Con el objetivo de regularizar el sistema eléctrico, el Gobierno convocó a audiencias públicas para debatir el esquema tarifario de electricidad de los próximos cinco años. El objetivo es determinar el nivel de inversiones que tendrán que hacer las empresas para mejorar la calidad del servicio y, a cambio, se diseñará una fórmula de ajuste de tarifas automática para que el mecanismo sea previsible y deje de ser discrecional.
También se discutirá si los futuros aumentos serán mensuales, bimestrales o trimestrales. Por lo pronto, los nuevos cuadros tarifarios deberían estar listos para implementarse a partir de abril.
A través de las resoluciones 79 y 80 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se estableció la fecha de audiencia pública para debatir las tarifas de transporte eléctrico (Transener) para el próximo miércoles 26 de febrero y las de distribución (Edenor y Edesur) el jueves 27, a partir de las 8:30, que serán transmitidas por YouTube. “El objeto es poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas que Edenor y Edesur presentaron para el próximo período quinquenal, en el marco del proceso de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT)”, dijo el ente.
La antes llamada “revisión tarifaria integral (RTI)” fue establecida en la ley N° 24.065 de 1991, que regula los servicios públicos de energía. Desde entonces, sin embargo, solo se implementó en dos ocasiones y nunca se cumplió. Es decir, en 34 años, jamás se llevó adelante. La primera vez se interrumpió luego de la crisis de 2001 y la segunda, durante los últimos años de gobierno de Mauricio Macri y los primeros de Alberto Fernández, tras la crisis cambiaria y la consecuente aceleración inflacionaria. En los otros años, los entes siempre estuvieron intervenidos bajo el paraguas de “emergencia energética”.
La Secretaría de Energía busca ahora volver a regularizar la situación para que se implemente en abril la RQT para el servicio de electricidad. Las empresas ya presentaron sus planes de inversión para mejorar los servicios. Entre los objetivos que tienen por delante está invertir en la incorporación de medidores inteligentes.
El ENRE, a su vez, también redujo la tasa de rentabilidad a aplicar a los costos propios de distribución (CPD), que bajó después de impuestos de 10,31% a 6,22%. Esto produjo un desplome del valor de la acción de Edenor, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, de 19% en el año. Pasó de US$47 a US$38.
El ENRE justificó la medida en que hay nuevas condiciones macroeconómicas de mayor previsibilidad, con la baja de riesgo país. “Una reducción sostenida del riesgo país facilitará el acceso a los mercados internacionales, disminuyendo el costo de capital para las empresas argentinas, reflejándose en un Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) más competitivo. Consecuentemente, utilizar un riesgo país de 500 puntos básicos para el cálculo del WACC se justifica en un contexto donde se anticipa una mejora en las condiciones económicas y una mayor confianza de los mercados en la estabilidad financiera del país”, dijo en la resolución 4/2025.
Las empresas suelen destacar en las audiencias públicas que, a lo largo de más de 20 años, “debieron operar sin la vigencia del marco legal tarifario”. Señalan también que “los cambios en las reglas de juego y los congelamientos de tarifas afectaron la normal gestión del servicio público”, y que “las inversiones se redujeron”.
Sin ir más lejos, el propio gobierno de Javier Milei suspendió de manera transitoria en mayo pasado los aumentos de tarifas para ayudar a reducir la inflación. Durante ese mes debía aplicarse una fórmula polinómica de ajuste mensual que había diseñado el ENRE. El mecanismo estaba compuesto por la inflación minorista (IPC), la inflación mayorista (IPIM) y el índice salarial. En julio, el Ministerio de Economía volvió a habilitar los aumentos tarifarios, pero de manera discrecional y sin contemplar la fórmula de ajuste.
Los comentarios están cerrados.