Un escándalo sin precedentes por más de US$250 millones sacude al agro de Uruguay y hay decenas de argentinos damnificados

El sector agropecuario uruguayo quedó sacudido por un escándalo sin precedentes. Una megaestafa financiera, disfrazada de inversión en ganadería, dejó a miles de personas sin sus ahorros y con un vacío de más de 250 millones de dólares. Entre los más de 6000 afectados hay, al menos, 60 argentinos que también fueron víctimas del colapso de un sistema que, según los especialistas, operaba bajo un esquema Ponzi.

El fraude salió a la luz el año pasado cuando una de las tres empresas involucradas, Grupo Larrarte, fue denunciado, entre otras cosas, de apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa y lavado de activos. La firma entró al poco tiempo en concurso de acreedores. A partir de ahí, como en un efecto dominó, República Ganadera y, finalmente, Conexión Ganadera, también colapsaron. Esta última era el fondo ganadero más grande de Uruguay y manejaba alrededor de 400 millones de dólares de inversores de distintos tamaños.

Si bien son empresas distintas, no tienen relación entre sí, pero los especialistas explicaron que todas operaban con el mismo esquema: recibían dinero de terceros para “supuestamente” invertir en ganado. “Eran fondos ganaderos que captaban dinero, en general, de actores fuera del sector para actividades productivas en ganadería, ofreciendo tasas de interés muy por encima del mercado”, explicó Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Agromercados, en diálogo con LA NACION.

Las tasas de interés prometidas eran tentadoras. En algunos casos, indicó, como el de Grupo Larrarte, alcanzaban el 11,3% en dólares, cuando la ganadería tradicional ofrece rentabilidades del 3 al 4%. Lo que hacían era ofrecer como un bono en el que quien lo compraba adquiría ganado bovino que el grupo engordaba en campos. “Obviamente, era muy atractivo. Pero también era, a todas luces, un negocio muy riesgoso. Era claramente un esquema Ponzi”, agregó Tardáguila. Según detalló, eso le permitió a las firmas pagar intereses a los inversores mientras ingresaba dinero nuevo, pero una vez que se redujo el flujo de capitales, el sistema colapsó.

Grupo Larrarte fue el primero en caer a mediados del año pasado. Según detalló, era un fondo relativamente chico, de unos 20 millones de dólares, pero dejó expuesta la fragilidad del sistema. “El problema fue que esto generó una especie de corrida en el sector: la gente dejó de invertir no solo en Larrarte, sino también en otros fondos, y empezaron a retirar su dinero. Así cayó, entre noviembre y diciembre, República Ganadera, que manejaba unos 80 millones de dólares”, explicó Tardáguila.

El más grande de todos era Conexión Ganadera, que en teoría compraba ganado con el dinero de los inversores y luego les devolvía una renta fija de al menos un 7%. Sin embargo, a finales de noviembre pasado, uno de sus directivos, Gustavo Basso, sufrió un accidente automovilístico fatal. Manejaba su auto Tesla a 150 kilómetros por hora cuando chocó contra una maquinaria vial en la ruta 5. Este era un fondo de unos 400 millones de dólares.

“Se sabe que el mayor inversor tenía unos 12 millones de dólares, pero también hubo pequeños ahorristas que colocaron entre 20.000 y 30.000 dólares. En Conexión Ganadera había casi 5000 inversores afectados, mientras que en los otros fondos se contaban alrededor de 1000 más, sumando un total de entre 5500 y 6000 damnificados, incluyendo a argentinos”, dijo el experto uruguayo.

Uno de los problemas más graves fue la falta de regulación. “En Uruguay los negocios financieros están regulados por el Banco Central, pero estos fondos, al operar bajo el modelo de capitalización de ganado, no estaban regulados”, explicó Tardáguila. “No había ningún control que garantizara que, al invertir 30.000 dólares para comprar vaquillonas, el dinero efectivamente se usara para eso. En realidad, los fondos no compraban el ganado, sino que usaban la plata para pagar intereses a los inversionistas previos, un esquema Ponzi clásico”, agregó. Ahora se estima que, como mucho, los inversores podrán recuperar entre el 10% y el 15% de su dinero. Más allá de la cantidad de damnificados, lo que quedó en evidencia es la falta de regulación y el riesgo de la inversión sin control.

Carlos Esponda, abogado del estudio Dotta & Esponda, representa a unos 420 damnificados, de los cuales 60 son argentinos. También hay inversionistas franceses, españoles, estadounidenses e incluso un empresario indio. Aseguró que hay embajadores entre los afectados. “Son muchos afectados y mucho dinero. Hay gente que había puesto todos sus ahorros y ahora está con un futuro totalmente incierto, con los sueños rotos. Muchas personas mayores trabajaron toda su vida y confiaron en una empresa con 25 años de trayectoria, pero lo perdieron todo”, lamentó Esponda.

Entre los 60 afectados argentinos, algunos viven en la Argentina y otros son inversionistas que hace años se mudaron a Uruguay. Las sumas invertidas van desde 50.000 hasta 800.000 dólares. “Presentamos cerca de 50 denuncias penales que están siendo investigadas en la fiscalía. Lo que denunciamos es una estafa a través de un esquema Ponzi: el dinero de los nuevos inversores se usaba para pagar intereses y capital a los anteriores”, explicó el abogado.

Según detalló, República Ganadera dejó aproximadamente 1600 personas afectadas y tenía un activo de 80 millones de dólares, aunque en realidad solo quedaban 20, lo que significa un vacío de 60 millones de dólares. Conexión Ganadera, la más grande, contaba con 4200 inversores y un capital total de 400 millones de dólares. De esa suma, aparentemente solo quedaban 150 millones en activos.

“Son empresas distintas, no tienen relación entre sí, pero todas operaban con el mismo esquema: recibían dinero de terceros para supuestamente invertir en ganado”, señaló Esponda.

Además, precisó que, actualmente, las tres empresas están en concurso de acreedores por separado. En República Ganadera, hay una interventora; en Larrarte y Conexión Ganadera hay un síndico, que es la misma persona en ambos casos. Además, la causa penal sigue en curso en la fiscalía de lavado de activos. Ya se dispusieron medidas como el cierre de fronteras y la entrega de documentos a los representantes de las empresas.

También Esponda detalló que hay cooperación internacional con la Argentina y Paraguay porque se sospecha que se lavaba dinero a través de estas estructuras. Desde la Justicia ya se está pidiendo a los principales inversionistas que justifiquen el origen de sus fondos “Se estima que al menos el 30% de los afectados no se presentará a verificar sus créditos, justamente por distintas razones”, concluyó.