los menores de edad, víctimas colaterales de un fenómeno alarmante

Era un sábado de verano y Agustina y su padre viajaban en automóvil luego de disfrutar de una tarde en familia. Pero todo cambió minutos después de que abandonaran la casa de los abuelos: en una intersección de Santiago el vehículo recibió al menos seis disparos que segaron la vida de la niña de 10 años.

El caso remeció a Chile en enero de 2024, más después de que las autoridades revelaron que el vehículo en el que viajaban había sido blanco de un sicario que equivocó su objetivo. Agustina se convirtió en uno de los primeros rostros públicos de una ola de inseguridad sin precedentes que se encamina a dejar este año un número récord de menores víctimas de las bandas criminales —ya sea reclutados o muertos en el fuego cruzado—.

“A la niña me la mataron injustamente porque el tipo era un sicario que estaba contratado por un tipo que estaba en la cárcel y querían matar a otra persona”, rememoró en una entrevista con The Associated Press Camila Godoy, madre de la pequeña. “Lo que buscamos es justicia, porque en realidad cuesta un mundo tener justicia en este país y más ahora con la delincuencia desatada”.

Hasta la mitad de noviembre un total de 48 niños habían muerto por armas de fuego, seis más de lo registrado en todo 2023. La mayoría de ellos —un 85%— víctimas de disparos aleatorios, según un informe elaborado por la Defensoría de la Niñez de Chile.

“Dichas cifras dan cuenta de una realidad muy preocupante, muy alarmante y que en definitiva demuestran que los indicadores en materia de violencia se han venido incrementando”, dijo a The Associated Press el defensor Anuar Quesille.

Considerado uno de los países más seguros y estables de América Latina, la nación de unos 20 millones de habitantes había conseguido mantenerse relativamente aislada de la violencia que golpeaba a sus vecinos.

Pero el panorama cambió drásticamente en los últimos cinco años cuando el estallido social, la pandemia y el flujo migratorio abrió paso al crimen organizado y las bandas delictivas —un fenómeno que hasta entonces Chile había conseguido esquivar—. Los grupos criminales desataron una sangrienta pelea por dominar territorios y controlar el rentable negocio del tráfico de drogas, armas y personas.

“Chile no estaba preparado en ninguna de las esferas en las que uno esperaría que el Estado esté preparado: no estaba preparado desde el punto de vista institucional, ni del legislativo y tampoco estaba preparado desde el punto de vista de las respuestas a este tipo de fenómeno”, afirmó a AP Ignacio Castillo Val, director de la unidad especializada en crimen organizado de la fiscalía chilena.

No obstante, agregó, Chile “fue capaz de reaccionar de manera muy rápida” y adoptó una serie de medidas que incluyeron, entre otras, la reciente creación del Ministerio de Seguridad —que estará operativo en 2025—, el endurecimiento de penas y la aprobación de una controvertida ley antiterrorismo que pone la mira en las grandes figuras del crimen organizado.

Dichas medidas buscan plantarle cara no sólo a la escalada de la violencia sino también a su creciente gravedad y brutalidad en un país donde los secuestros, las amenazas y los homicidios se han vuelto cada vez más habituales.

Chile se encamina a cerrar 2024 con cifras al alza no sólo en los crímenes contra niños y adolescentes sino también a nivel general. Hasta septiembre el país registró 2.664 homicidios, un 10,5% más que los 2.410 reportados en igual periodo del año pasado.

Aunque expertos y autoridades recalcaron que la mayoría de los delitos violentos están de alguna forma vinculados con el crimen organizado, coincidieron en que sus tentáculos dejan impactos en la ciudadanía y que los niños y adolescentes suelen ser el principal blanco de sus efectos colaterales.

“Generalmente se ven niños involucrados porque son los que muchas veces están en la calle, en la plaza, jugando con sus amigos y de repente están en el fuego cruzado”, afirmó Carlos Muñoz, de la agrupación “En busca de Justicia” que apoya a las familias de las víctimas de la delincuencia.

Dos días después del asesinato de Agustina un adolescente de 16 años se presentó ante la policía como el autor del crimen. Pero a medida que avanzaron las investigaciones se descartó su participación y la policía arrestó a un adulto por abrir fuego contra el automóvil. Según los investigadores el hombre, de nacionalidad colombiana y quien permanece en prisión preventiva, integraría una banda criminal.

Las razones por las cuales el adolescente se habría entregado son inciertas, pero las investigaciones indican que podría haber sido presionado para que asumiera el delito —un recurso habitual entre las bandas criminales debido a que los menores gozan de juicios abreviados, penas más ligeras y son inimputables si tienen menos de 14 años—.

“El último año se ha producido un alza en el número de adolescentes en conflicto con la ley”, puntualizó el defensor de la niñez. “Lo más preocupante tiene que ver con cómo este involucramiento se produce en el contexto de la crisis de seguridad y cómo existen grupos de adultos organizados que están utilizando adolescentes para cometer delitos”.

De acuerdo con datos oficiales, en 2023 los menores fueron el 6,1% de los imputados en la comisión de delitos. Hasta el pasado 30 de septiembre esa cifra había saltado al 7,09%.

A fin de identificar los mecanismos de actuación de las bandas Chile ha elaborado una radiografía del crimen organizado en la que, entre otros puntos, detectó una creciente y preocupante captación de niños y adolescentes para delinquir.

Ciertos delitos como los robos “desempeñan un rol preponderante en las trayectorias criminales de los infractores adolescentes” y actúan como una suerte de “mercado de iniciación, donde los jóvenes son introducidos a actividades delictivas más estructuradas”, indicó el documento.

“Los delincuentes de repente usan la calle como el Viejo Oeste… Ya no son dos o tres balazos, sino que son ráfagas de disparos”, se lamentó Muñoz. “Son escenas frecuentes, que ocurren muy a menudo y a plena luz del día”.

El aumento de los delitos violentos llevó también a un cambio de hábito en la sociedad chilena: los negocios cierran sus puertas más temprano y los ciudadanos evitan estar en la calle de noche.

“Con el COVID hubo claramente un cambio y cuando el país volvía a florecer, la delincuencia llegó con fuerza. No hubo más remedio que adaptarse a la nueva realidad”, relató Alonso Pérez, dueño de un popular restaurante del bohemio barrio Lastarria de Santiago. “La gente simplemente ya no se siente segura”.