La Corte devolvió un valioso lote de Tandanor en Puerto Madero al ministerio de Defensa
La Corte Suprema convalidó el voto del juez de Casación Gustavo Hornos en el histórico juicio por el caso Tandanor que había considerado que un lote de 8,5 hectáreas valuado en 53 millones de dólares y ubicado en Puerto Madero debía ser devuelto a esa empresa estatal dependiente del ministerio de Defensa. También que esa cartera aún tiene derecho a seguir un juicio civil contra los condenados por la maniobra ejecutada durante el gobierno de Carlos Menem. La decisión de la Corte es una buena noticia para el ministro de Defensa, Luis Petri, ya que se trata de un patrimonio muy importante.
El objeto de la causa que duró más 20 años, basada en una investigación de Clarín de los noventa, fue “el esclarecimiento de una maniobra llevada a cabo por la máxima autoridad del Ministerio de Defensa, el Administrador de Talleres Navales Dársena Norte (TANDANOR S.A.)” para adjudicar el astillero a privados que lo que hicieron fue, fundamentalmente vender a terceros del terreno de Puerto Madero donde iban a construir edificios por 500 millones de dólares. La instrucción de la causa la llevó adelante el fiscal Carlos Stornelli.
También, la Corte Suprema esta semana con argumentos jurídicos y constitucionales avaló el voto del Juez Hornos, que en minoría había considerado que la acción civil iniciada por Tandanor contra los condenados no prescribió, y que las respuestas dadas en el voto mayoritario de la sentencia de la Sala IV resultaron arbitrarias por omitir cuestiones trascendentes.
En 2020, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el juez Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, resolvió confirmar las condenas de 3 años de prisión en suspenso impuestas a Alejandro Arturo Bofill, Eduardo Andrés Tesoriere y Juan Andrés Vlastó, en orden al delito de defraudación contra la administración pública .
En el caso fue juzgada la defraudación que el Estado Nacional sufrió como consecuencia de la venta irregular del 90 % de las acciones de Talleres Navales Dársena Norte SACIyN –Tandanor S.A.- durante su privatización y que acarreó un perjuicio patrimonial a las arcas públicas por una suma superior a los U$S 53.000.000.
La maniobra tuvo lugar entre los años 1991 y 2001 e implicó la intervención de funcionarios públicos y particulares en acciones previas al proceso de adjudicación (inclusión de Tandanor S.A. como empresa a privatizar), direccionamiento de la licitación para finalmente lograr la apropiación de la Planta I de dicha empresa a fin de realizar un negocio inmobiliario con el terreno ubicado detrás del hotel de los inmigrantes.
Además, la Sala IV confirmó el decomiso del inmueble de 8,5 hectáreas que la empresa Tandanor poseía en Puerto Madero (“Planta I”), en lo que se considera el decomiso más importante de la historia judicial argentina. Y, por mayoría, y con la disidencia del juez Hornos, dispuso confirmar su inmediata restitución al Estado Argentino en general y no a la Empresa Tandanor.
En 2018, en una decisión histórica, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 –integrado por los jueces Gabriel Ángel Nardiello, Sergio Paduczak y Sabrina Namer- condenó a tres años de prisión en suspenso a un ex funcionario del gobierno de Carlos Menem y dos empresarios por el escándalo de la privatización del astillero Tandanor.
El tribunal condenó al ex interventor de Tandanor Eduardo Andrés Tesoriere y a los empresarios Alejandro Arturo Bofill y Andrés Juan Vlastó a tres años de prisión de ejecución condicional, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En tanto, fueron absueltos Gerardo Norberto Donato, Nachat Samman, Miguel María De Larminat y Omar Calculli, los tres primeros por prescripción del delito por el retraso del juicio.
El fiscal del juicio Diego Luciani -el mismo del caso Vialidad- había pedido penas de hasta 4 años de prisión para empresarios y ex funcionarios menemistas que participaron de una maniobra inmobiliaria y el decomiso de un terreno estratégico en Puerto Madero.
En el juicio oral y público por el escándalo del menemismo llamado caso Tandanor, Luciani había solicitado que el terreno vuelva a ser propiedad del estado. Además, reclamó al tribunal sacar testimonios para indagar, también al ex presidente Carlos Menem, en otro juicio, cosa que también se hizo. El principal funcionario acusado, el ex ministro de Defensa Erman Gonzalez, ya falleció.
Durante el gobierno de Menem, se vendió Tandanor -donde se reparó el submarino San Juan en el 2016- pero los dueños dividieron el astillero del terreno, que lo revendieron a desarrolladores inmobiliarios y donde proyectan hacer torres por un valor de entre 400 y 500 millones de dólares.
Tesoriere intervino como asesor en la privatización y luego ofició de representante estatal por el 10% de las acciones conservadas tras la venta al consorcio adjudicatario. El consorcio estaba integrado por las empresas Ciamar, Sud Marine Enterprises S.A. (luego Brisard Sudmarine) y el Banco Holandés Unido.
Los acusados llevaron a la quiebra el astillero y vendieron parte de las acciones de la empresa que se quedó con el terreno llamada Puerto Retiro. Luego “Pérez Compac vendió un paquete de varios inmuebles, incluyendo el terreno, a IRSA, que compró de buena fe en varios millones de dólares”.
El perjuicio causado al Estado fue estimado, por el fiscal,en más de 50 millones de dólares.
Según las pruebas reproducidas los imputados integraron el directorio de la empresa una vez privatizada y desde allí autorizaron la venta de uno de sus activos más valiosos, la Planta I, a favor de una firma que ellos mismos integraban.
En el llamado original, la empresa fue tasada en 168 millones de dólares: 8 millones pagaderos en efectivo y 160, en bonos de la deuda Externa Soberana, todo lo cual debía cancelarse indefectiblemente a la firma del contrato.
Tras un trámite licitatorio lleno de irregularidades, Tandanor le fue adjudicada a un consorcio de empresas encabezado por CIAMAR (transportista marítimo argentino), Banco Holandés Unido (actual AMR AMRO BANK) y SUD MARINE ENTERPRISES (astillero de origen francés).
Una vez adjudicada, el entonces Presidente Carlos Menem emitió un decreto por el cual cambió sustancialmente el precio y la forma de pago por Tandanor: el valor a abonar se estableció en U$D 59.760.000 millones de dólares (ya no en bonos, sino en efectivo), pagaderos de la siguiente manera: un adelanto por US$ 7.200.000 y el saldo restante (US$ 52.560.000) cómodamente financiado a nueve años de plazo con tres de gracia.
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