NUEVA YORK.– Un panel de jueces federales dictaminó el jueves que el presidente Trump violó la ley al imponer un arancel del 10% a la mayoría de las importaciones estadounidenses, lo que representa otro revés legal para la Casa Blanca en sus esfuerzos por librar una guerra comercial sin la autorización expresa del Congreso.
En un fallo dividido, el Tribunal de Comercio Internacional determinó que Trump invocó erróneamente una ley comercial vigente desde hace décadas al aplicar dichos aranceles a partir de febrero. El presidente impuso los aranceles después de que la Corte Suprema anulara su anterior conjunto de aranceles punitivos.
La decisión parece imponer, por ahora, nuevas y estrictas limitaciones a los poderes comerciales de Trump, que buscó modificar las relaciones con aliados y adversarios, generar nuevos ingresos y fomentar la producción nacional.
Los próximos pasos en el caso son menos claros, dado que la Administración siempre concibió el arancel general como una solución temporal, que le daría tiempo a Trump para elaborar un conjunto de aranceles más altos, posiblemente más duraderos, utilizando otras bases legales.
Es probable que la administración apele. Sin embargo, una derrota definitiva obligaría al presidente a devolver nuevamente el dinero recaudado por dichos aranceles, tal como anunció el presidente el 20 de febrero. Ya se está tramitando el reembolso de los aproximadamente 166.000 millones de dólares recaudados bajo el anterior conjunto de aranceles amplios e ilegales de Trump.
Después de que la Corte Suprema invalidara esos aranceles en febrero, la Casa Blanca actuó con rapidez para reactivarlos utilizando una disposición nunca antes empleada de la Ley de Comercio de 1974, conocida como la Sección 122. Esta disposición permite a la Casa Blanca aplicar aranceles de hasta el 15% por un máximo de 150 días en respuesta a “déficits importantes y graves en la balanza de pagos de Estados Unidos” y situaciones que presenten “problemas fundamentales en los pagos internacionales”.
Estos dos conceptos complejos reflejan las preocupaciones de los legisladores cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro, lo que generaba riesgos económicos que el presidente podría necesitar gestionar mediante aranceles. Sin embargo, el dólar ya no está vinculado a esa materia prima, lo que llevó a una coalición de estados y a un grupo de pequeñas empresas a demandar a la administración Trump esta primavera, argumentando que no cumplía con los requisitos legales para aplicar su arancel del 10 por ciento.
Agencia Reuters y The New York Times
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