Guerra por los copagos: la estrategia de los pacientes para demandar a los médicos
El efecto dominó de los copagos, con sectores del sistema de salud que se alinean a los médicos para cobrar un extra a pacientes de prepagas y obras sociales hasta completar el “mínimo digno” que no reciben por estar en la cartilla, podría frenarse.
Según informaron a Clarín desde la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), este lunes se oficializó el primer “parate” administrativo contra estas decisiones societarias.
Ante la "enorme cantidad de denuncias recepcionadas", esa asociación presentó una denuncia formal ante la Comisión de Defensa de la Competencia. No es contra las prepagas ni las obras sociales. "Tampoco -aclaran- es un juicio a los médicos".
Es contra las cámaras y sociedades científicas (que en definitiva agremian a los médicos de distintas especialidades) que anunciaron en una serie de comunicados que empezarían a cobrar a los pacientes un copago ilegal.
Ante la dificultad de "armar la prueba", porque la realidad es que en la amplia mayoría de los casos los médicos o centros de diagnóstico, mucho menos los laboratorios, no entregan factura por el cobro indebido, esos comunicados terminaron siendo un arma de doble filo, porque, con la respectiva firma societaria, se explicita la ilegalidad.
El abogado defensor de los consumidores dice que el copago es ilegal. Foto: Shutterstock.
Este cobro adicional, como se describe en la denuncia, "implica una fijación de precios prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia" y, además de ser perjudicial para los afiliados, "los enfrenta directamente con las empresas de medicina prepaga y obras sociales, que no cubren los aranceles médicos reclamados por esas cámaras".
En una audiencia, este lunes, se ratificó la acusación inicial a las sociedades científicas y centros de diagnóstico médico, pero a avisaron que se sumará también a las cámaras de bioquímicos, que acaban de reiterar su deseo de cobrar el extra.
El proceso ahora continúa con que se notifique a cada una de las cámaras, que tendrán un plazo de 15 días para contestar. La Comisión, entonces, hace un sumario y resuelve. Mientras llegue esa resolución, la asociación va a intimar a cada una para que cumplan con la ley de Defensa del Consumidor.
"El problema es que los médicos le están cobrando a la gente un extra, que le han puesto 'copago' o 'cobro mínimo ético'. No es ni copago ni lo otro. Es, pura y exclusivamente, un precio extra por la atención médica que ya se abona por prepaga y obra social. Ronda los $6.000, pero ahora va a ser mucho más porque dijeron que se incrementa a los dos meses", explica a Clarín Osvaldo Bassano, abogado especialista en derecho de consumidores y usuarios y presidente de ADDUC.
Bassano apunta a la cartelización de los copagos, sólo posible gracias al libre albedrío del Ministerio de Salud de la Nación, que no tomó ninguna decisión (al menos no públicamente) sobre este tema.
"Estas cámaras y sociedades se han cartelizado al promocionar que todas van a cobrar lo mismo (esos $ 6.000 extra por consulta). Esto está prohibido por la defensa de la ley de Competencia y por la Constitución Nacional. Se pusieron de acuerdo, de forma unánime, y han firmado un convenio. Esto es ilegítimo y amerita sanciones", sigue el experto.
¿Por qué si se apuntó contra las cámaras, la denuncia no es contra los médicos? "Porque la responsabilidad, a fin de cuentas, es de las prepagas y las obras sociales que así lo permitan, como también de los hospitales, clínicas y mutuales donde se cobren", aclara.
De nuevo, la diferencia es que quienes pusieron la firma, en sus comunicados oficiales, son las cámaras. Ahí hay una prueba fehaciente de que se está avisando que habrá un cobro de más por un servicio que tiene su precio ya pago.
"En su momento, en caso de una resolución en contra o a favor por parte de la Comisión de Defensa de la Competencia, se hará la denuncia colectiva contra las prepagas y obras sociales", marca.
Pero hay un nivel de responsabilidad por encima de todo esto.
"Para que las prepagas y obras sociales no permitan estos copagos (se refiere a que 'aunque digan que no los permitan'), el Ministerio de Salud debe inmediatamente tomar cartas en el asunto para que no se le cobre de más a los consumidores. Son pagos en negro, es una ilegalidad, no dan ni recibo, ni factura. Por esto, que ya está pasando cada vez más, ahora se sumaron los bioquímicos. Vamos a ampliar la denuncia contra ellos".
La denuncia contra los copagos
El 3 de octubre ADDUC realizó la denuncia por los llamados copagos ilegales ante la Comisión de Defensa de los Consumidores. Un mes después, por tiempos administrativos, tuvo lugar la audiencia que permitió ratificarla e incluso ampliarla a otras cámaras, como los laboratorios, que ya se habían sumado a la intención de empezar a cobrar los extras.
ADDUC exhorta tanto a las cámaras (sociedades científicas y también centros de diagnósticos por imágenes) como a las empresas de medicina privada a "negociar aranceles razonables para los médicos que sean cubiertos por las cuotas que los consumidores, con el esfuerzo diario, pagan al sistema de Salud".
Técnicamente, lo que se presentó es una solicitud de intervención.
¿A quiénes se denunció? A las cámaras, colegios, federaciones, asociaciones y sociedades que agrupan profesionales de la salud y comunicaron que cobrarían estos extras. ¿Qué se denunció? La conducta de fijación horizontal de precios en la suma de $6.000 por consulta médica, que sería ajustable bimestralmente por inflación.
¿Cómo se probaría el cobro del copago de parte de los médicos? La asociación de defensa de consumidores dijo que de la propia denominación de "honorario médico ético mínimo" se desprende que no cobrarlo "podría ser considerado una conducta antiética por parte del profesional médico", por lo que instaron a la Comisión a exigir los respectivos códigos de ética que rigen en cada entidad.
Ante la consulta de qué pueden hacer los afiliados frente a los cobros de copagos, Bassano respondió a la Comisión que, como en la generalidad de los casos no hay factura mediante, al ir a presentar la queja frente a la prepaga u obra social, no se avanza porque para la devolución exigen ese ticket que no existe.
¿Por qué se incumple con la ley de Competencia y cómo afecta eso a los afiliados?
"Todo acuerdo horizontal de precios implica una afectación al interés económico general, ya sea porque aumenta el precio del servicio (en el sentido de que al pago de la cuota mensual se suma este extra) o porque disminuye la oferta (por la falta de competitividad). Además, a los consumidores se los coacciona para el pago de una suma al momento de la consulta y si aumentan los precios de la salud, disminuyen los servicios de salud consumidos", cierra Bassano.
PS
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