El Gobierno oficializó la prohibición de los traslados de cárcel para presos que cambien de género

El Gobierno oficializó este jueves la decisión de que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determine por el sexo que la persona registre al momento del hecho delictivo por el cual se ordenó su arresto y que se impida su traslado por cambios de género posteriores.

Lo hizo a través del Decreto 61/2025 del Poder Ejecutivo, firmado por Javier Milei y publicado en la última edición del Boletín Oficial.

“La administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”, se dejó establecido en el artículo 1 de ese texto.

El apartado siguiente, en tanto, fijó que “la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743, cuando hiciera valer la mencionada rectificación para la aprobación de su solicitud”.

Además, se determinó que “los establecimientos penitenciarios deberán adoptar las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas que se encuentren tramitando o que ya hubieren finalizado un procedimiento de rectificación registral del sexo, en los términos de la Ley N° 26.743” y que “en ningún caso podrán adoptarse medidas que puedan representar un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral, o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.

En esa misma línea, el Gobierno indicó que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo, cuando la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer.

Esas mismas personas tampoco podrán ser reubicadas cuando “la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario, signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.

En los considerandos, el Gobierno destacó “un reciente caso ocurrido en la Provincia de Córdoba en el cual una persona, condenada por la comisión de un delito en el que había mediado violencia contra una mujer, realizó el trámite de rectificación registral de sexo y, en virtud de él, se le concedió una reubicación lo que derivó en la comisión de diversos abusos contra las internas que se alojaban en el establecimiento”.

“Resulta irrazonable que el reconocimiento de un derecho, en el marco de la ejecución de una pena privativa de la libertad, pueda ser empleado para poner en peligro la vida, la seguridad y la integridad sexual de las mujeres que cumplen sus condenas en establecimientos penitenciarios”, se indica en el texto.

Este miércoles, la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno de Córdoba volvió a imputar a la misma persona por dos denuncias más por abuso sexual contra otras internas.

Gabriel Fernández ingresó en 2016 como hombre al penal de Bouwer, en Córdoba. Dos años más tarde cambió de sexo, pasó a llamarse Gabriela y la trasladaron de pabellón, en el que posteriormente abusó sexualmente y embarazó a una detenida.

En un acto de entrega de sables y despachos a las Fuerzas Armadas llevado a cabo en noviembre pasado en la Casa Rosada, Javier Milei cuestionó por enésima vez las políticas garantistas aplicadas durante el kirchnerismo y anunció que prohibiría que los presos pueden solicitar el cambio de género mientras están en la cárcel.

“Los delincuentes no van a a poder solicitar un cambio de penal bajo el paraguas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa a para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, expresó durante su discurso en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

En esa oportunidad, el Presidente hizo referencia al caso de “Guille” Cantero, el líder de la conocida banda de narcos de Rosario llamada Los Monos, quien se declaró bisexual y poliamoroso como excusa para agregar nombres a la lista de contactos estrechos.

“Solo en un país cuyos valores han sido profundamente trastocados puede permitirse semejante barbaridad. Esta estupidez se termina. Vamos a prohibirlo”, acotó.

En tanto, este miércoles, además de anunciar que quedarán prohibidos los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años, Manuel Adorni también se refirió al cambio en traslados carcelarios. “El sistema actual permite que personas condenadas puedan volver a cometer delitos contra víctimas que también son mujeres”, dijo el vocero sobre esa medida puntual.