En medio de la nueva pelea con el PRO, el Gobierno activó cambios para las listas sensibles de la ex AFIP

El protocolo de actuación ante la consulta de personas con trascendencia pública no es nuevo dentro de la ex AFIP, rebautizada ARCA por el Gobierno. En las distintas gestiones en los últimos años siempre existió un régimen por el cual la información fiscal de determinadas personas, especialmente las expuestas políticamente, se debían resguardar o ser supervisadas por un par de ojos, los de mayor jerarquía interna dentro del ente.

Ese documento interno, más extenso o corto según el caso, se fue adaptando a través del tiempo y eso motivó en el inicio de 2025 de un nuevo conflicto político entre La Libertad Avanza y el PRO a partir de la publicación de una lista difundida desde altas fuentes ejecutivas, a la que tuvo acceso Clarín, y que revela, según la Rosada, una red de protección a empresarios kirchneristas creada en el comienzo de la gestión de Cambiemos, en 2016. El titular de la AFIP de ese entonces, Alberto Abad, desacreditó por completo esa acusación y dijo que en su etapa al frente del ente recaudador evitó la filtración de datos.

La nueva conducción de ARCA reformuló buena parte de ese protocolo el 25 de noviembre del año pasado, cinco años después de la última actualización que se le había hecho, el 2 de diciembre de 2019, en la transición entre los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Previamente, en 2016, período que destapó la polémica, existía prácticamente el mismo protocolo, previo al modificado antes de los cambios recientes.

Si bien cuando se lo observa a primera vista, no parece haber cambios sustanciales, al revisarse en detalle el texto actual respecto al anterior muestra algunas modificaciones técnicas en el protocolo de actuación ante la consulta de personas con trascendencia pública.

En el tercer punto del documento, denominado “definiciones”, se pasó de un menú de tres ítems a otro de 18, que requiere mucha más especificidad según fuentes de ARCA. Lo más relevante tiene que ver con el punto en el que se define a una persona de trascendencia pública, definida desde ahora como aquella que “por su cargo en el Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, su cargo en ARCA o su nivel de exposición o trascendencia pública, forma parte de alguno de los contextos fijos o variables”.

La diferencia central de ese aspecto es que no se considera en ningún momento a las personas jurídicas o a las empresas, como las incluidas en el listado de 51 contribuyentes que integraban ese grupo que en el Gobierno definen como de “intocables” cuando en realidad no debían estar allí, ni en la actual regulación, ni en la anterior.

Otro cambio tiene que ver con el llamado “contexto variable por temática” en el que se agrupa a personas por su trascendencia pública o no por una temática común y se diferencia a quienes continúan en actividad en la función de quienes perdieron su cargo. En ese último caso, durante dos años, se las mantiene en el sistema.

Luego, en el apartado de “contextos”, se diferencia a los fijos de los variables. Esto últimos son los que terminarán definiendo los criterios de alta o baja de cada una de las personas que están incluidas. Anteriormente, según fuentes de ARCA, el proceso para diferenciarlos era más engorroso.

De acuerdo a datos que surgen de fuentes oficiales, las categorías de personas que revestían carácter trascendente eran mucho más amplias anteriormente.

Por ejemplo, además de aparecer allí autoridades nacionales, provinciales y directivos de la propia AFIP, como en la actualidad, estaban incluidos de manera discrecional, grupos empresarios denunciados, lo cual motivó que aparecieran en el listado, por ejemplo, Cristóbal López y Lázaro Báez, además de sus empresas.

Pero también figuraban “personalidades de alta exposición“, categoría que en los hechos sigue estando pero que tenía protocolos de ingreso muchos más laxos, aseguran internamente. Por ejemplo, un deportista o un famoso temporal podían aparecer en esa nómina, de la que ahora, dicen en el Gobierno, no pueden ser parte.

Tampoco se controlaba, aseguran, a aquellos que habían perdido el cargo en el tiempo y que, más allá de los dos años previstos para que se los desvinculara del sistema, seguían figurando en el mismo.