El juicio político a la Corte pone a prueba el pacto entre Sergio Massa y Cristina Kirchner

El juicio político a la Corte pone a prueba el pacto entre Sergio Massa y Cristina Kirchner

La política de presiones y desgaste que la vicepresidenta Cristina Kirchner ordenó realizar, a través de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, contra los miembros de la Corte no consiguió bloquear los juicios en su contra, ni amedrentar a los jueces supremos.

Y, además, dos días antes de la segunda vuelta para elegir presidente se pondrá a prueba hasta donde llega su acuerdo con el candidato presidencial Sergio Massa, luego de hacer retirar la candidatura de su postulante predilecto, el ministro del Interior, Wado de Pedro.

Sucede que los diputados y operadores judiciales de la ex presidente Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade (ex director de Contrainteligencia de la AFI) y Eduardo Valdés hicieron citar a la comisión para el 17 de noviembre a fin de votar el dictamen acusatorio.

Hasta ahora las votaciones siempre fueron 16 votos oficialistas contra 15 de la oposición. Pero el 17 se verá si los dos diputados oficialistas que responden a Massa mantienen su encolumnamiento con Cristina o votan según su libre albedrío.

El ministro de Economía promete que si gana la vicepresidenta no tendrá influencia sobre su gobierno y que no seguirá con la política de presiones sobre la Justicia. Entonces, esa votación del 17 de noviembre será un indicio de la profundidad de esos compromisos políticos con la vice.

Además, los cuatro supremos no se presentarán el 7 de noviembre ante la comisión a hacer descargos personales, como pretende el oficialismo para someterlos a un “show” parecidos a los que hizo durante estos diez meses.

Con estas respuestas escritas dan por contestada las acusaciones y la citación que recibieron en cada vocalía en forma personal por un secretario letrado enviado por la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard.

De todos modos, en el caso de que aprueben un dictamen acusatorio por mayoría en la Comisión el 17 de noviembre, el oficialismo no tendrá los dos tercios necesarios de los 257 diputados nacionales que deberán decidir en el recinto si ponen en marcha el mecanismo acusatorio que prevé la Constitución.

Los legisladores de Junto por el Cambio, sobre todos los que responden a Lilita Carrió, fueron los opositores más tenaces, y no darán sus votos para llegar a los dos tercios.

Los fallos de la Corte de este año como la cautelar sobre el juicio por la quita de la coparticipación de la CABA muestran que la política de amedrentamiento desde esa comisión no asustó a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Pero no fueron solo presiones a los testigos convocados a la comisión sino también operaciones políticas y de inteligencia como lo demuestra el hecho de que Tailhade apareció entre los contactos del sargento de la Policía Federal preso, Ariel Zanchetta. Este está procesado y con prisión preventiva en la causa que se investiga la pinchadura de teléfonos y mails de jueces y fiscales que investigaron o condenaron a Cristina.

Hasta la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que dirige el peronista Julio Piumato, denunció presiones sobre los testigos convocados. Por ejemplo, pidieron la detención del ex administrador de la obra social judicial, Aldo Tonón, pese a que tenía derecho a no contestar preguntas porque está investigado en una denuncia penal. Incluso, le hicieron una denuncia por falso testimonio al juez Sebastián Ramos, que terminó siendo desestimada por infundada.

No hay parangón, en cuanto al debido proceso y el derecho a la defensa en juicio, con el juicio político que impulsó el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 contra miembros de la llamada Corte de "la mayoría automática del ex presidente Carlos Menem". En este proceso, se discutió, por ejemplo, sobre el llamado caso Meller, sin escándalos.

En la comisión de Juicio político en la cámara Diputados habla el diputado ultra K Rodolfo Tailhade. Foto Federico Lopez Claro – FTP CLARIN _ABC4709.jpg Z RGonzalez gonzalez

En cambio, desde el principio del proceso, los diputados K encararon el proceso más como una “excursión de pesca” que un procedimiento político-judicial.

En Derecho se llama “excursión de pesca” cuando un juez o fiscal no tiene una pista firme, sino que va cambiando de hipótesis para tratar de conseguir una condena. Hasta ahora se conocían este tipo de maniobras hechas por algunos jueces inescrupulosos, pero es la primera vez que se hace desde la política contra la Corte.

La “excursión de pesca” fue de la mano de la campaña electoral. Así en coincidencia con los actos contra el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, buscaron volver a tratar el caso Luis Muiña sobre la aplicación del 2×1 para los represores. En contra de la Constitución, querían que los jueces de la Corte respondan por el contenido de sus sentencias por por un supuesto mal despeño.

A lo largo del proceso fueron direccionado la citación de 191 testigos a los que no se sabe, hasta último momento, para qué fueron citados ni la procedencia de su convocatoria.

Pero la mayor de las incongruencias de dio ayer cuando Cristina presentó recursos de queja ante la Corte por la reapertura del juicio oral Hotesur-Los Sauces por lavado de dinero pero llamativamente sin recusar a los jueces supremos que, sus diputados, descalificaron con todo tipo de improperios e intenta destituir.