Crece el recelo del PRO y la UCR con el nuevo proyecto de ficha limpia que impulsa Javier Milei

Tras el escándalo de la sesión fallida de Diputados en la que se iba a tratar el proyecto de ficha limpia, la oposición cruzó las ideas impulsadas por Alejandro Fargosi, el abogado convocado por el presidente Javier Milei para avanzar en una ley superadora, y alertó que el Gobierno quiere “trabar” la norma para garantizar la candidatura de Cristina Kirchner en 2025.

En el PRO evitaron dar una definición sobre las ideas de Fargosi y defendieron la propuesta impulsada por Silvia Lospennato en sociedad con la radical Karina Banfi porque ya rige en 5 provincias, hace una semana fue declarada constitucional en Salta y se espera que a fines de este mes se apruebe en Córdoba para convertirse en el séptimo distrito en que se aplique la normativa.

En tanto, desde la UCR como Encuentro Federal, el bloque de Miguel Angel Pichetto, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre desalentaron la posibilidad de aprobar un proyecto del Ejecutivo si ingresa en los términos deslizados por Fargosi. Incluso advirtieron sobre los obstáculos parlamentarios que deberá pasar una nueva propuesta, dado que hay un dictamen de mayoría que aún rige en la Cámara baja.

Está claro que las ideas que Fargosi transmitió a través de las redes sociales no generaron demasiada aceptación en Diputados. Desde la UCR oficial calificaron como “un bochorno” la propuesta del abogado propuesto por Milei, pero apuntaron que es especialista en derecho civil por lo que entienden que lo penal y electoral “lo desconoce absolutamente”.

Desde el bloque que comanda Rodrigo De Loredo admitieron que no terminan de entender hacia dónde apunta Fargosi y señalaron que una propuesta superadora debería alcanzar a los funcionarios públicos, pero La Libertad Avanza no quiere. “Es difícil que tenga aceptación en el Congreso por todos los obstáculos para el tratamiento parlamentario”, señalaron desde el radicalismo. La cuestión es que el tema ya tiene un dictamen que demandó 4 meses de debate, por lo que la única chance es modificar el texto en el recinto para lo que primero el oficialismo debería garantizar el quórum.

“Sino que hagan un Pacto de Olivos como lo hizo Alfonsín con Menem, pero háganlo de cara a la gente no escondiendo diputados. Hemos alcanzado un proyecto que se parece a la legislación vigente en países de los alrededores como Uruguay, Brasil, Chile y Colombia”, apuntó Banfi a este diario.

En Encuentro Federal, el espacio que comanda Miguel Angel Pichetto, hay diputados que apoyaron el proyecto de ficha limpia, pero tomaron distancia de la orientación que propone el abogado propuesto por el Presidente. Margarita Stolbizer no dudó en afirmar que la vía de escape de la Casa Rosada proponiendo a Fargosi la elaboración de una nueva iniciativa es para “trabar y complicar” el debate. “No tengo dudas sobre un pacto con el kirchnerismo que incluye que no salga la ley. Lo hemos visto como parte de una serie de comportamientos”, remarcó la legisladora.

En la oposición rechazan el argumento del abogado -también apoyado por el Gobierno- de que la ley puede ser declarada inconstitucional y volvieron a acusar al oficialismo de haber “mandado la ley para atrás”. Para rechazar el argumento de inconstitucionalidad explicaron que la propuesta no modifica el Código Penal, ni el Procesal Penal, porque no aplica una pena, ya que lo único que hace es poner un requisito de elegibilidad.

Además defendieron la condición de doble instancia judicial para impedir que una persona condenada por corrupción sea candidata. Es decir, aquellos que tengan una resolución condenatoria del tribunal de alzada, como es el caso de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, no puedan participar en la competencia electoral.

Desde Democracia para Siempre, el espacio que conduce Pablo Juliano y que tiene como referentes a Facundo Manes y Martín Lousteau, cuestionaron la propuesta de Fargosi, sobre todo el punto que suspende la revisión de la condena para que el acusado de corrupción pueda ser candidato y que en caso de confirmarse la pena pierda el cargo.

Lo que plantea Fargosi es que cuando la Cámara ratifique una condena deberá notificar a la Cámara Nacional Electoral para que quede incorporado en una base de datos pública. Y aclara que la interposición del recurso de queja ante la Corte Suprema no suspenderá los efectos de ficha limpia.

La propuesta que busca definir el Gobierno plantea que si un partido político incorpora en sus listas a un condenado por corrupción debe preverse un procedimiento para la justicia electoral. Y el juez electoral al recibir las candidaturas, verificará si los candidatos están incluidos en la base de datos de la Cámara Nacional Electoral. Si existe un pre-candidato no está habilitado será excluido del proceso electoral.

Lo confuso es que “el excluido” podrá apelar ante la Cámara Nacional Electoral o interponer un recurso extraordinario “per saltum” ante la Corte Suprema. Así el máximo tribunal podrá dictar “una medida provisional rápida y eficaz”, sin esperar la resolución de la causa penal principal.