el Gobierno prorrogó la intervención, pero el jefe del sindicato logró apartar al juez que lo investigaba

El jefe de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, había redoblado la apuesta este jueves y afrentó al Gobierno al realizar un congreso que el Ejecutivo había decidido suspender. Este viernes, llegó la respuesta: el Gobierno designó un nuevo interventor para la obra social del gremio (OSPRERA), la tercera más grande del país, por los próximos seis meses. Sin embargo, Voytenco obtuvo un pequeño triunfo el tribunales, ya que logró correr al juez Federico Villena de una causa por enriquecimiento ilítico, pero no pudo llevar ese expediente los tribunales federales de La Pampa, donde se tramita otra por desmanejos en la obra social.

A Voytenco lo había denunciado hace dos semanas el Gobierno nacional por el posible desfalco en la obra social de los peones rurales por más de $3.350 millones. UATRE rechazó la presentación oficial: aseguraron que el pope sindical no se encontraba al frente de la obra social en el momento en el que los denunciantes señalan el supuesto desfalco, ocurrido durante una intervención que dispuso un juez de La Pampa, en la gestión de Alberto Fernández.

“Durante las fechas consignadas, OSPRERA se encontraba intervenida por lo cual el actual secretario general de UATRE, José Voytenco, no tenía responsabilidad alguna sobre los manejos que allí se hicieran”, argumentaron desde el sindicato.

Este viernes, tras conocerse la prórroga de la intervención y el cambio de nombres, los asociados a la obra social recibieron una carta firmada por el nuevo interventor, Marcelo Petroni. Allí, criticó a “la casta” y aseguró que la entidad “se encuentra severamente afectada en lo financiero, administrativo y prestacional, corriendo serio riesgo la atención médica de nuestros únicos mandantes: los trabajadores”.

“Han sido víctimas de la casta política, sindical y empresarial que han dañado a la Institución, como lo han hecho con la Patria misma durante décadas”, agregó Petroni, que reemplazó a la anterior interventora dispuesta por el Gobierno, Virginia Montero, que presentó su renuncia. Cerca del mandamás de los peones y estibadores rurales enmarcan todo en una ofensiva libertaria contra el dirigente.

José Voytenco, parte de la UATRE desde hace tres décadas y que llegó al frente del gremio hace cuatro años, había protagonizado un episodio polémico en las últimas horas, ya que el jueves realizó el Congreso Anual de UATRE en un hotel de Puerto Madryn, Chubut, a pesar de que el Ministerio de Capital Humano había ordenado suspenderlo.

El Gobierno había asegurado que no correspondía llevarlo a cabo, ya que había veinte elecciones seccionales impugnadas, por ende sus congresales sería ilegítimos. El congreso se hizo igual y allí Voytenco obtuvo el apoyo del pleno de los votantes.

La denuncia por desfalco y otros delitos del género contra Voytenco la había impulsado por la seccional de La Plata del gremio, en especial por su secretario general, Marcelo Andrada, y otros dos miembros de la Comisión Administrativa, quienes trabaron una denuncia penal.

Una de ellos, Aixa Petrati, sostuvo al respecto en las últimas horas: “La Secretaría de Trabajo entendió que todas las denuncias presentadas contra los manejos y gestiones de José Voytenco tienen que parar de ser convalidadas por los congresales seleccionados a su discreción, son actos contrarios a los derechos sindicales”.

En el medio de todo eso, otro grupo de integrantes de la Seccional N°287 de La Plata salieron a desconocer la denuncia y expusieron que Andrada Galindez y Petriati había realizado la presentación judicial sin consultar a la seccional. Lo hicieron, según manifestaron, a raíz de un informe televisivo del periodista Tomás Méndez en Canal 9, del que ellos desconfiaban y, repitieron, que la denuncia se hizo de forma inconsulta. Así lo manifestaron en una nota enviada a UATRE el 4 de noviembre pasado.

Ya había una investigación sobre la UATRE en el Juzgado Federal de Santa Rosa, provincia de La Pampa, sobre la obra social del gremio. A ella se sumaron las nuevas acciones legales impulsadas por Andrada y Petrari, que ahora fueron contradichas tanto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y también por la defensa de Voytenco.

En ese carril, el jefe sindical obtuvo una victoria, aunque apenas parcial, con el apartamiento del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. Si bien el mandamás del sindicato de peones rurales deseaba que la causa volviera a la justicia pampeana, este viernes la Sala 3° de Cámara Federal de La Plata resolvió que se tramite en los tribunales de Comodoro Py.

El Ministerio Público Fiscal pidió que el juez Federico Villena, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, que se encontraba analizando la causa, sea declarado incompetente.

Se lee en el fallo de la Cámara Federal de La Plata: “En la denuncia se omitió deliberadamente mencionar que la administración de las entidades presuntamente afectadas se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Es decir, hizo pesar la localización de la central de la UATRE, desde donde se habría cometido desfalco, como la de las empresas señaladas como adjudicadas con contratos del gremio y que, según se denuncia, girarían retornos por su obtención. Así, dispuso que la causa sea remitida al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires y no al Juzgado Federal de Santa Rosa, como quería Voytenco.

La defensa del jefe gremial, por su parte, había objetado que la presentanción se haya hecho en Lomas de Zamora, ya que consideraba que el expediente no debía pasar por allí. Hicieron además un frustrado intento para dirigirlo a los tribunales federales de Santa Rosa, ya que habían argumentado que allí ya se tramitaba otra causa similar que “guardaría identidad de objeto y sujeto con los aquí investigados”.

“La declaración de incompetencia no se encuentra firme. Las querellas pueden interponer recurso de casación para que el superior de la Cámara Federal de La Plata resuelva la cuestión. No significa ninguna victoria, ya que esto no implica el cierre de la causa, sino el criterio de la Cámara Federal De La Plata respecto del lugar donde deben investigarse los hechos de lavado de dinero denunciados”, minimizaron el fallo los denunciantes.

Para ellos, el juez Villena debe intervenir en la causa ya que explican que “los actos de relevancia típica que desencadenaron en la denuncia, en realidad, fueron realizados en la localidad de Cañuelas, lugar en donde Voytenco construye una mansión, aparentemente con dinero proveniente de delito de lavado de activos”.

“Acá lo que hay que dejar en claro es que las seccionales denunciamos a Voytenco por corrupción y pedimos la intervención de UATRE a la secretaría de Trabajo de Julio Cordero. Ya que el manejo de los Seguros de sepelio con la empresa el Surco son un escándalo. Y por el otro lado, están las causas por los manejos de la OSPRERA, que mereció la intervención de la SSS por el desfalco alevoso que había y no podían cerrar balances”, dijo a Clarín, Aixa Petriati, secretaria de Actas de UATRE – seccional La Plata y referente opositora de Movimiento por la Recuperación de la UATRE.

Desde el entorno de Voytenco cuestionaron la prolongación de la intervención de la obra social. “Nos tomó por sorpresa el cambio de interventor y la realidad es que no quedó clara la función de la interventora anterior: la situación general de OSPRERA empeoró considerablemente”, detallaron este viernes desde el oficialismo del gremio de peones rurales.

Y agregaron: “Seguimos reclamando que el gobierno devuelva a los trabajadores la gestión de OSPRERA para continuar con el trabajo iniciado de normalización tras los manejos desastrosos que realizaron las gestiones anteriores que estuvieron a cargo de la obra social”.

El punto que defienden es que Voytenco no habría tenido responsabilidad en las maniobras que la Justicia ahora investiga. “Desde que es secretario general de este sindicato, tuvo responsabilidad sobre OSPRERA solo un total de 104 días. El período de tiempo restante OSPRERA se encontraba intervenida judicialmente”, afirmaron.