¿Compasión o coacción? El emotivo debate británico sobre la muerte asistida.

SEWSTERN, Inglaterra — Sarah Tarlow tuvo la sensación de que algo andaba mal tan pronto como abrió la puerta de entrada y llamó a su marido postrado en la cama.

En lugar del sonido de la radio que normalmente resonaba en su habitación, la casa estaba envuelta en silencio.

Incapaz de mover las piernas, incontinente, con problemas de visión, sin sentido del gusto ni del olfato, su pareja de más de dos décadas, Mark Pluciennik, había tomado una sobredosis letal de drogas.

Como en Gran Bretaña es ilegal ayudar a alguien a morir por suicidio, Pluciennik, que sufría una enfermedad neurológica no diagnosticada, eligió una de las raras ausencias de su esposa, en mayo de 2016, para quitarse la vida, protegiendo a Tarlow de un posible procesamiento.

Pero eso significaba morir completamente solo.

“Creo que fue enormemente valiente lo que hizo.

“No estoy segura de que yo pudiera ser tan valiente”, dijo Tarlow, profesora de arqueología histórica en la Universidad de Leicester, mientras tomaba café en su casa en un pueblo cubierto de nieve a 30 kilómetros de Leicester, en las Midlands de Inglaterra.

“Creo que fue algo valiente, creo que fue algo amoroso”.

Incluso los británicos que van al extranjero a morir (por ejemplo a Suiza, donde la ley es más permisiva) deben hacerlo solos para proteger a sus familias.

Con una creciente conciencia de estos casos, los legisladores británicos tienen previsto votar el viernes si se permite la muerte asistida en circunstancias limitadas.

El proyecto de ley, presentado por una legisladora laborista, Kim Leadbeater, impondría condiciones estrictas, demasiado restrictivas para cubrir el caso de Pluciennik.

Las únicas personas elegibles serían aquellas de 18 años o más en Inglaterra o Gales que hayan recibido un diagnóstico terminal y se les haya dicho que no les quedan más de seis meses de vida.

Los medicamentos letales tendrían que ser autoadministrados, y dos médicos y un juez tendrían que aprobar la decisión.

De todos modos, esta sería una pieza legislativa histórica en Inglaterra y Gales, donde la ley trataba el intento de suicidio como un delito hasta 1961.

(Se aplican leyes diferentes en Escocia e Irlanda del Norte.)

Algunos comparan el cambio con la legalización del aborto en 1967 y la abolición de la pena de muerte en 1969.

La muerte asistida es legal en un puñado de países europeos, Canadá y Nueva Zelanda, y en 10 estados de EE.UU. y el Distrito de Columbia.

El gobierno laborista se mantiene neutral en el tema, y ​​los legisladores tienen libertad para votar como quieran, lo que hace imposible predecir el resultado.

Si bien se espera que muchos ministros de alto rango apoyen la medida, dos de los más destacados -el secretario de salud, Wes Streeting, y la secretaria de justicia, Shabana Mahmood- se oponen.

Streeting dijo que el inestable servicio nacional de salud del país incurriría en nuevos costos si tuviera que capacitar al personal para lidiar con la muerte asistida.

También cree que los cuidados paliativos en Gran Bretaña no son lo suficientemente buenos, lo que significa que algunos pueden sentir que no tienen otra alternativa práctica que terminar con sus vidas prematuramente.

El primer ministro Keir Starmer no ha dicho cómo emitirá su voto, pero cuando se debatió el tema por última vez en 2015, votó a favor.

Los legisladores rechazaron la política entonces por 330 a 118.

Una clara mayoría de los británicos apoya el principio de la muerte asistida, con un 65% a favor y un 13% en contra, según una encuesta.

Pero ese apoyo es “absolutamente contingente” a fuertes salvaguardas, dijo Luke Tryl, director británico de More in Common, la organización de investigación que realizó la encuesta.

Para los votantes, la protección más importante era “la prueba de que alguien no está siendo presionado”, dijo.

Los líderes religiosos se han pronunciado en contra de los cambios propuestos y los opositores temen que la legislación pueda llevar a que los británicos se vean obligados a terminar con sus vidas o a hacerlo por culpa de la carga física o financiera que su cuidado supone para sus familiares.

“Creo sinceramente que el riesgo es la presión de la autocoerción”, dijo Liz Carr, actriz y activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Algunas personas, dijo, podrían pensar:

“Mi familia tiene que cuidarme, soy incontinente, no quiero gastar todo el dinero que he ahorrado a lo largo de los años en cuidados, sería mejor para quienes me aman no verme así, haré lo que corresponde”.

Carr, que es más conocida en Gran Bretaña por su papel en un drama policial de la BBC, “Silent Witness”, ha estado enferma desde los 7 años con una enfermedad poco común, y ha usado una silla de ruedas desde los 11.

Teme que si se aprueba la ley, su alcance se ampliará y que supondrá un riesgo para las personas con enfermedades complejas.

“Una vez que cruzas esa línea e incluso votas sí a considerarla, todo cambia porque terminar con tu vida médicamente se convierte en una posibilidad”, dijo.

Carr, que recientemente realizó un documental de la BBC sobre el tema titulado “Better Off Dead?”, cree que muchos médicos y jueces —que deberían tomar decisiones clave— comparten un prejuicio social inconsciente y generalizado contra las personas mayores o discapacitadas, valorando sus vidas menos que las de los demás.

Los pacientes con necesidades médicas complejas podrían ser más propensos a aceptar terminar con sus vidas en momentos difíciles.

c.2024 The New York Times Company