La extorsión y la violencia se expanden en Perú y marcan una elección atravesada por el pánico

LIMA.– Las calles son estrechas, las bocinas son una constante y el tránsito es caótico, como si los semáforos no lograran contener la masividad de los conductores, mototaxis y transeúntes que intentan circular en medio de un enjambre. Las construcciones son bajas y precarias, la mayoría prescinde de un revoque y los miles de cables de alta tensión colgantes dejan al descubierto la sobrecarga poblacional que sufre San Juan de Lurigancho. Una zona que comienza en la ladera de un cerro, pero que escala hasta donde no llega el transporte público, ni la policía.

El distrito más poblado no solo de Lima sino de todo Perú, cuenta con más de 1,2 millones de habitantes y tiene uno de los mayores índices de pobreza multidimensional de todo el país andino. Además, cuenta con dos establecimientos penitenciarios y uno de ellos, el Penal de Lurigancho, fue catalogado históricamente como el “más temido” de América Latina y actualmente sufre hacinamiento extremo.

El aumento de la presencia de grupos criminales en la zona intensificó el temor de los comerciantes, aquellos que se encuentran más afectados por el nuevo delito de moda, la extorsión. “Antes extorsionaban a los que tenían mucho dinero, ahora hasta al que vende galletas en la calle”, dice a LA NACION, Carlos, un repartidor de delivery de comida que circula con su bicicleta. Acto seguido pide reserva con su nombre, debido al temor a posibles represalias. El ciclista procede a explicar el modus operandi de las bandas delictivas, que extorsionan a los comerciantes y puesteros. Los criminales le “ponen un precio a tu vida y pasan a cobrar la cuenta”, a veces diariamente y a veces semanalmente, agrega.

“El daño es psicológico y constante, porque te amenazan con tu familia y con la muerte”, afirma Carla, empleada de una pollería cercana al Club Metropolitano Wiracocha. Sentada en una silla de plástico en la puerta del local, a la espera de un próximo cliente, cuenta que la situación se deterioró en los últimos años y que la policía no da abasto debido a la magnitud del distrito.

“Hay gente que la matan por cinco dólares”, afirma a LA NACION Juan, un chofer de colectivo preocupado por la inseguridad y por la pérdida del poder adquisitivo de los peruanos trabajadores. El año pasado, participó de las marchas denunciar que siguen siendo víctimas de extorsiones y aunque reconoce que los crímenes han bajado, las amenazan continúan.

Pero la situación no es excepcional, sino que se repite en muchos de los 43 distritos que conforman a provincia de Lima. Es por esto que Perú llega al balotaje de este domingo, en el que se enfrentan Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Junto por el Perú, con una sensación extendida de incertidumbre que atraviesa la vida cotidiana. No se trata solo de la disputa política ni de la fragilidad institucional que marcó los últimos años, sino del temor a la violencia y la dificultad para sostener el ingreso. El miedo y el bolsillo se consolidaron como los dos grandes ejes que explican el malestar social y que prometen condicionar el voto.

En los últimos años, la inseguridad dejó de ser un problema acotado para transformarse en una preocupación central. Las cifras reflejan un deterioro sostenido: en 2025 se registraron 2213 homicidios, el nivel más alto en años, con un promedio de más de seis asesinatos por día. La tasa nacional también creció hasta 10,7 homicidios cada 100.000 habitantes, consolidando una tendencia ascendente que alarma tanto a especialistas como a los ciudadanos de a pie.

Sin embargo, el fenómeno no se explica únicamente por la cantidad de crímenes, sino por su naturaleza. Las extorsiones se expandieron de manera explosiva, con aumentos de hasta 379% desde 2021 y subas cercanas al 30% interanual en las denuncias más recientes. Este tipo de delito alteró el funcionamiento de sectores enteros de la economía. Transportistas, comerciantes e incluso instituciones educativas comenzaron a operar bajo amenazas de organizaciones criminales y el impacto de esta violencia se volvió tangible.

Más de 50 conductores de transporte fueron asesinados en conflictos vinculados a extorsiones, mientras que cientos de escuelas recibieron amenazas y muchas debieron cerrar temporalmente. En ciudades como Lima y Callao (la ciudad portuaria donde los tentáculos del narcotráfico han conquistado territorio), la inseguridad se convirtió en parte de la rutina diaria. El resultado es una sensación generalizada de vulnerabilidad que atraviesa todos los niveles sociales y se consolidó como la principal preocupación ciudadana.

Frente a este escenario, la respuesta estatal no logró revertir la tendencia. Durante 2025, el gobierno recurrió a estados de emergencia y a la militarización de zonas críticas, pero los resultados fueron limitados. Al mismo tiempo, el aumento de la violencia alimentó protestas en distintas regiones del país, muchas de ellas impulsadas por jóvenes que también canalizaron reclamos contra la corrupción y el sistema político. Las manifestaciones dejaron decenas de heridos y al menos una víctima fatal, reflejando un clima social cada vez más tenso.

Malestar y pobreza

La inestabilidad política tiene un efecto directo sobre los indicadores sociales. “Perú, que era un ejemplo en reducción de la pobreza hace unos 15 años, hoy es uno de los pocos países de la región que aún no logra regresar siquiera a los niveles de pobreza prepandemia”, advierte Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú. La economista señala que este retroceso responde a un “abandono” desde las políticas públicas, pero también desde la sociedad civil y el sector privado, en un contexto en el que la pobreza se mantuvo elevada tras la pandemia y se agravó con la inflación de 2022 y la recesión de 2023. Así, pese a dos años de crecimiento económico superiores al 3% y a un aumento del presupuesto de programas sociales, “hoy todavía estamos 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel de pobreza del 2019”.

Además, subraya que el fenómeno cambió. “La pobreza de hoy es distinta, más urbana (mucho mayor en Lima metropolitana) y con una altísima inseguridad alimentaria”, y muestra menor capacidad de respuesta al crecimiento debido a la falta de generación de ingresos y empleo de calidad.

La economía peruana presenta una paradoja que profundiza el malestar y Juan José Marthans, exdirector del Banco Central de Perú, la explica como el resultado de una combinación de “una excelente macroeconomía, una sociopolítica complicada y progresos muy parciales en materia de bienestar”.

El país mantiene cierta estabilidad ya que el crecimiento del PBI se ubica entre 2,6% y 2,8% anual y la inflación se mantiene dentro del rango meta del Banco Central. A su vez, la inflación se encuentra dentro de los parámetros esperados y proyectados por el Banco Mundial. Sin embargo, estos indicadores no se traducen en una mejora perceptible en la vida cotidiana.

En este escenario, Trivelli advierte que las respuestas de política pública no han acompañado las transformaciones. “A pesar de que sabemos que la pobreza cambio (de geografías, de características) las políticas sociales son las mismas que hace 10 años… y por ello su impacto (que es positivo) es insuficiente”.

De cara a un nuevo gobierno, Trivelli sostiene que las propuestas en disputa no implican un giro significativo. “Ambos candidatos proponen ampliar programas y mejorar beneficios, pero ninguno tiene una estrategia audaz, ni que reconozca las nuevas características de la pobreza”. Mientras Fuerza Popular apuesta a que el crecimiento económico reduzca la pobreza, Juntos por el Perú enfatiza la redistribución, aunque “ambos con propuestas convencionales”. En ese marco, advierte que el principal riesgo es la inercia, “que se limiten a sostener lo que hay”.

Marthans concuerda con el análisis de Trivelli en que ninguna de las propuestas electorales parecen tener planes útiles y resolutivos. “Perú requiere disciplina y seriedad en lo político, nuestra izquierda y derecha son lo mismo en cuanto a mediocridad y corrupción“, dice a LA NACION. ”El político le rinde cuentas al político. Eso es una farsa, un engaño”, afirma el Director del Departamento de Economía del PAD, escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de Piura. “La carente institucionalidad ha sido el mejor caldo de cultivo para que se desarrolle la presencia de grupos criminales”, agrega.

“La pobreza y la inseguridad son sin dudas los grandes problemas que ahogan al país hoy”, asegura a LA NACION Alessandra, una empleada municipal del distrito de Ate. En la vereda de la calle Lolo Fernández, afirma que la criminalidad creció desde la llegada de Dina Boluarte a la presidencia en 2022 y que necesitan “mano dura” para ordenar la situación. Pilar, la joven que se encuentra con ella, tiene 30 años y considera que la única manera de salir de la pobreza es con trabajo. “El ingreso de empresas privadas y el aumento de la exportación podrían hacer crecer la economía y potenciar el mercado laboral. Así la gente podría progresar”, dice.

Ambas problemáticas, además, están profundamente vinculadas. El aumento del crimen encuentra parte de su explicación en el deterioro de los ingresos tras la pandemia, la expansión de economías ilegales y la falta de oportunidades en sectores vulnerables. La inseguridad dejó de ser un problema exclusivamente policial, sino que contempla la cuestión social y económica.