Ordenaron un millonario embargo a uno de los mayores fabricantes de postres y yogures del país

CÓRDOBA.- Los conflictos laborales en la fabricante de yogures y postres Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima ARSA (con plantas en Córdoba y Buenos Aires) siguen. A pedido de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), la Justicia Federal ordenó un embargo contra la empresa por la deuda que mantiene con la obra social. El embargo es por $83 millones, aunque para el gremio lo adeudado es “más”.

En un texto, Atilra precisa que “el directorio” de Arsa “se niega a cancelar sus deudas y, a través de un ‘comunicado’ sin firma, considera que el juez actuó de manera ‘intempestiva, irresponsable e injustificada’, al ordenarles que paguen lo que deben. Precisaron también que, al pretender Atilra percibir lo adeudado por la empresa, el gremio desprotege a los trabajadores y pone en riesgo la fuente de trabajo”.

En diálogo con LA NACION, el apoderado del sindicato, Alberto Coronel, explicó que hace casi tres años que la empresa “no paga ni los aportes ni las retenciones a la seguridad social y tampoco lo relacionado a los aportes gremiales. No lo hace pese a que retiene a los trabajadores los aportes. No paga ni los aportes a la mutual que, a veces, son préstamos que se les otorgaron a los trabajadores. Tampoco paga la cuota sindical que les retiene. Pasa lo mismo con las jubilaciones”.

Detalla que, a fines de noviembre del 2023, firmaron un acuerdo por esa deuda pero, en diciembre, la empresa se presentó en concurso de acreedores. “No pagó ni una cuota. Tampoco abona lo concursal. El embargo ordenado ahora viene por la deuda de la obra social post concursal. Un dato es que sí paga a las prepagas de quienes las tienen, porque si no les cortan las prestaciones”, añade.

ARSA tiene 513 empleados, aunque según Atilra están trabajando unos 200. Desde el gremio subrayan que también hay irregularidades con el pago de los salarios. El texto difundido por Atilra sostiene: “Nos preocupa el accionar cuasi delictivo de los responsables de la empresa dado que, a la violación permanente a la Ley de Contrato de Trabajo, el Convenio Colectivo, y la evasión fiscal que implica el desvío de fondos correspondientes al sistema de la Seguridad Social, agrega ahora una nueva perlita, en el domicilio real que denuncian ante la Justicia, responden ocupantes que desconocen a la empresa mientras que el ‘directorio fantasma’ se dedica a panfletear sin dar la cara”.

A fines de mayo se hicieron públicos los problemas de Arsa. Gerenciada por la venezolana Maralac y con productos marca SanCor [Yogs, Shimy, Sublime, Vida, entre otros] que habían sido adquiridos por accionistas de la familia Vicentin, planteó al gremio una propuesta “para poder operar en el actual entorno de crisis producto de la situación de la compañía, que se encuentra atravesando un proceso concursal y de un contexto país signado por una marcada caída del poder adquisitivo” que provocó bajas de hasta 50% en las ventas.

En tanto, según pudo saber LA NACION, la empresa envió una comunicación interna a los empleados, que dice lo siguiente: “El gremio que los representa, Atilra, ha interpuesto un embargo sobre las cuentas a cobrar de los clientes de la compañía por un monto de 83 millones de pesos. Dicha medida, intempestiva e injustificada va en sentido contrario de los intereses de quienes, ‘estos representantes de los trabajadores’ dicen proteger”.

“Esta medida judicial pone en riesgo directo las posibilidades de la empresa de cumplir con los pagos de los salarios de los más de 200 trabajadores, que actualmente presentan funciones en la planta de la compañía. Dicha acción ocurre llamativamente luego de que la empresa anunciara una mejora en las condiciones de las remuneraciones semanales para estos colaboradores”, agregó.

La firma remarcó: “Si bien en el día de la fecha [por este lunes] se ha podido efectuar el pago semanal acordado, no podemos garantizar el cumplimiento de los pagos de las próximas semanas en este contexto, generado irresponsablemente por Atilra, que mientras dice ‘priorizar el trabajo de la gente’ toma decisiones que atentan directamente contra las fuentes laborales, poniendo en grave riesgo a los trabajadores, tanto aquellos en funciones como a quienes se buscaba reincorporar con la implementación de un plan de alternancia laboral acorde para garantizar el empleo y la recuperación productiva y comercial de la compañía”.

En este marco, allegados a la empresa señalaron que “el embargo perjudica a los trabajadores; es la plata que sirve para pagarle los salarios a los más de 200 trabajadores que por voluntad propia y contra la presión del gremio eligieron seguir en sus puestos de trabajo”.

Detallaron que desde que se planteó el conflicto de que la firma no podía sostener a toda la plantilla laboral ARSA viene presentando un plan de alternancia laboral o de suspensiones que el gremio rechaza.

Señalaron que el gremio le exige a la firma entrar en un plan preventivo de crisis que no está dispuesto a aprobar. “La realidad es que la mitad de los trabajadores, a contramano del gremio, siguen trabajando y han ido mejorando su paga, que al principio era de un 15% semanal, hoy ya un 20% semanal; prácticamente cobran el sueldo completo, por supuesto que los que no lo cobran se les acredita a cuenta”, dijo la fuente.

Expresó que la medida judicial “corta el respirador a la empresa”. Precisó: “Es la plata que entra con la que le pagan el sueldo a los empleados que hoy están trabajando”.