Coparticipación y la pérdida de recursos fiscales
La coparticipación le quita a la Provincia de Buenos Aires recursos (también a las provincias del norte del país) y genera malos incentivos. Sería deseable un nuevo acuerdo de coordinación tributaria y funcional que firmen la mayoría de las provincias. Las causas de la degradación económica y social se pueden revelar al considerar los recursos que aporta la Provincia de Buenos Aires al Estado nacional y los que recibe.
Según estimaciones, la Provincia de Buenos Aires aporta a la recaudación de impuestos nacionales un 8,5% del PBI. Recibe del Estado nacional (vía de las transferencias automáticas, transferencias discrecionales y gasto nacional en el territorio) un 6,5% del PBI.
En resumidas cuentas, esto significa que Buenos Aires pierde aproximadamente 2% del PBI por año. Así queda en evidencia que la falta de sustentabilidad de la Provincia está linkeada a la masa de recursos que transfiere al resto del país.
El componente fundamental que explica esta desviación es el régimen de coparticipación de impuestos. Con la ley de coparticipación (1988, a finales del gobierno de Alfonsín) se preveía su vigencia hasta 1989, pero se renovó automáticamente hasta hoy. Los parámetros de distribución llevaron a que la Provincia pierda, en 35 años, el equivalente a 2 veces su Producto Bruto Geográfico.
La coparticipación incita a malas prácticas de gestión. Los daños no se compensan con las ayudas del Estado nacional. Lo más incongruente es que la coparticipación también contribuye al subdesarrollo de las provincias del norte, que gozan de parámetros de distribución beneficiosos. ¿Por qué? Es la abundancia de recursos la que estimula a que se usen para prácticas prebendarias y asistencialismo.
En resumen, es imprescindible cambiar la manera de distribuir los recursos fiscales. Y no se necesita unanimidad de todas las provincias, sino una mayoría simple en el Congreso. Para empezar, se debería buscar un acuerdo de coordinación tributaria y funcional entre las provincias y la Nación (aprobado por el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales).
El acuerdo debe responder al principio de corresponsabilidad fiscal. ¿Cómo? Delimitando con claridad las responsabilidades de cada nivel de gobierno e instituyendo que cada jurisdicción se financie con los impuestos que cobran. El objeto es que se puedan eliminar solapamientos entre jurisdicciones que generan ineficiencias para ir hacia una unificación de impuestos, de manera de contar con un sistema tributario más simple y menos distorsivo. Y usar un Fondo de Convergencia para las provincias más carenciadas.
SN
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