La justicia advierte que puede caerse una importante causa de corrupción que involucra a políticos y empresarios
La justicia advierte que puede caerse una importante causa de corrupción que involucra a políticos y empresarios
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quiere informarse sobre la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que anuló las confesiones tomadas en el marco del caso conocido como el Lava Jato que involucra a la constructora Odebrecht. La firma admitió el pago de sobornos en doce países para garantizar obras, uno de esos países fue Argentina. El magistrado investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación del Soterramiento del tren Sarmiento y si hubo un circuito de coimas en ese contexto. El magistrado enviará un oficio a la justicia brasileña para preguntar sobre el impacto que las medidas adoptadas allá puede tener en el expediente que tiene a cargo.
El 6 de septiembre, el Supremo Tribunal Federa brasileño aceptó una petición de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y anuló las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez Sergio Moro y los ex fiscales de la operación Lava Jato.
En Argentina, el juez Martínez De Giorgi había recibido información de la justicia de Brasil en el marco de los convenios de colaboración que firmó el Ministerio Público Fiscal para el intercambio de documentación, que incluyó las confesiones de los imputados y declaraciones realizadas en Brasil en el marco de la Ley de Delación Premiada, como se denomina la normativa para los arrepentidos en Brasil.
El fallo del juez Antonio Dias Toffoli indicó que las supuestas confesiones forman parte de artilugios ilegales de "tortura psicológica" que tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como "algo armado" la condena a prisión que proscribió a Lula de las elecciones de 2018.
Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco de Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que el juez Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura militar ejerció contra los presos políticos.
De esa forma, invalidó elementos de prueba contenidos en los "sistemas de sobornos" que fueron presentados por Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas.
El acuerdo entre el Ministerio Público Federal y Odebrecht fue firmado en diciembre de 2016 y ratificado, en el ámbito de Lava Jato, en mayo de 2017, por el entonces juez Moro. La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido.
Al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación y posteriormente la constructora cambió su nombre a Novonor por cuestiones de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores.
En ese marco el juez Martínez De Giorgi, que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra para la construcción del Soterramiento del Tren Sarmiento a la UTE que integraba Odebrecht y entre las empresas nacionales IECSA, en aquel entonces de Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), no descarta que la nueva resolución de la justicia brasileña impacte en el caso local.
Desde la investigación indicaron a Clarín que la principal consulta que se formulará a la justicia de Brasil, se refiere al estado actual del expediente. “La condición de los arrepentidos y la validez de las confesiones y el peso de las mismas”.
El planteo responde a los escritos que varios abogados defensores presentaron ante el criterio que adoptó la máxima autoridad de la justicia brasileña.
El pedido de las defensas
Las defensas de los imputados argentinos le pidieron al juez Martínez De Giorgi que tenga en cuenta la decisión adoptada respecto a las nulidades dictadas. Para los abogados, “la documentación no reviste carácter probatorio” y añadieron que los acuerdos de colaboración realizados con Estados Unidos y Suiza, “fueron anuladas, como todas las pruebas basadas en los sistemas “my web day” y “Drousys”, precisamente aquella que -irregularmente- se ha solicitado, además de ordenar la apertura de una investigación criminal contra los fiscales que encabezaron la investigación Lava Jato”, sostuvo uno de ellos.
En los próximos días, el juez Martínez De Giorgi -que aún aguarda la culminación de un peritaje para determinar si hubo sobreprecios o no en la obra investigada- firmará el exhorto para obtener respuestas por parte de la justicia brasileña.
El estado del expediente
Hay que recordar que en diciembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal porteña pidió que el juez resuelva el caso lo más rápido posible ante tres pedidos del fiscal Franco Picardi para que todos los acusados sean procesados por coimas.
El representante del Ministerio Público Fiscal reiteró que se avance en el procesamiento de todos los indagados en 2018 en el marco de este expediente. En su dictamen, sostuvo que "los sobornos habrían propendido al direccionamiento de la adjudicación de la obra pública de soterramiento y, en lo sucesivo, a acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas de distintos tramos de continuidad, en función del desarrollo de la obra, para beneficiar a los empresarios adjudicatarios".
Hay que recordar que en abril de 2019, Martínez de Giorgi había procesado a los ex integrantes del ministerio de Planificación Federal por "negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y dádivas", por presuntamente haber favorecido a las firmas ganadoras de la licitación.
Por el delito de dádivas también se había procesado a Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, y a Héctor Castro Sirerol, de Comsa, con embargos de cinco millones de pesos para cada uno.
Pero la Cámara Federal porteña anuló la resolución y le ordenó a Martínez de Giorgi volver a analizar la situación procesal de todos los acusados. Por ese motivo, el fiscal Picardi pide que se avance en el procesamiento de las personas investigadas.
La espera de una pericia
Frente a ese escenario, el juez Martínez De Giorgi pidió una nueva medida de prueba a comienzos de año: una pericia técnica que determine si en la obra del soterramiento hubo sobreprecios o no. La fiscalía se opuso a ese estudio pericial porque entendió que el objeto de investigación era otro, determinar el direccionamiento del pliego licitatorio para beneficiar a la UTE ganadora y si en ese entramado se pagaron sobornos.
El fiscal Picardi señaló que esas sospechas se corroboraron durante la pesquisa y que la pericia sólo retrasaba los plazos para resolver la situación procesal de los imputados. Pero el juzgado esperará el resultado del informe pericial.
Sabiendo que hay más de un expediente donde se investiga a la firma Odebrecht, en Comodoro Py temen "que haya un efecto dominó frente a una respuesta de Brasil, con impacto en los expedientes en curso en la justicia federal local”, indicó una importante fuente judicial a Clarín.
Sin embargo, las confesiones obtenidas en Brasil sobre coimas en Argentina no son ni la única ni la más importante prueba para demostrar que hubo delitos en el caso del soterramiento y otros dos que involucran a Odebrecht con obras en nuestro país.
17 años de una promesa incumplida
La causa se inició hace seis años, después de que los dueños del gigante brasileño admitieron, el marco de la operación Lava Jato, que hubo sobornos por 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015, para manipular diversos contratos de obra pública. Ese monto es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras.
En Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones sospechosas adjudicadas a Odebrecht: la más importante es justamente la que investiga corrupción en el soterramiento del tren Sarmiento, una obra presupuestada en 3.000 millones de dólares, y adjudicada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio de 2019 la firma brasileña se fue de la obra, al igual que IECSA.
El caso es inédito. Se lanzó por primera vez en 2006 -cuando Néstor Kirchner era presidente -y la puesta en funcionamiento de la obra se anunció una decena de veces. A 17 años, aún no se terminó.
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