El exdirector del FBI se declara inocente en otra cruzada de Trump contra el Departamento de Justicia

WASHINGTON.- El exdirector del FBI, James Comey, se declaró inocente este miércoles ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, al enfrentar cargos por obstrucción de una comisión del Congreso y falso testimonio. La causa del detractor del presidente Donald Trump es uno de los procesos más observados y vuelve a poner en duda la independencia judicial.

La breve audiencia marcó un momento de alto voltaje político e histórico ya que reavivó las denuncias de que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) está siendo utilizado como un instrumento para perseguir a los adversarios del presidente Donald Trump.

La lectura de los cargos fue presentada por los abogados defensores defensores Patrick Fitzgerald, David Kelley y Jessica Carmichael, quienes entregaron la declaración formal de inocencia en nombre de Comey. Al frente del equipo acusador estuvieron Lindsey Halligan, actual asistente de la Casa Blanca designada por Trump como fiscal federal para el caso, y Nathaniel “Tyler” Lemons, fiscal del Distrito Este de Carolina del Norte.

El propio presidente Donald Trump celebró la acusación de Comey el 26 de septiembre y agradeció al director de la agencia por su labor. En su red social Truth Social, escribió: “Quiero agradecer a Kash Patel y a los extraordinarios miembros del FBI por su brillante labor en la reciente acusación formal contra el peor director del FBI en la historia de nuestro país, James ‘Policía Sucio’ Comey”. Trump añadió que el “entusiasmo del FBI fue increíble” porque “conocían a Comey como lo que es, un completo canalla”. “¡Justicia en Estados Unidos!”, agregó Trump y apuntó contra Comey, a quien describió como “uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto”.

La acusación de dos cargos, que fue presentada hace dos semanas, alega que Comey mintió al Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020, al negar que había autorizado a un asociado para servir como fuente anónima ante los medios de comunicación, y que además obstruyó un procedimiento del Congreso.

Comey, quien fue un crítico abierto del mandatario, rechaza las acusaciones y asegura que espera con interés el juicio. En la imputación no se identifica al supuesto asociado ni se precisa qué tipo de información habría sido compartida con la prensa, lo que dificulta evaluar la solidez del caso o comprender en detalle las acusaciones.

El origen del proceso está rodeado de controversias. Según fuentes judiciales, la presentación de cargos fue el resultado de una serie de presiones públicas y privadas de Trump hacia la secretaria de Justicia, Pam Bondi, para que actuara contra Comey y otros funcionarios a los que el presidente considera sus enemigos políticos.

En ese contexto, Trump reemplazó al fiscal jefe que supervisaba la investigación con Halligan, una abogada de la Casa Blanca sin experiencia previa como fiscal federal. La nueva funcionaria apresuró la presentación de la acusación antes de que venciera el plazo legal, pese a las advertencias internas de que las pruebas no eran suficientes para sustentar un caso sólido.

La defensa de Comey planea solicitar la desestimación del caso antes del inicio del juicio, bajo el argumento de que se trata de una “persecución selectiva o vengativa”, motivada por la animadversión personal de Trump hacia el exdirector del FBI.

El juez asignado al caso, Michael Nachmanoff, fue nombrado durante la administración del expresidente Joe Biden, lo que desató inmediatas críticas desde el entorno de Trump. El mandatario lo calificó como un “juez nombrado por el corrupto Joe Biden”.

Nachmanoff, conocido por su temperamento reservado y su trayectoria como defensor público federal, deberá conducir un proceso que ya ha sido interpretado por analistas y observadores internacionales como una prueba de fuego para la independencia judicial estadounidense.

La audiencia también tuvo un fuerte componente personal. Varios miembros de la familia de Comey asistieron al tribunal, entre ellos su hija Maurene Comey, quien había sido despedida meses atrás de su puesto como fiscal federal en Manhattan, y su yerno Troy Edwards Jr., quien renunció a su cargo en la Fiscalía del Distrito Este de Virginia apenas minutos después de que Comey fuera formalmente acusado.

Los allegados al exdirector describieron la situación como un “golpe profundamente injusto” contra un funcionario que, a su juicio, “solo buscó proteger la independencia del FBI frente a las presiones políticas”.

Aunque la acusación marca apenas el inicio de un largo proceso judicial, el Departamento de Justicia de Trump presentó el desarrollo como una victoria en sí misma, independientemente del resultado. Desde la Casa Blanca, insistieron en que el caso “demuestra que nadie está por encima de la ley”.

Sin embargo, una eventual absolución o desestimación también podría reforzar la narrativa contraria: la de que Trump está utilizando el sistema judicial como herramienta de represalia política.

Además de Comey, el Departamento de Justicia investiga a otros críticos del presidente, entre ellos la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador demócrata de California, Adam Schiff, ambos conocidos por haber liderado investigaciones sobre las finanzas y la conducta del mandatario republicano.

El caso Comey se convirtió en un símbolo de la polarización institucional que atraviesa a Washington. Para los aliados de Trump, representa un acto de justicia largamente demorado contra un funcionario que, según ellos, “traicionó” al país durante las investigaciones sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016. Para sus detractores, es un ejemplo claro de persecución política y erosión del Estado de derecho.

Agencias AP, AFP y ANSA