El inicio del libro con el cual los flamantes premios Nobel de Economía Daron Acemoglu y James Robinson se hicieron famosos más allá de la academia, Por qué fracasan los países, podría haber estado escrito por nuestro propio aspirante a premio Nobel, Javier Milei.
En referencia concreta a Egipto, se aduce que ese país es pobre “porque fue gobernado por una élite exclusiva que ha organizado la sociedad para su propio beneficio, a expensas de la gran masa de la gente.” Si bien no se menciona la palabra “casta”, la idea está implícita en todo el libro.
El argumento, simplificado, de Acemoglu y Robinson (quienes compartieron el premio Nobel con Simon Johnson) es que algunos países tienen instituciones económicas inclusivas, en las que los individuos tienen incentivos para invertir e innovar, porque saben que van a poder disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Para ello, se requiere que se respeten sus derechos de propiedad y se tenga, en sentido amplio, libertad de comercio. Estos países logran crecer en forma sostenida.
Otros países, en cambio, tienen instituciones económicas extractivas. Si una persona o un empresario espera que sus productos o sus ganancias sean robados o expropiados (en sentido amplio), o que tenga que coimear funcionarios y pasársela haciendo trámites, tendrá poco incentivo para invertir, a innovar y/o a trabajar. Esos países, por lo tanto, son pobres.
El recientemente publicado Índice de Libertad Económica en el Mundo, del Fraser Institute, un think tank canadiense, con datos de 2022, nos da una aproximación de cuán extractivas son las instituciones económicas en la Argentina. Nuestro país está en el puesto 159 entre 165. Solo “nos superan” Myanmar, Algeria, Siria, Sudan, Zimbabue y la República Bolivariana de Venezuela.
Para construir este índice, el Fraser Institute incluye variables agrupadas en cinco categorías, asociadas a: 1) el tamaño del gobierno y el peso impositivo; 2) el sistema legal y la defensa de los derechos de propiedad (incluyendo cuán independiente es la justicia); 3) la estabilidad de precios (describen a la inflación como una expropiación); 4) la libertad de comerciar internacionalmente, y 5) las regulaciones crediticias, laborales, a la competencia y otras (burocracia, dificultad del sistema impositivo, regulaciones, etcétera).
La Argentina ocupa la posición 111 en cuanto al tamaño del gobierno, la 85 en cuanto al sistema legal, la 162 en estabilidad de precios, la 155 en libertad de comercio internacional y la 148 en regulaciones.
A la luz de estas apreciaciones, está claro que el núcleo del programa del gobierno de Milei está muy bien encaminado. La reducción del peso del Estado para hacer caer la inflación –y, esperemos, también la carga impositiva–, la disminución de las trabas para el comercio internacional, la desregulación y la desburocratización constituyen el núcleo del programa libertario. Es de esperar que la Argentina logre un progreso importante en su índice de libertad económica en los próximos años, lo cual vendrá acompañado de la recuperación del crecimiento económico, luego de 14 años de estancamiento.
Acemoglu y Robinson, sin embargo, nos dejan también al menos un par de reflexiones sobre las limitaciones que puede tener el proceso.
La primera reflexión es que las instituciones económicas están ligadas a las instituciones políticas de un país. Son los incentivos y las restricciones que enfrentan los políticos los factores que determinan cuán inclusivas o extractivas son las instituciones económicas. El entramado de instituciones extractivas que dio lugar al estancamiento argentino no salió de un repollo. Surgió de la interacción de presidentes, legisladores, gobernadores, empresarios, sindicalistas, asociaciones profesionales, jueces y otros, en el marco de un juego democrático con ciertas reglas de juego.
Esto nos hace pensar en la sostenibilidad de los cambios impulsados por el actual gobierno. La Argentina es la reina de la inestabilidad de las reglas de juego. Presenta, de hecho, una de las volatilidades más altas en el Índice de Libertad Económica, que se realiza desde 1970. Nos cerramos con el peronismo de 1973 a 1975, liberalizamos tímidamente con el gobierno militar, volvimos a perder libertad económica con Alfonsín, nos liberalizamos muy fuertemente con el peronismo de Menem, nos cerramos con el de Duhalde-Néstor-Cristina, liberalizamos tímidamente con Macri y nos volvimos a cerrar con Fernández-Fernández.
Esta volatilidad ocurre por la deficiencia de nuestras instituciones. Una de ellas, como describimos con Sergio Berensztein en el libro titulado, parafraseando a Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan todos los gobiernos, es la interacción entre nuestro sistema electoral y el de coparticipación, en el marco de un régimen que da ventajas al peronismo. El sistema fiscal federal hace que los gobernadores, sobre todo de provincias más pobres y sobrerrepresentadas en el Congreso, dependan del dinero del gobierno nacional. A su vez, el sistema electoral de listas cerradas multimiembro a nivel provincial hace que los legisladores sean dependientes de los gobernadores.
El resultado, sobre todo cuando gobierna el peronismo, es que el Congreso se convierte en una escribanía, en lugar de ocupar el rol de un poder independiente que le quiso otorgar la Constitución Nacional. Es decir, mismo si se restringe el alcance de los vetos presidenciales, tal como se está debatiendo estos días, el próximo gobierno puede llegar a dar vuelta todas las reformas sin oposición legislativa. La persistencia de Cristina Kirchner como líder del peronismo seguramente haga dudar a más de un empresario antes de hundir capital en el país.
En síntesis, para consolidar las reformas económicas y no repetir las idas y vueltas del pasado, es importante introducir cambios en nuestro régimen electoral y en el régimen fiscal federal.
La segunda reflexión de Acemoglu y Robinson que nos hace pensar sobre la necesidad de reforzar o enmendar el proceso que estamos viviendo, es que ellos argumentan que las instituciones económicas inclusivas requieren respeto a los derechos de propiedad y oportunidades económicas no solo para la elite, sino para toda la sociedad.
Y para ello se necesita, como desarrollan mucho más detalladamente Acemoglu y Robinson en un segundo libro, El pasillo estrecho. Estados, sociedades y como alcanzar la libertad, transitar un estrecho pasillo provisto por un Estado controlado, evitando caer en uno ausente o en uno despótico o totalitario.
En un Estado ausente o fallido, como en Haití y en gran parte de África, no hay ley, y por lo tanto no hay protección de la vida y de la propiedad, especialmente para los más débiles. El Estado no tiene capacidad alguna para lograr sus objetivos y hacer cumplir la ley, y los individuos no pueden emprender libremente. En un Estado despótico, por el contrario, existen leyes y orden, pero no hay forma de controlar a los gobernantes, lo que lleva a una concentración de poder en manos de unos pocos, y pocas oportunidades para la mayoría. La ley no es la misma para todos.
En un Estado controlado, por el contrario, hay un balance de poder entre Estado y sociedad. El Estado es capaz para hacer cumplir sus objetivos, y está sujeto al control de la sociedad civil. La prosperidad y el crecimiento económico en un Estado controlado surge, según señalan Acemoglu y Robinson, de cuatro principios básicos: 1) incentivos para invertir, experimentar e innovar, con un Estado que haga respetar los derechos de propiedad; 2) la existencia de oportunidades económicas ampliamente distribuidas en la población, con un Estado que ayude a igualar las condiciones para todos los habitantes; 3) un sistema justo de resolución de conflictos y de aplicación de la ley, y 4) “infraestructura” para hacer cierta esa igualdad, incluyendo los rubros educación y otros servicios públicos.
El gobierno de Javier Milei, por ahora, está desenmascarando ese cuarto tipo de Estado que describen Acemoglu y Robinson refiriéndose concretamente al caso argentino: el del Estado de papel. Un Estado cooptado por la casta, que tiene características similares al Estado fallido, débil para resolver conflictos, hacer cumplir la ley y proveer servicios básicos como la educación, y al Estado despótico, sin control por parte de la sociedad.
Es un primer paso, necesario. Pero luego debemos repensar cómo construir un Estado fuerte, no grande, capaz de brindar las prestaciones que nos permitan en forma sostenida mantenernos en el estrecho pasillo que lleva al desarrollo económico, incluyendo una justicia independiente, protegiendo derechos de propiedad y brindando oportunidades a todos.
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