Establecieron nuevos montos para las indemnizaciones destinadas a víctimas de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero

Establecieron nuevos montos para las indemnizaciones destinadas a víctimas de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero

En la recta final de la campaña con vistas al balotaje del domingo, el Gobierno estableció nuevos montos para los damnificados de la explosión de la fábrica militar de la localidad de Río Tercero, en Córdoba.

El episodio ocurrió el 3 de noviembre de 1995 y causó siete muertes y unos 300 heridos. Además, cerca de 10.000 personas resultaron víctimas debido a los daños materiales y de salud.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 596/2023 que confirmó la iniciativa fue firmado por el presidente Alberto Fernández y sus ministros, y surgió a partir de una iniciativa del ministro de Economía, Sergio Massa. Hace diez días, el también candidato oficialista en la segunda vuelta electoral viajó a aquel territorio hostil para el peronismo, al menos desde lo que reflejaron los datos de las generales, cuando finalizó cuarto, en busca de seducir votantes en esa provincia.

La nueva normativa, publicada en la edición de este jueves del Boletín Oficial, establece una compensación económica de tipo monetaria de 1.000 módulos en caso de muerte, 700 módulos para lesiones gravísimas, 600 módulos para lesiones graves, 100 módulos por daño moral y 95 módulos por daño material.

El valor del módulo, de actualización anual, será el establecido por el artículo 28 del Anexo del Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios.

A valores de hoy, son 8.000.000 pesos para los casos de fallecimiento, $ 5.600.000 por lesiones gravísimas, $ 4.800.000 por lesiones graves, $ 800.000 por daño moral y $ 760.000 por daño material.

El episodio ocurrió el 3 de noviembre de 1995 en Río Tercero y causó siete muertes y unos 300 heridos. Fotos Telam

El abogado Mario Ponce, patrocinante de 8.000 damnificados, dijo a Télam que el DNU "paga en efectivo y es de una aplicación mucho más rápida".

Esa circunstancia, explicó, lo diferencia de lo establecido en la Ley N° 27.179, de 2015, "que era a través de bonos que no se abonaban al 100 por ciento y que demandaban trámites burocráticos, porque abarcaban muchas dependencias, como la Sigen (Sindicatura General de la Nación) o la Auditoría General de la Nación".

Para Ponce, "es bienvenido el DNU, estamos bastante conformes, porque concluye de este modo una historia 28 años" de demanda.

El DNU señala en sus considerandos que las normas similares dictadas en 1995 "resultaron insuficientes con el fin de brindar una adecuada respuesta institucional a todos los damnificados por tan dolorosos acontecimientos; situación que generó que se entablara una serie significativa de demandas contra el Estado nacional".

El DNU también recuerda que en 2015 el Congreso sancionó la Ley N° 27.179, por la cual se estableció el derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en su caso, las personas que a la fecha de su entrada en vigencia se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios, pero enfatiza que "tales pretensiones no han sido satisfechas".

Por ese motivo, el DNU subraya que "resulta necesario implementar sin demoras una solución simple, integral y definitiva, ofreciendo un reconocimiento económico de tipo monetario para todos aquellos que se hayan adherido a los términos de la Ley N° 27.179" y que "en aquellos supuestos en que hubieran cobrado menos que la reparación que se prevé en el presente decreto, se les abonará la diferencia que corresponda".

La medida "permitiría dirimir las controversias judiciales que aún perduran y resolver las actuaciones administrativas que se encuentran pendientes de trámite en virtud de la Ley N° 27.179 a pesar de los años transcurridos, dando una respuesta institucional por parte del Poder Ejecutivo Nacional a esta problemática", agrega el DNU.

Qué pasó en la Fábrica Militar de Río Tercero

Las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero se produjeron en la mañana del 3 de noviembre de 1995 y produjeron la muerte de Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, Hoder Francisco Dalmasso, José Varela y Elena Ribas de Quiroga,.

El estrago produjo más de 300 heridos directos, mientras que más de 10.000 personas resultaron víctimas del episodio debido a los daños materiales y a los efectos para la salud.

En total fueron tres las detonaciones; dos en la planta de descarga y una extra en el depósito de expedición y suministros.

Horas después del accidente, el por entonces presidente Carlos Menem se presentó en Córdoba para realizar una conferencia de prensa en la que afirmó que el hecho se trataba de un accidente y que se debía descartar la posibilidad de que haya sido un atentado.

Tiempo después, una pericia contable determinó que, al momento que se produjeron las explosiones, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica.

Los decretos firmados por el expresidente estipulaban la venta de 6.500 toneladas de armas de guerra a Panamá y Venezuela, pero en realidad fueron a Ecuador y Croacia que estaban en guerra.

Sin embargo, se sospechan que salieron más toneladas de armamentos que las autorizadas. Además, la fábrica se usó para cambiar los números de serie de cañones de 105 y 155 milímetros que terminaron en Croacia.

En 2014, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó a penas de 13 años a los exmilitares Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke y Edberto González de la Vega, y de 10 años al exuniformado Marcelo Gatto, todos considerados autores mediatos del delito de "estrago doloso".

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó en 2014 a los cuatro imputados en el juicio por las explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Foto Daniel Cáceres

El proceso del último juicio que quedaba pendiente se iba a realizar el 24 de febrero de 2021 en los tribunales federales de Córdoba y quedó concluido 10 días antes con la muerte del expresidente Menem, único imputado que quedaba en la causa.

Con información de Télam.

ES