acusaciones cruzadas entre el Gobierno y el jefe de los empleados rurales por el manejo de la obra social del sindicato

El Gobierno denunció un posible desfalco en la obra social de los peones rurales por más de $ 3.350 millones. La presentación se hizo este miércoles a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) durante una audiencia en la Cámara Federal de La Plata, en el marco de una investigación contra el secretario de la Uatre, sindicato de estibadores rurales, José Voytenco, apuntado en la Justicia por lavado de dinero.

Desde el sindicato, no obstante, rechazaron la denuncia, que se hizo durante la audiencia por un juicio paralelo, y aseguraron que Voytenco no se encontraba al frente de la obra social en el momento en el que los denunciantes plantean el supuesto desfalco. “Durante las fechas consignadas, Osprera se encontraba intervenida por lo cual, el actual secretario general de Uatre, José Voytenco, no tenía responsabilidad alguna sobre los manejos que allí se hicieran”, argumentan

Osprera, la obra social en cuestión, fue intervenida a partir de la investigación que se lleva adelante en la Justicia. A principios de 2023, un juez de Santa Rosa (La Pampa) ordenó la primera intervención judicial por la gestión de $ 3.350 millones. “La rendición de esos fondos se presentó el 7 de diciembre y se aprobó un día después, por eso sospechamos que hubo una administración irregular”, aseguraron fuentes de la SSS, desde donde radicaron la denuncia.

Según el sitio web Infobae, poco más de un año duró la intervención inicial, pero luego el Gobierno siguió investigando y decidió otra nueva a través de un decreto que llevaba la firma del presidente Javier Milei. Pero fue el juez de Santa Rosa, Juan José Báric el que suspendió esa segunda intervención.

Tras ello, hubo una denuncia en la Justicia contra Voytenco, que quedó a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que ordenó el embargo de los bienes y la inhibición de las cuentas de Voytenco, y suspendió a todo el directorio de la obra social. En ese momento, el juez autorizó a la Superintendencia de Servicios de Salud a adoptar durante 120 días medidas de control y gestión sobre la obra social. “Este movimiento busca salvaguardar los derechos de los afiliados y asegurar la transparencia”, apuntaron en la Justicia.

En paralelo, Villena hizo un lugar a un recurso presentado por los abogados de la Superintendencia y revocó una decisión que había tomado su subrogante Juan Pablo Augé, que había avalado un pedido del fiscal Sergio Mola y motivó un intercambio de amparos en esa causa. “Lo actuado por el Dr. Augé, en este corta pero ajetreada intervención, produjo confusión en el expediente y desconfianza de las partes en su capacidad para administrar justicia”, respondió Villena. En la misma resolución, le pegó duro al fiscal. “Lejos de cumplir con su misión como Fiscal, busca paralizar la presente investigación, utilizándola únicamente para intentar agraviar a este Magistrado mediando el uso de suposiciones sin sentido”, declaró.

El trasfondo incluye también una discusión sindical, con una denuncia contra Voytenco llevada a cabo por otro dirigente, Marcelo Andrada. En la misma se plantea que Voytenco o podría haber utilizado su posición de poder en Uatre para favorecer su propio crecimiento patrimonial, incompatible con sus ingresos declarados. Y se enumera que entre los activos mencionados en la investigación aparecen una propiedad valuada en más de US$ 1.000.000, en Cañuelas, y una colección de relojes de lujo con un valor aproximado de US$ 150.000.

Desde Uatre salieron a rechazar la denuncia de manera tajante. “Durante las fechas consignadas, Osprera se encontraba intervenida por lo cual, el actual secretario general de Uatre, José Voytenco, no tenía responsabilidad alguna sobre los manejos que allí se hicieran”, sostuvieron.

Y se explayaron sobre cuál fue la etapa en la que sí estuvo Voytenco al frente de la intervención. “Desde que Voytenco es secretario general de este sindicato tuvo responsabilidad sobre Osprera solo un total de 104 días (1 al 31 julio 2024 / 1 al 6 y 21 al 31 de agosto 2024 / 1 al 30 de septiembre 2024 / 1 al 26 de octubre 2024). El período de tiempo restante Osprera se encontraba intervenida judicialmente”.

Y agregaron que “durante estos 104 días José Voytenco comenzó a implementar un plan de saneamiento sobre la obra social, con resultados tangibles que benefician a los afiliados. Siempre fue su intención hacerlo y busca seguir en ese camino”. También se diferenciaron de la etapa de la intervención. “Osprera fue intervenida judicialmente por primera vez el 2/3/2023 debido a denuncias por irregularidades detectadas durante la administración a cargo de su ex vicepresidente -en el cargo desde 2020- Pablo Ansaloni, quien terminó removido de su cargo”, afirmaron.

Y luego deslegitimaron la denuncia de la SSS. “Esta “denuncia” que trasciende surge de un comentario realizado intempestivamente por el abogado de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación durante una audiencia en la que el abogado presente de la UATRE acusara que tanto él como los representantes de la SSS se encuentran denunciados por desobediencia y defraudación por más de 60 millones de pesos durante las últimas dos semanas”, apuntaron, cruzando acusaciones.

Sobre ello, agregaron: “El abogado de la SSS será debidamente denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario público dado que habría ocultado información sensible para la causa“. Y aclararon que “al día de la fecha, Osprera sigue intervenida con problemas concretos para sus afiliados que van desde falta de medicamentos, corte de prestaciones y rechazos de internaciones”.