Cada 28 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Archivista, una fecha que reconoce la labor de quienes preservan, restauran, conservan y difunden documentos que forman parte de la historia y la memoria de las instituciones y de la sociedad.
Una fecha para reconocer la historia documental
El Día del Archivista se conmemora en memoria del decreto establecido el 28 de agosto de 1821 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro, Bernardino Rivadavia, mediante el cual se creó el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires.
En 1884, un día después de cumplirse el aniversario número 63 de su creación, el organismo adquirió carácter federal y pasó a denominarse Archivo General de la Nación, institución que actualmente cumple 205 años.
Una profesión que protege la memoria
La labor del archivista va más allá de ordenar y conservar documentos. Estos profesionales intervienen en la organización, preservación, restauración y puesta a disposición de información que permite conocer la historia de las instituciones y garantizar derechos.
Cada expediente, registro o documento puede contener información necesaria para comprender procesos, reconstruir acontecimientos y facilitar el acceso a antecedentes que forman parte del patrimonio documental.
En la Administración Pública Provincial, esta tarea también comprende los procesos de reordenamiento de los archivos que integran el Sistema Provincial de Archivos (SIPAR). Estos procedimientos permiten organizar la documentación, optimizar los espacios destinados a su guarda y establecer criterios para determinar qué documentos deben conservarse.
En este marco, el Ministerio de Gobierno, mediante la Secretaría de Relaciones Institucionales y a través del SIPAR y el Archivo General de la Provincia, puso en vigencia la nueva “Tabla de Retención de Plazos mínimos de Conservación Documental Común a toda la Administración Pública Provincial” (TRDC).
Esta normativa técnica establece los períodos de guarda de los documentos y define su disposición final. De esta manera, permite determinar qué documentación puede ser eliminada y cuál requiere conservación permanente o precaucional por su valor administrativo, legal o histórico.
El reordenamiento y la evaluación documental forman parte de un proceso que alcanza a los archivos de los organismos que integran el Sistema Provincial de Archivos. La intervención de profesionales especializados permite identificar la documentación que debe preservarse y avanzar con la disposición de aquella que cumplió su ciclo administrativo y no posee valor permanente.
Durante 2026, estos procesos se reflejaron en distintos operativos de expurgo y disposición de documentación. En abril, el Gobierno eliminó cerca de 300 kilos de papel de expedientes que habían cumplido su ciclo administrativo dentro del Ministerio de Gobierno.
En junio, el trabajo conjunto con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable permitió profundizar las acciones de modernización y gestión documental en el Ministerio de Educación. En agosto se lleváron a cabo dos procesos de reordenamiento y evaluación documental. Por un lado, en el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes se logró retirar 4414 expedientes, lo que se tradujo en una tonelada de papel distribuida en 91 cajas. Por otro lado, en el Departamento de Hidráulica se retiraron tres toneladas de papel para su tratamiento.
Estas acciones permiten liberar espacios, ordenar la documentación y avanzar hacia una gestión más eficiente, sin perder de vista la conservación de aquellos documentos que poseen valor administrativo, legal, histórico o cultural.
Así, la labor archivística contribuye tanto a preservar la memoria documental como a mejorar los procesos de gestión. Ordenar, evaluar, conservar y facilitar el acceso a la información son tareas que permiten que los documentos de hoy puedan seguir siendo consultados y utilizados en el futuro.
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