El Vaticano pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abuso en un documento sin precedente

ROMA.- En un paso adelante en contra del flagelo de los abusos sexuales, de conciencia y de poder, que mancharon como nunca la credibilidad de la Iglesia, la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores (PCTM), creada hace diez años por el papa Francisco, presentó hoy su primer informe anual sobre las iniciativas que se han puesto en marcha en torno de este tema, algo sin precedente.

En un documento de casi 100 páginas, por primera vez pintó un cuadro de la situación en todo el mundo, destacando carencias y fortalezas y, al margen de reconocer que “aún queda mucho por hacer” para que se instaure en la Iglesia una cultura de prevención en todos los niveles, planteó varias necesidades puntuales. Pidió agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos, más rendición de cuentas y transparencia, que las víctimas tengan acceso a la información sobre los casos que los afectan y una reparación no sólo económica y hasta propuso la figura de un “defensor del pueblo” u “ombudsman” para que los defiendan.

El informe, que había sido pedido por el papa Francisco para que hubiera una revisión de la implementación de las políticas puestas en marcha, o no, en todo el mundo, planteó “la necesidad de una determinación clara de la jurisdicción de los distintos dicasterios de la Curia Romana, buscando asegurar una gestión eficaz, oportuna y rigurosa de los casos de abuso sexual, remitidos a la Santa Sede”. Además, observó “la necesidad de un proceso simplificado, cuando esté justificado, para la dimisión o destitución de un líder de la Iglesia”.

El informe, una gran novedad, fue presentado en el Vaticano por el cardenal Sean O’Malley, presidente de la PCTM y arzobispo de Boston, una de las diócesis más golpeadas en Estados Unidos por el escándalo de abusos y por eso con gran experiencia en el tema, junto a su número dos, el arzobispo Luis Manuel Alí Herrera, obispo auxiliar de Bogotá, nuevo secretario de la misma comisión y algunos de sus miembros. Ambos señalaron que este primer informe fue fruto de los diez años de trabajo de esta comisión que, sin bien encontró dificultades y fuertes resistencias, pudo avanzar. “Trabajo desde hace diez años en la comisión, he visto resistencias no sólo en la curia romana, en el Vaticano, sino también en muchas Iglesias a nivel local, y ver esta resistencia me ha impactado, pero he visto cambios significativos en estos diez años, como por ejemplo hay más apertura ahora en los dicasterios del Vaticano”, dijo Alí Herrera. “Sí, ciertamente aún falta mucho, pero algo está cambiando”, agregó.

El informe analizó varios datos que reflejaron que, si por ejemplo en Estados Unidos y Europa ya funcionan diversas estructuras de prevención y ayuda a las víctimas, no pasa lo mismo en el “sur global”, debido a falta de recursos. Al respecto O’Malley destacó que la comisión ha logrado conseguir fondos para ayudar a que esto cambie.

El informe también sacó a la luz la falta de interés en este tema de algunos episcopados, como por ejemplo el de México: sólo el 20% de los obispos de este país respondió a un cuestionario que la PCTM le había pedido responder durante su visita “ad límina” (la visita que cada cinco años realizan al Vaticano los obispos). Por otro lado, denuncia la lentitud que sigue habiendo en el manejo de los casos de abusos, debido a su enorme cantidad y el poco personal, así como la opacidad.

“Justicia demorada es justicia negada”, sentenció el cardenal O’Malley, que admitió, por otro lado, estar preocupado por la gran dificultad que suelen tener las víctimas a la hora de pedir información sobre sus casos, no sólo cuando la solicitan ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que se ocupa de esto en el Vaticano, sino también a nivel de las iglesias locales.

Justamente por esto, el informe propuso la figura de “defensor del pueblo” u “ombudsman”, una suerte de procurador de los sobrevivientes, una propuesta de la que no se tienen más detalles.

“No dar información a los sobrevivientes, que no tienen idea en qué gran agujero negro fue a parar su caso, es una forma de re-traumatizar a los sobrevivientes”, explicó Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de abusos sexuales más conocida del sacerdote pedófilo chileno, Fernando Karadima y uno de los referentes de los sobrevivientes en la lucha contra este espantoso crimen durante años silenciado por la Iglesia, que fue maltratado e ignorado durante años por la jerarquía eclesiástica de su país.

Miembro de la PCTM desde marzo de 2021, Cruz también destacó el primer informe anual: “tengo una gran esperanza, no fue fácil de hacer, pero es un importante primer paso: se usan en el informe palabras que antes no se utilizaban que son ‘verdad’, ‘justicia’, ‘reparación’, que antes eran palabras tabú en la Iglesia”, resaltó Cruz, que desde que en 2018 fue invitado al Vaticano por el papa Francisco, que le pidió perdón por su error de apreciación de la situación en Chile, se volvió muy cercano a él. “Aunque hay muchas víctimas de abusos que se suicidaron debido al daño irreparable sufrido, ahora veo que existe un camino para muchos de los que lloraron por años y para muchos que no tenían el coraje de contar su historia”, agregó Cruz, que agradeció públicamente al papa Francisco por “ser sincero y querer cuidar a los sobrevivientes”. Cruz confesó, además, que jamás se imaginó hace quince años que habría sido miembro de la PCTM: “nunca pensé que iba a estar sentado acá, trabajando en la comisión y presentando este informe”, dijo, emocionado.

“Lo importante es que empezamos con este informe anual, que no es perfecto pero que es un instrumento y que de aquí en más tiene que ser así, todos los años. No nos podemos bajar del bus, es un camino que comenzamos y el pedido es que haya transparencia, agilización de la destitución de sacerdotes acusados de abusos, rendición de cuentas y que esta rendición de cuentas sea auditada”, resumió Alí Herrera ante una pregunta de LA NACIÓN. “Lo más importante es que comenzamos una metodología nueva en la Iglesia”, agregó, al subrayar, por otro lado, la necesidad de seguir desarrollando el Magisterio de la Iglesia sobre la protección de los menores.