A partir del consumo de enero, el Gobierno confirmó que el servicio de gas subirá 1,82% y la electricidad, 1,6%. El objetivo del Ministerio de Economía es comenzar a autorizar subas finales en las boletas por debajo del ritmo de devaluación del 2% mensual, aunque no se descarta que haya incrementos mayores cuando pase el verano y se avance con la quita de subsidios. De hecho, en electricidad, la Secretaría de Energía implementará a partir de febrero diferenciaciones más marcadas de tarifas para los consumos “en pico” o “en valle”, que establece precios distintos según la hora del día en que se consume.
Todos los meses, el ministro de Economía, Luis Caputo, da la autorización final para aplicar el porcentaje del aumento tarifario. No hay una fórmula establecida, ya que el objetivo actual de la gestión económica es bajar la inflación. Por eso, todos los meses, el equipo técnico de Energía le lleva propuestas al ministro para actualizar las tarifas sin que los aumentos tengan mucho peso en el índice de precios, pero que al mismo tiempo las subas permitan que el valor no se atrase con relación a la inflación y a la devaluación mensual.
El precio de las boletas de gas y electricidad está compuesto por tres servicios más los impuestos. Reflejan el costo de generación eléctrica o producción de gas, que está subsidiado; el costo de transportar esa energía a los centros de consumo, y el de distribución, que permite que cada hogar tenga el servicio. Luego, alrededor de un 25% del precio final se explica por los impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Los aumentos previstos para el próximo mes, que ya obtuvieron la firma de la secretaria de Energía, María Tettamanti, implican una aumento de 2,5% para las empresas distribuidoras y transportistas de gas, y de 4% para las de electricidad. También habrá una actualización del precio del gas en punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), mientras que el valor estacional de la energía eléctrica (PEST) no se tocará. Todo dará la suba final promedio en las boletas de 1,82% en gas y de 1,6% en luz.
Durante enero y febrero, a su vez, el plan de la Secretaría de Energía es convocar a audiencias públicas para hacer cambios en los esquemas de subsidios. El objetivo es reducir los tres grupos de usuarios actuales –altos ingresos (N1), bajos (N2) y medios (N3)– a solamente dos: los que reciben subsidios y los que no.
La idea del Gobierno es avanzar en mayo con la quita de subsidios. Actualmente, integran el grupo de N2 aquellos hogares que tienen ingresos netos menores a una canasta básica total, que actualmente equivale a $439.240. Los N3, en tanto, son las familias con ingresos mensuales totales de entre 1 y 3,5 canastas básicas (de $439.240 a $1,54 millones). Mientras que las familias de ingresos altos son las que perciben más de 3,5 canastas básicas (más de $1,54 millones).
“Se está cruzando información entre las bases de datos que tenemos y estamos trabajando en mejorar el hardware y el software para que los subsidios vayan a los que lo necesitan. Si subsidiamos a quienes pueden pagar la energía, en realidad estamos subsidiando otros consumos, como se hizo en el pasado, de pisar tarifas para reactivar otros sectores. La idea del subsidio es que todo el mundo tenga acceso a la energía y por eso tenemos que focalizar la ayuda en la gente de menores ingresos que necesita que el Estado le dé una mano. Todos los meses se trabaja en mejorar esa información”, dijeron fuentes oficiales.
La Secretaría de Energía obtuvo una línea del financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejorar la implementación de los subsidios. Actualmente, hay 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica agrupados entre N2 (6,3 millones) y N3 (3,2 millones) que reciben subsidios, de un total de 16,2 millones de usuarios. En gas, son 5,3 millones subsidiados de los 9,5 millones de usuarios totales residenciales, de los cuales los N2 son 3,2 millones.
Durante marzo y abril, además, la Secretaría de Energía finalmente implementará la revisión tarifaria integral (RTI). Es un esquema que debería llevarse adelante cada cinco años y que determina las inversiones que tienen que hacer las empresas, por un lado, y se establece el mecanismo de ajuste de las tarifas que los entes reguladores tienen que cumplir –en un futuro cercano se fusionarán el ENRE y el Enargas en uno solo–.
De esta forma, se busca darle previsibilidad a las empresas y a los usuarios acerca de cómo serán los aumentos (qué fórmula se diseñará para hacer los ajustes) y con qué frecuencia se aplicarán.
La RTI fue establecida en la ley N° 24.065, que regula los servicios públicos de energía, sancionada en 1991. Pero desde entonces solamente se implementó en dos ocasiones y nunca se cumplió. Es decir, en 34 años, jamás se llevó adelante. La primera vez se interrumpió luego de la crisis de 2001 y la segunda vez, durante los últimos años de gobierno de Mauricio Macri y los primeros de Alberto Fernández, tras la crisis cambiaria desatada y la consecuente aceleración inflacionaria. En los otros años, los entes siempre estuvieron intervenidos bajo el paraguas de “emergencia energética”.
La Secretaría de Energía busca ahora volver a regularizar la situación, para que se implemente en marzo para el servicio de gas y en abril para el de electricidad. Las empresas ya presentaron sus planes de inversión para mejorar los servicios. Entre los objetivos que tienen por delante está invertir en la incorporación de medidores inteligentes.
Al momento, solo la distribuidora eléctrica de Córdoba, EPEC, está más avanzada en la implementación de estos medidores para los usuarios residenciales, mientras que Edenor los tiene instalados solo para los grandes usuarios industriales. A partir de febrero, la diferencia de precio en pico o valle será más marcada.
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