La decisión de la agencia S&P de elevar la calificación crediticia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la máxima categoría tuvo un efecto en el esquema financiero de la reforma laboral. Es que los títulos públicos porteños se convirtieron en el único activo provincial habilitado para recibir las inversiones del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que comenzará a operar el primero de noviembre.
El nuevo sistema obligará a los empleadores a aportar mensualmente para financiar futuras indemnizaciones, que serán administradas a través de vehículos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entidades como Adcap prevén que el FAL movilice un flujo de ahorro institucional cercano a los US$2000 millones anuales. Las estimaciones del Gobierno elevan la cifra hasta los US$4000 millones al año.
El menú del FAL incluye depósitos bancarios, obligaciones negociables corporativas y deuda del Tesoro Nacional y títulos provinciales. Sin embargo, el Ministerio de Economía, en su resolución 1276/2026, dictó que cualquier instrumento de deuda provincial o corporativo debe contar con una calificación de riesgo “AAA” en escala nacional, otorgada por al menos dos agencias autorizadas y registradas ante la CNV.
Esta exigencia de doble calificación actúa como un filtro para las provincias, ya que ninguna de ellas cuenta con dicha nota en la escala local. Hasta hace poco, la Ciudad solo tenía el aval AAA de Moody’s, pero con la suba de la nota de S&P, el gobierno porteño se posiciona como la única alternativa provincial apta para recibir fondos del FAL.
La incapacidad de los demás distritos de alcanzar esas notas hará que las administraciones provinciales no puedan emitir letras o bonos para que sean adquiridos por fiduciarios y administradores del FAL.
De esta manera, se profundiza la brecha de financiamiento y liquidez entre el interior y la Ciudad, sumado al hecho de que parte de las contribuciones patronales que antes iban a la Anses se desviarán al FAL, por lo que las provincias sufrirán el impacto.
Topes a los títulos provinciales
De todos modos, la reglamentación impone un freno para evitar la sobreexposición de las carteras en un único emisor. Según los anexos de la resolución, la deuda provincial en su conjunto no puede superar el 15% del patrimonio total de cada fondo FAL, aplicándose un tope máximo de inversión de hasta el 5% por jurisdicción.
Asimismo, las administradoras están obligadas a mantener un piso de al menos el 10% del patrimonio del fondo en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado —como depósitos a la vista o letras del Tesoro de corto plazo— para garantizar la disponibilidad inmediata de dinero ante eventuales desvinculaciones laborales.
Dependiendo de la proyección, es el tamaño del beneficio financiero que podrá captar la Ciudad. En un escenario conservador, US$2000 millones al año, la Ciudad tendría hasta US$100 millones anuales en financiamiento directo a través de la colocación de letras y bonos locales. Para las metas más optimistas de US$4000 millones, sería de hasta US$200 millones.
Ventaja para la Ciudad
El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, destacó que consolidar una reputación crediticia AAA le otorga al distrito la capacidad de acceder a mejores condiciones y tasas de financiamiento local para continuar con su programa de obras.
Para el informe de S&P, la Ciudad enfrenta un programa de inversiones de capital sumamente exigente para el mediano plazo: sus proyecciones contemplan que ese gasto aumentará significativamente hasta promediar el 20% del total entre 2026 y 2028.
El destino de estos recursos será financiar la renovación de las formaciones del subte y la traza de la nueva línea F, para la cual la Ciudad podrá tomar préstamos en un monto máximo total de US$1350 millones. Con los fondos de ahorro del FAL disponibles, el gobierno porteño accederá a tasas de financiamiento local más competitivas.
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