Cristina fue a Comodoro Py para notificarse de la confirmación de su condena por corrupción en el caso Vialidad

Con la velocidad de un rayo, Cristina Kirchner cumplió este martes con el trámite que la obligaba a notificarse personalmente de la confirmación de su condena por corrupción en el caso Vialidad, firmada hace dos semanas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Acompañada por su abogado, Carlos Beraldi, la expresidenta pasó por el primer piso de Comodoro Py casi a las 14, y apenas minutos después ya estaba saliendo del edificio.

La Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña confirmó hace diez días, la sentencia que había dictado en diciembre de 2022 el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en la causa Vialidad.

En una resolución de 1.542 páginas ratificaron la responsabilidad penal de la ex vice en el expediente que investigó los 51 procesos licitatorios de obras viales adjudicados a Lázaro Báez, ex socio comercial de Cristina Kirchner.

Cuando por unanimidad los camaristas confirmaron la acusación por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado -con una pena de seis años de cárcel, más la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos- se dejó por escrito que los once imputados debían notificarse de la resolución de forma presencial.

El viernes pasado se instó a la ex vice para que se presente en Comodoro Py y cumpla con el trámite. Le habían impuesto un plazo de 72 horas, que vencía el miércoles, y un día antes ella se acercó a los tribunales de Retiro para firmar la notificación del fallo que la encontró responsable de hechos de corrupción cuando ejercía la presidencia de la Nación.

El dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta que la Casación le atribuyó a Cristina Kirchner, asciende a 84.835.227.378,04 pesos.

Hubo un solo voto, el del juez Hornos, que sostuvo que también se había configurado el delito de asociación ilícita motivo por el cual consideró que Cristina Kirchner, José López, Lázaro Báez y Nelson Periotti, debían ser condenados por dicha acusación.

Al momento de confirmar la acusación por administración fraudulenta, la Sala IV dio por comprobado un “aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares durante el período comprendido entre los años 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz”.

Bajo esa misma línea, los camaristas determinaron que la “excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”.

Con la notificación de los acusados del fallo del máximo tribunal penal, comienza a correr el plazo de treinta días hábiles para que las partes -incluido el Ministerio Público Fiscal-, presenten sus apelaciones.

La prórroga fue solicitada por la defensa de Lázaro Báez y es un plazo (lejos de los 10 días hábiles) que el Código Procesal Penal contempla para casos de gran envergadura, como lo es Vialidad.

El calendario judicial indica que será recién cerca de junio, cuando los recursos de queja contra la decisión de la Sala IV ingresen a la Corte Suprema de Justicia.

Si se celebran las PASO -el gobierno intenta eliminarlas- para esa fecha ya estarán registradas las listas de los precandidatos, lo que habilitaría a Cristina a competir en los comicios de medio término si así lo desea.

Hasta que la Corte no se pronuncie sobre este expediente que tiene a once personas acusadas del delito de administración fraudulenta, con diversos grados de responsabilidad, el fallo no contará con firmeza y por ende, no será de cumplimiento efectivo.