crisis económica, un presidente impopular y acorralado por un Parlamento en manos opositoras


La inesperada declaración de la ley marcial y de emergencia por parte del presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, quien culpabilizó al principal bloque opositor de “fuerza pronorcoreana”, se produce tras una serie de tensiones entre ambas formaciones y con el dirigente en mínimos de popularidad.

Yoon anunció la ley marcial en una declaración televisada para proteger el “orden constitucional” de actividades “anti-estatales”, de las que acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de llevar a cabo “actividades anti-estatales”.

El sorprendente anuncio llega después de que el PD, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de la Junta de Auditoría e Inspección, encargada de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.

La presidencia de Yoon quedó muy debilitada desde que el opositor Partido Democrático ganó las elecciones legislativas el pasado abril, y desde entonces su Gobierno no ha podido sacar adelante las leyes que se había propuesto.

El líder del principal partido opositor de Corea del Sur, el Partido Democrático, Lee Jae-myung (centro), habla en la Asamblea Nacional en Seúl, Corea del Sur. Foto AP

El mismo Yoon justificó hoy en su discurso televisado que desde que juró el cargo en mayo de 2022 se han registrado 22 procesos de destitución contra miembros de su Gobierno, con la oposición impulsando su décimo intento desde que se reanudó la Asamblea Nacional tras los comicios legislativos.

El mandatario conservador dijo que la situación “no tiene precedentes” en la historia del país y en la política global, alegando que las acciones han socavado la capacidad de gestión del Ejecutivo.

Acerca de los presupuestos generales recortados para este año, Yoon denunció que minarían las funciones “esenciales” del Gobierno, incluyendo la prevención de crímenes relacionados con las drogas y las medidas de seguridad públicas, abocando al país, dijo, a convertirse en un “paraíso para las drogas”.

La declaración de la ley marcial, cuya revocación ha sido votada esta misma noche por la Asamblea Nacional en una sesión extraordinaria con 190 votos a favor -lo que según la Constitución surcoreana obliga al presidente a retirarla-, se produce con el índice más bajo de respaldo popular de Yoon en todo su mandato.

Según datos de la agencia de sondeos Gallup Korea de comienzos de noviembre, su aprobación popular cayó hasta el 17% y su valoración negativa alcanzó un máximo histórico al ubicarse en el 74%.

Los motivos tras estos bajos niveles de popularidad son varios, como la gestión que se ha hecho de las acusaciones dirigidas a la primera dama Kim Keon-hee, la situación de la economía o la falta de comunicación por parte del presidente.

Su esposa se ha enfrentado a críticas por las acusaciones relacionadas con su aceptación de un bolso de lujo para un supuesto trato de favor, la manipulación de acciones y su implicación en la interferencia en las nominaciones de candidatos del gobernante Partido del Poder Popular de cara a las elecciones de abril.

El presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, declarando la ley marcial. Foto XinhuaEl presidente de la República de Corea, Yoon Suk-yeol, declarando la ley marcial. Foto Xinhua

Yoon llegó a pedir disculpas públicamente en medio de las controversias en torno a la primera dama y dijo: “Creo que el papel del presidente no es poner excusas. Todo esto se debe a mis propias deficiencias y falta de virtud”.

Asimismo, la encuesta realizada por Gallup recogió que el apoyo al opositor Partido Democrático (PD) subió un 4%, hasta los 36 puntos.

Miles de personas se congregaron hoy frente a la Asamblea Nacional de Seúl para protestar contra la ley marcial y reclamar la dimisión de Yoon, mientras las tropas surcoreanas trataban de tomar la sede del poder legislativo bajo esa medida de excepción.

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