Las quejas del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la gestión de sus ministros, y un gabinete que expuso su fractura en una insólita reunión por cadena nacional esta semana, aumentaron las dudas sobre el último año de gestión de un presidente que se ve desafiado en las principales promesas con las que el primer mandatario de izquierda de ese país sudamericano llegó al poder en 2022.
Petro comienza el último tercio de su mandato con una reconfiguración de su gabinete, acelerada por la renuncia de valgunos ministros, y con la necesidad de mostrar resultados frente a una crisis humanitaria y de seguridad provocada por la escalada de violencia entre guerrillas en la región del Catatumbo y causó más de 50.000 personas desplazadas y unas 56 muertes confirmadas, según información oficial.
“La gobernabilidad, el margen de maniobra, la capacidad de gobierno y la idea de que Petro es una persona que puede manejar el país quedan muy golpeadas”, dice a LA NACION José Nicolás Garzón, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, sobre el último traspié de Petro, seguido en directo por unos tres millones de colombianos por televisión y redes sociales.
Para el docente colombiano, la ejecución de programas de gobierno como los enfocados en llevar paz a las regiones y algunas reformas sociales que todavía tienen chance en el Congreso pueden verse comprometidas por la necesidad del gobierno de defenderse ante los escándalos y la incipiente falta de unidad.
“Tenemos un gobierno que está a la deriva; que habla mucho y hace muy poco y que, adicionalmente, está fisurado por dentro”, suma Andrés Forero, diputado del partido de derecha Centro Democrático.
El martes pasado Petro convocó a una reunión de gabinete en la Casa de Nariño para revisar el plan de atención para el Catatumbo -ubicado en el noreste del país, en la frontera con Venezuela- que vive en medio de graves confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una facción de las disidencias de las FARC. Sin embargo, la reunión tomó otro rumbo y el presidente la utilizó para reprender a sus ministros por los bajos índices de ejecución de sus despachos.
En la inédita cadena nacional, Petro acusó a los ministros de no estar alineados con los objetivos del plan de gobierno y en cambio, tener intenciones electorales para las votaciones de 2026: “Me da vergüenza y debo decírselo al pueblo. El presidente es revolucionario, pero el gobierno no. Y el gobierno no lo es porque individualmente se tienen agendas paralelas”, dijo Petro en una declaración que evidenció sus sospechas y desconfianzas en su propio gabinete.
El tono de Petro y los cruces disgustaron a varios de los ministros. Pero el punto que quizá causó más desencuentro entre los ministros y el mandatario fueron los recientes nombramientos de Armando Benedetti –un operador político que ha trabajado para gobiernos de derecha y moderados y también apoyó la campaña electoral de Petro en 2022- como jefe de despacho presidencial y de Laura Sarabia, mano derecha del presidente, que ahora fue designada como la nueva canciller de Colombia.
Los ruidos detrás de Benedetti están relacionados a investigaciones que lo vinculan con corrupción, desvío de contratos y denuncias de violencia de género contra su mujer durante el periodo que residió en Europa como embajador de Colombia ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), cargo que dejó en noviembre pasado supuestamente para enfocarse en un tratamiento de rehabilitación por adicciones a drogas y alcohol.
Sobre Sarabia, las críticas recaen en la inexperiencia para asumir uno de los cargos más importantes del gobierno, además de presuntas malas relaciones personales con otros miembros del gabinete.
La vicepresidenta Francia Márquez fue una de las que alzó la voz en la reunión: “No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, le dijo a Petro.
Luego, como era previsible, llegaron las renuncias. El primer funcionario en salir fue Jorge Rojas, director del departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien había asumido dicho cargo hacía apenas una semana, luego de desempeñarse como viceministro de Relaciones Exteriores. Luego, presentó su carta de renuncia “irrevocable” el ministro de Cultura, Juan David Correa, quien admitió en entrevistas que su salida estuvo relacionada con el nombramiento de Benedetti. “No me gusta un jefe demandado por violencia intrafamiliar”, dijo.
Este domingo se sumó la de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, una de las más cercanas al mandatario.
Ante las críticas a Benedetti y Sarabia, el presidente defendió los nombramientos, y dijo que quienes remarcaban esas diferencias eran “sectarios”. Para Camilo González Vides, analista político y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, Petro “prefirió la facción de los operadores políticos, para generar el escenario de gobernabilidad”, pero eso le generaría una ruptura con la izquierda de los sectores sociales. Otros funcionarios, aunque no renunciaron, también hicieron pública su disconformidad con las recientes designaciones.
“Benedetti es muy impopular en la izquierda y en la derecha. Hay que valorar que tiene una experiencia como operador político que le podría servir al gobierno, pero pone al presidente en una situación muy incómoda. El hecho de que se siga aferrando a él podría causar más pérdidas que ganancias para el presidente”, considera Vides.
“El presidente sabe que se le está acabando el tiempo, reconoce que no tiene resultados para mostrar. El consejo de ministros retrató claramente la incapacidad operativa que tiene el gobierno”, añade Andrés Forero sobre el episodio televisado.
Es evidente que al presidente le preocupa que su equipo se desconcentre de su plan de gobierno por emprender campañas políticas a un año y medio de las presidenciales de 2026. Muhamad, y el director de Prosperidad Social, el libretista Gustavo Bolívar, son algunos de los coequiperos de Petro que resuenan en encuestas preelectorales como posibles candidatos de la izquierda, aunque hasta el momento nada es oficial.
Con los motores precalentados para las próximas votaciones en Colombia, algunas figuras políticas -la mayoría de oposición- ya se adelantaron para anunciar sus intenciones de candidatizarse: Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático; Vicky Dávila, exdirectora de la revista Semana; el exsenador de Cambio Radical David Luna; son algunos de los jugadores en el tablero político.
Para el catedrático Vides lo que pasó esta semana en el palacio presidencial “deja a la izquierda muy herida, las ideas de que hay división y sectarismo en la izquierda vuelven a resurgir, lo que hemos visto esto que le colocaron un acta de defunción a la posibilidad de un partido único de la izquierda”.
“Nuestro llamado es a cumplir, a cerras filas por este programa y los que no están de acuerdo que no nos acompañen”: Heidy Sánchez.
Heidy Sánchez Barreto, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica -que integra la coalición Pacto Histórico, con la que Petro llegó al poder en 2022- admite a LA NACION que la contienda electoral para darle continuidad a los proyectos de Petro y competir con la derecha en la carrera presidencial “no va a estar fácil”.
“Lo más importante es que el gobierno cumpla ahora con el programa político que apoyamos y le dé las respuestas que necesita la gente. Necesitamos que se muestren resultados, es algo que no solo decimos nosotros, sino el país. Nuestro llamado es a cumplir, a cerras filas por este programa y los que no están de acuerdo que no nos acompañen”, señaló Sánchez, una de las mujeres más representativas de las ideas de izquierda en Colombia.
La concejala también consideró que “eliminar los ruidos” entorno a la corrupción, los nombramientos cuestionables y las polémicas mediáticas, le permitiría al gobierno de Petro fortalecerse y avanzar con más agilidad hacia sus objetivos, entre ellos, la aprobación en el Congreso de las reformas sociales, como la laboral y la de salud.
Según los resultados de la encuesta de la consultora Invamer divulgada a mitad de diciembre pasado, la desaprobación del presidente Gustavo Petro se ubicó en el 60%, mientras que la aprobación estaba en 34 por ciento, los mismos números que publicó esa encuestadora en agosto de 2024. La encuesta, que se hizo con 1400 personas en las cinco principales ciudades del país, también preguntó por ‘la paz total’, otra de las políticas bandera del Gobierno Nacional: el 64% de los encuestados consideró que esta va por mal camino y el 27 opinó lo contrario.
Algunos analistas políticos como el docente Garzón opinan los últimos “tropiezos” -como él denominó la reunión de gabinete, el manejo de la tensión diplomática con Donald Trump y de la crisis humanitaria en Catatumbo, perjudican al petrismo para crecer de cara a las campañas políticas que se vienen. “Hay una base petrista muy fiel, hay un número relevante de votantes que cree en la figura y el proyecto político que representa Petro y es muy difícil que ese grupo de gente lo abandone, serán unas 3.000.000 de personas, pero el impacto probablemente se vea más en las dificultades que tendrá la fuerza política para convencer para sumar votos”.
Por Lina Cuitiva
Los comentarios están cerrados.