Del experimento Petro al giro a la derecha: Colombia elige entre dos modelos antagónicos de país

BOGOTÁ.– Cuando Gustavo Petro llegó al poder en Colombia, lo hizo con la promesa de transformar de raíz áreas centrales de la vida nacional, desde la salud y la economía hasta la seguridad y la educación.

Cuatro años después, el primer gobierno de izquierda en la historia del país deja un balance mucho más ambiguo. Logró instalar nuevos temas en la agenda y modificar el lenguaje del debate público, pero no pudo cumplir sus promesas de transformación profunda. En muchos casos, además, terminó actuando en disonancia con su propio discurso, con costos concretos para el bienestar de los colombianos.

Ahora, más de 41 millones de colombianos habilitados para votar irán el domingo a las urnas para elegir entre dos modelos antagónicos de país: la continuidad de la línea de Petro, representada por el candidato oficialista Iván Cepeda —primero en la última encuesta publicada, con el 33,4%—, o un giro a la derecha, ya sea con Paloma Valencia o con Abelardo de la Espriella, segundo en ese sondeo con el 30,9%. Ese campo opositor también promete, aunque desde las antípodas ideológicas y con otros métodos, reestructurar la sociedad colombiana.

Problemas estructurales

“Con Petro la salud en Colombia está peor que nunca. No se aguanta más. El gobierno lo único que hace es sacar gente de arriba y poner a los suyos. Antes estaba mucho mejor”, dijo a LA NACION Guillermo Barrios, un hombre de 68 años sentado a la salida de la Clínica Nueva El Lago, muy cerca de El Retiro, una de las zonas más exclusivas de la capital colombiana.

La Clínica El Lago es parte de Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande del país y una empresa originalmente mixta –es decir pública y privada– que desde 2025 pasó a estar mayoritariamente en manos del Estado y en la actualidad se encuentra intervenida por el gobierno de Petro.

Al igual que Nueva, el presidente colombiano intervino en su gestión unas siete EPS más –que en conjunto se hacen cargo de administrar la prestación de servicios a unos 20 millones de afiliados– con el argumento de que estas eran deficitarias y de que gestionaban mal o malversaban los fondos públicos que recibían.

Sin embargo, desde que el Estado se hizo cargo, los pacientes colombianos insisten en que el sistema se ha deteriorado, siendo frecuente la imposibilidad de conseguir turnos y la falta de insumos médicos y medicinas. A esto se suma el hecho de que el presupuesto de gasto público destinado al sector es insuficiente, algo en lo que concuerdan gremios, analistas y la Corte Constitucional colombiana.

“A ellos no les importa si te mueres o no, yo tengo a mi mujer internada y hoy me dijeron que tenía que tener paciencia y coraje porque puede que se muera. Como si eso fuera cualquier cosa”, completó Guillermo.

Al mismo tiempo, lo que sucede con el sistema de salud se replica en otras esferas.

En el ámbito educativo, durante el gobierno de Petro el sistema colombiano contó con una amplia expansión en el acceso a la educación superior gratuita, pero se enfrenta actualmente a números que no cierran y que pondrán al próximo gobierno frente al dilema de mantener la accesibilidad o sanear las finanzas de las instituciones.

Además, el aumento en el gasto público en la educación superior fue en detrimento de los presupuestos destinados a los niveles básico y medio, lo que podría explicar por qué en los últimos cuatro años se produjo una caída pronunciada en la inscripción de los estudiantes de nivel secundario –entre 11 y 14 años–, según el Monitor de Desarrollo Territorial Arteaga Latam.

Otro de los problemas estructurales a los que deberá hacer frente el próximo mandatario será el del uso sistemático de la tierra para el negocio del narcotráfico. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el área cultivada de coca en Colombia se encontraba ya en 2023 en su máximo histórico –unas 252.000 hectáreas, alrededor de seis veces la ciudad de Medellín–, una tendencia que no se ha logrado revertir.

El conflicto armado

“En Colombia la pendularidad no ha sido tanto entre derecha e izquierda, sino alrededor del conflicto, entre la paz y la guerra, la negociación y el enfrentamiento armado”, dijo a LA NACION Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis.

Una lectura que ayuda a explicar por qué uno de los principales debates de estas elecciones giró en torno a las propuestas de cada candidato para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país, la peor de los últimos 20 años.

Por un lado está la propuesta de Cepeda, que sin ofrecer demasiados detalles propone continuar con el plan de “Paz Total” que implementó el gobierno de Petro y que él mismo ayudó a delinear, con la única condición de que los grupos armados no sigan asesinando líderes políticos, algo que ocurrió en más de una oportunidad durante este período de campaña electoral.

El problema para el candidato es que quedan pocas dudas de que la propuesta dialoguista con los grupos armados, que intentaba lograr el desarme a partir de mesas de negociación y disminuía el accionar de las Fuerzas Armadas, fue un desastre en términos de seguridad.

Aunque inicialmente los enfrentamientos contra el Estado disminuyeron, los grupos armados aprovecharon la tregua para fortalecerse y continuar con su expansión. En lugar de dialogar con el gobierno para desmovilizarse, empezaron a entrar en conflictos entre sí, por lo general, para hacerse con el control de los territorios y de las economías ilícitas con las que lucran.

En la otra punta del espectro político, la derecha colombiana propone una fuerte política de mano dura, lo que en su versión más extrema con De la Espriella significa la construcción de diez megacárceles, la recuperación del control del territorio nacional de la mano del Ejército, la “fumigación aérea” de 330 mil hectáreas de cultivos ilícitos y la creación de una “primera línea de seguridad” conformada por veteranos y reservistas de la fuerza pública.

Modelos en disputa

“Este es un gobierno desastroso en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de crisis fiscal, es un gobierno desastroso en su capacidad de generar infraestructura. Pero pero deja, por ejemplo, un aumento del salario mínimo histórico, que reduce la desigualdad”, dijo a LA NACION Mauricio Velásquez, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

El argumento del académico resume bien los contrapesos entre los que se mueve actualmente la economía colombiana. Por un lado, el gobierno de Petro logró reducir la tasa de pobreza y generó un aumento inédito del salario mínimo para los colombianos.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de pobreza monetaria en Colombia llegó a su piso histórico en 2024, lo que equivalía a un 31,8%. Al mismo tiempo, la reducción de la tasa registrada entre 2021 y 2024 equivale a unos 3,4 millones menos de pobres, según un análisis del Banco de la República colombiano.

Por otro lado, en 2026 Petro decretó el histórico aumento del 23,7% del salario mínimo, mejorando el poder adquisitivo de 2,4 millones de colombianos en unos 66 dólares mensuales.

Como contra cara de estas mejoras, Petro fue incapaz de asegurar la sostenibilidad de los fondos para dicho aumento y se vio obligado a recurrir constantemente a la deuda pública para poder costear el aumento generalizado de los gastos del Estado, una de las variables que explican la reducción de la pobreza.

Así, el próximo presidente deberá elegir entre mantener las medidas populares a costa de un déficit fiscal cada vez peor, mayor inflación y una deuda pública que no deja de acumularse, o enfrentar un programa de ajuste económico que satisfaga los indicadores de la macroeconomía pero impacte de lleno en el bolsillo de los colombianos.

Pero, independientemente de quien termine en la Casa de Nariño, el siguiente mandatario tendrá que jugar en los términos que deja el primer gobierno de izquierda de Colombia.

“Los logros de la administración Petro son más bien mediocres, pero su capital simbólico sobre quiénes deben tener el poder ha sido muy importante. El mensaje es que el poder le pertenece a la gente y que debería mantenerse ahí, y eso no es reversible”, consideró Guzmán.

Por ende, ya sean “los nadie” de Cepeda” o “los nunca” de Abelardo, como rezan sus respectivas campañas, lo que parece estar claro es que el próximo gobierno de Colombia deberá ser uno que se presente como una alternativa por fuera del establecimiento, como una novedad.

“La exclusión de la gente del poder, de la toma de decisiones, del sistema económico es un peso muy grande para los partidos tradicionales, justamente porque la naturaleza de estos movimientos políticos ha sido exclusivo, ha sido mantener el poder de puertas adentro en un puñado de familias y allegados y no ha sido democrático”, agregó el experto.