La Argentina tiene la oportunidad de convertirse en un jugador cada vez más relevante en la transición energética. Pero para liderar este proceso, si bien cuenta con recursos estratégicos, debe superar una serie de barreras tanto macroeconómicas como de infraestructura.
Esta fue una de las principales conclusiones a las que arribaron referentes del sector energético, de las órbitas pública y privada, en el seminario “El futuro de la energía en la Argentina”, realizado hoy por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en la embajada de Francia en Buenos Aires.
“Tenemos una mirada optimista sobre el futuro de la energía en la Argentina. Pero partimos de una base espantosa, por las políticas implementadas por el kirchnerismo durante tantos años”, cuestionó Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación.
En esa línea, González anticipó que en los próximos días el Gobierno reglamentará el capítulo de Energía de la Ley Bases que libera la exportación de petróleo y gas. “Tenemos un Estado que casi que se ata de manos, que se corre del intervencionismo que vimos durante tantos años. El Gobierno deja de decirle a los privados si puede exportar y a quién. Creemos firmemente que el libre mercado y el respeto a la propiedad privada es el mejor incentivo a la inversión en infraestructura”.
La Ley Bases establece modificaciones en la Ley 17.319 (de Hidrocarburos) que favorecen la liberación de la comercialización de gas y petróleo. Por eso su reglamentación es muy esperada en la industria, que aguarda por los detalles. “Se sabía que esto estaba al caer; es muy importante para todo el sector porque cada barril nuevo que se produce hoy en la Argentina tiene por destino la exportación. El espíritu de la ley es que se pueda exportar libremente”, dijeron fuentes de la industria petrolera.
A partir del momento en que se reglamente ese capítulo, el Estado solamente podrá objetar exportaciones cuando esté en riesgo la seguridad del suministro al mercado interno lo cual, señalaron las fuentes empresarias, “es lógico que así sea”. Lo deberá hacer en un plazo de 30 días.
Por otra parte, precisó: “La peor política que se puede imaginar para fomentar la transición energética es regalar la energía; la eficiencia energética y el mejor uso de los recursos en la demanda es la primera forma para transicionar. Este año, recibimos las tarifas cubriendo el 30% del costo de la energía, mientras que hoy la cifra ya escaló a 80%”.
Para el funcionario, esta se ubica también como una muy mala política pública desde el punto de vista de las inversiones. “¿Quién va a invertir si las compañías pierden plata, no pueden pagar sus dividendos y la gente cree que la energía es gratis?”, graficó.
A la hora de abordar la falta de inversiones, González consideró que, en los últimos años, deberían haberse realizado desembolsos por US$10.000 millones y anticipó que, “en los próximos días”, el Gobierno comunicará la primera licitación de transmisión eléctrica.
“Los privados quieren invertir y el mejor ejemplo de ello es una iniciativa privada de TGS, que probablemente mañana estemos declarando de interés público: el gasoducto Perito Moreno [ex Néstor Kirchner] será expandido por un privado con contratos con otros privados. Este cambio de paradigma no es menor. El sector privado está preparado para este cambio; nuestro rol es crear las condiciones para que pueda desarrollarse”, resaltó.
En este marco, el funcionario trajo también a la mesa el caso de Vaca Muerta y la producción hidrocarburífera. “Hay una demanda de petróleo en el mundo que tiene que ser satisfecha. Nosotros producimos el 0,5% del petróleo del mundo, mientras que Estados Unidos, cerca del 20%. Sin dudas, si tenemos un recurso, tenemos que crear las condiciones para que eso se desarrolle rápidamente”, remarcó.
En materia de gas, de acuerdo con González, el Gobierno seguirá trabajando para solucionar los cuellos de botella existentes para que la demanda local siga creciendo, pero no hay tanto espacio para ello. “La Argentina es un país muy gasificado: la única forma de crecer es mediante la exportación”, dijo.
“La Argentina tiene una matriz energética muy limpia, con cerca de 40% de energías renovables. Pero tenemos que generar los incentivos económicos para que siga creciendo de forma limpia, sin generar mayores costos directos o para el consumidor. A pesar de las restricciones en el último gobierno, el sector de energías renovales siguió invirtiendo, lo cual demuestra que no necesitamos más incentivos regulatorios. Creemos que el sector privado en la Argentina es pujante y en la medida en que desde el Gobierno creemos las condiciones necesarias, seguirá invirtiendo. En los próximos años, tendremos servicios públicos más baratos al final del día”, enfatizó.
Para Flavia Royon, exsecretaria de Energía de la Nación, la Argentina tiene un potencial “inmenso” en biocombustibles y en minerales críticos para la transición, aunque el principal desafío excede a lo energético: “Es estabilizar la macro. El sector energético, como tantos otros, necesita previsibilidad, reglas claras de inversión a mediano plazo. No todas las obras pueden ser afrontadas por el sector privado ni por los usuarios de tarifas. El Estado tiene un rol fundamental”.
En esa línea, la exfuncionaria resaltó: “Es momento de replantearnos si no necesitamos un pacto federal eléctrico con las provincias. En el sector energético hay puntos de consenso sobre los que pararse y construir. Después podemos discutir cómo planificamos y puntos más finos”
En ese ámbito, Juan José Aranguren, exministro de Energía de la Nación, enfatizó la necesidad de “aprovechar los recursos y atraer la inversión para transformar y monetizarlos antes de que sea tarde”. E indicó: “El futuro es incierto. No sabemos cuánto tiempo más los hidrocarburos tendrán un rol preponderante en la matriz energética”.
Asimismo, Aranguren destacó la importancia de generar mesas sectoriales y de redireccionar el rol de Cammesa, para que ayude a la planificación, que resuelva los cuellos de botella. “Los entes no son responsables de las inversiones. Cammesa es una institución con alto nivel de profesionalismo, que fue prostituida haciéndola responsable de la tarea comercial, cuando no lo era por ley”, cuestionó.
En esa línea y desde el ala empresaria, Javier Martínez Álvarez señaló: “Tenemos que estar preparados para escenarios inesperados. Para la Argentina, cambia la velocidad con la que entendemos la transición: hay un sentido de urgencia para el desarrollo de los recursos de Vaca Muerta; su magnitud depende de que podamos tener las condiciones adecuadas, leyes robustas y consenso que atraiga inversiones”
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