El Gobierno niega un acuerdo con los K por el pliego de Ariel Lijo y lanza una advertencia a la Corte Suprema de Justicia

En la Casa Rosada juran que los movimientos en torno al pliego del juez federal Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y la repentina firma en el dictamen que estampó la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, flamante vicepresidenta del PJ e incondicional K, no responden a que el Gobierno haya alcanzado un acuerdo con el kirchnerismo para su nombramiento.

Mientras le dan forma a la idea de avanzar con los nombramientos por decreto y hasta trazan un eventual escenario de conflicto con el Alto Tribunal -y con una seria advertencia- en caso de que no se les tome juramento a los candidatos, buscan despejar la versión de un pacto. Más: para desmarcarse, dicen que se trata de una maniobra de Cristina Kirchner para presionar a que Javier Milei desista de la designación de Manuel García-Mansilla y que el académico sea reemplazado por una mujer impulsada por la ex mandataria, una medida que en el triángulo de hierro del Presidente descartan de plano: “Se mantiene nuestra premisa de que son los dos ó ninguno”, enfatizan.

“¿Quién puede pensar que está arreglado con nosotros que se mueva el pliego de ellos y no el nuestro?”, replica una fuente inobjetable del Gobierno al rebatir las especulaciones de un supuesto pacto con Cristina para impulsar al magistrado. “No hay ningún acuerdo. En todo caso se habrá movido bien Ariel (por Lijo) ó ellos se querrán quedar con los dos jueces”, insiste la misma voz.

Abona esta última teoría la definición que este martes, en diálogo con CNN Radio, ofreció el jefe del bloque K en el Senado, José Mayans, cuando justificó la firma de Corpacci como “un acto de decir que estamos dispuestos a conversar”.

“Ellos dicen que son 39 (senadores), bueno nosotros somos 33. Para que haya un acuerdo, obviamente pueden poner uno ellos y el otro lo ponemos nosotros. Hicimos un gesto, ahora el Gobierno tiene la palabra. Tiene que definir cuál va a ser su persona”, concluyó el formoseño, espada parlamentaria del gobernador Gildo Insfrán, que avisó que “todavía no están cerrados los dos tercios (necesarios para que se apruebe en el recinto) para nadie”.

En Casa Rosada tomaron las declaraciones de Mayans como una validación de que no hay acuerdo: “Si piensan que vamos a sacar a García Mansilla y se quedan con los dos jueces están locos”, exageró otro alto funcionario, desechando la propuesta del senador de que se designe “a una mujer que tenga la visión que nosotros (por el kirchnerismo) tenemos del Estado”. En Balcarce 50 insisten con el plan de aislar a la tropa ultra cristinista y negociar con los gobernadores peronistas: “Los que están con ella, incondicionales y camporistas, son entre 15 y 18, no más. Por eso decimos que es difícil pero no imposible lograr los 48 votos sin acuerdo con Cristina”.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, abrió el juego a que los gobernadores opinen por los jueces federales para tribunales de todo el país. La invitación parece menor pero no lo es: detrás de la oferta se esconde el mensaje de que, al igual que Lijo y García-Mansilla, esos magistrados tan codiciados también pueden ser designados por decreto.

Al Gobierno no le sorprendió la decisión de Corpacci que trascendió el jueves pasado, pero sí motivó reuniones en las que el asesor presidencial Santiago Caputo volvió a transmitir que Milei no se mueve de su postura de que completará la Corte con ambos magistrados. “Queremos que sea por el camino de designación natural, pero la propia Constitución en el artículo 99 habilita a que podamos designarlos por decreto. Y está claro que con tres miembros no puede funcionar”, advierten.

En efecto, desde el 29 de diciembre, cuando Juan Carlos Maqueda alcance los 75 años y proceda con su jubilación, el Alto Tribunal quedará integrado por su presidente, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno reconoce tener un vínculo tirante con los dos primeros.

Sin margen para que se aprueben antes del 30 de noviembre, el Gobierno no descarta incluir los pliegos de Lijo y García-Mansilla para forzar a que se traten en sesiones extraordinarias. Quienes aconsejan esto al Presidente plantean que es una buena forma de dejar en claro que desde el Gobierno “se agotaron todas las instancias para que el Congreso se expida” antes de que Milei firme un decreto con los nombramientos de ambos juristas.

Es una maniobra tan audaz como controvertida que el Gobierno está dispuesto a ejecutar si no salen los dos pliegos. “¿Qué pasa si Rosatti, como trascendió, se opone a tomarle juramento?”, preguntó Clarín a un encumbrado funcionario en Casa Rosada. “Es causal de juicio político, porque la ley no dice que puede, sino que debe hacerlo”, fue la respuesta inmediata.

Fuentes del Alto Tribunal recordaron ante la consulta de este diario que no es Rosatti el que dispone si se le toma ó no juramento a un ministro. “El presidente es solo el representante institucional del cuerpo colegiado. Significa que tienen que hacer una Acordada todos los miembros de la Corte y lo que decida la mayoría, se hace”, aclararon.

Se trata de un formalismo, ya que a partir de una acordada durante la actual gestión se estableció que para los temas de administración, como este hipotético caso, si hay tres miembros, se logra mayoría con dos y no requiere unanimidad como se mantiene con los fallos.