AFP